Contra todo pronóstico, el único esquema de integración que verdaderamente se ha propuesto adoptar medidas conjuntas para enfrentar los eventuales efectos que acarrearía la crisis económica internacional sobre sus países miembros, ha sido la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Y decimos contra todo pronóstico, porque en la inmensidad analítica regional nunca se ha menospreciado e ignorado tanto a un ensayo integracionista como a éste, simplemente porque rompió radicalmente con todos los formatos emanados de la teoría clásica que siempre fundamentó el pensamiento en esta materia, pero que nunca pudo orientar de manera adecuada los esfuerzos emprendidos en procura de la integración desde finales de la década de los años 50 y, menos aún, explicar los fracasos que se han verificado hasta el presente en la consecución de esos objetivos.

Sin embargo, el modesto esquema que surgiera de un acuerdo bilateral entre Cuba y Venezuela como respuesta al avasallamiento que, en su momento, representaba la conformación del ALCA, gradualmente ha venido sumando voluntades y comenzado proponer soluciones a problemas concretos que son comunes a sus países signatarios. En esa línea se inscribieron los resultados alcanzados la semana pasada durante la III Cumbre Extraordinaria de Presidentes y Jefes de Estado celebrada en Caracas, entre los cuales figuran aquellos relacionados con la coyuntura que atraviesa actualmente la economía mundial.

Además del apoyo brindado al Gobierno de Ecuador -que participara en calidad de observador en la Cumbre- en el tratamiento que le está concediendo a la deuda externa, destacan dos decisiones que, de ser llevadas a la práctica, se constituirían en un significativo aporte a la integración regional. La primera se refiere a la conformación de un fondo para atender eventuales desequilibrios de balanzas de pagos tema que justificara en 1978 la creación del Fondo Andino de Reservas hoy Latinoamericano (FLAR); mientras que la segunda está relacionada con los pagos del intercambio comercial, mediante la creación del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), cuya instrumentación podría concretarse en el futuro cercano.

La conformación del fondo requerirá de un plazo mayor, no solo para poder consensuar los textos que regirán su operatividad, sino por los compromisos que conllevaría el mismo en sí mismo, especialmente, por tratarse de una institución financiera que, entre otros aspectos, deberá abocarse a administrar, por lo menos, parte de las reservas internacionales de los países participantes. De igual manera, sería deseable que esta entidad cuente desde sus inicios con la participación de países cuyo peso económico le conceda una mayor fortaleza política y financiera, con lo cual se podría eludir el sendero que ha transitado el FLAR que a pesar del empeño de sus estados fundadores, entre otros, el haber dado el primer paso para establecer una unidad de cuenta al emitir el Peso Andino, no ha hecho aporte alguno a la estructuración de una arquitectura financiera propia de la región como parte de su integración.

Caso contrario al que enfrenta el fondo, es posible que ocurra con el SUCRE, tema sobre el cual prima entre los primeros mandatarios una inmensa voluntad política para ponerlo en práctica, aunque deben reconocerse los obstáculos que deberán salvarse para alcanzar la meta propuesta. De la Declaración emanada de la Cumbre se desprende que el Sistema tendría como propósito inmediato la generación de una unidad de cuenta como paso inicial para disponer de una moneda común. Concretar esos objetivos exige, entre otros elementos, contar con un profundo nivel de interrelaciones entre los países participantes; adicionalmente, deberá tenerse en cuenta la contradicción derivada del impedimento de Cuba de utilizar el dólar americano en su comercio exterior -en virtud del bloqueo impuesto por los Estados Unidos- y que Ecuador utiliza ese medio circulante como moneda corriente en su circuito económico.

Lógicamente que ambos obstáculos son técnicamente salvables, sobre todo, cuando se impone la aspiración política, pero los cambios reales requieren de un proceso para su consolidación. Una unidad de cuenta se estructura a partir una canasta de monedas como medio para establecer las correspondientes correlaciones a los efectos de la compensación de pagos generados al amparo del comercio realizado entre los países. Su conformación requiere, igualmente, de un mínimo de coordinación de políticas que ante los precarios niveles de las interrelaciones entre los países participantes, no pareciera vislumbrarse como factible en el corto plazo. Igual escenario enfrentaría la creación de una moneda única, lo cual exigiría compromisos más profundos en materia de convergencia de políticas económicas.

Ahora bien, mantener los propósitos del SUCRE nunca luciría descabellado si el tema es abordado por etapas. En el seno de la Cumbre, el proponente del Sistema, el Presidente ecuatoriano Rafael Correa, se refirió inicialmente al establecimiento de un esquema de pagos con base en el dólar americano, similar al Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR) vigente en la ALADI desde 1966, pero contemplando compensaciones anuales y no cuatrimestrales. Concebido así, Cuba no podría vincularse a un Sistema fundamentado en esa unidad monetaria.

Ante las dificultades que subyacen, cuya atención requeriría de un lapso mayor al propuesto por los Jefes de Estado para la instrumentación del SUCRE, surge la opción de establecer, en una primera fase, un sistema de pagos fundamentado en las monedas nacionales, cuya puesta en práctica agilizaría la aplicación de medidas conjuntas para enfrentar problemas comunes. Recientemente, Argentina y Brasil comenzaron a transitar esta vía como mecanismo alternativo de pagos al CCR en su comercio bilateral y el esquema de administración bien podría ser extrapolado al ordenamiento jurídico de los países del ALBA que conjuntamente con Ecuador actuarían en el marco del SUCRE. En este caso, es viable que el sistema se amplíe incorporando mecanismos de financiamiento al comercio, incluyendo el seguro de crédito a las exportaciones.

Dado que el comercio intra-ALBA, con excepción del petróleo y derivados incluyendo los petroquímicos, es realizado por pequeñas y medianas unidades productivas, este sistema de pagos se adecuaría cabalmente a los requerimientos del intercambio existente en la actualidad y el que podría esperarse para el futuro inmediato. Luego de establecida esta etapa inicial se encaminarían los pasos hacia la instauración de la unidad de cuenta, para lo cual sería conveniente contar con la participación de otros países latinoamericanos y caribeños que contribuyan a ampliar y fortalecer los niveles de interrelación existente hasta ahora.

Por último, es importante destacar que durante los primeros 50 años de ensayos integracionistas en la región, la experiencia indica que la voluntad política es condición necesaria pero no suficiente para avanzar hacia la profundización y consolidación de los esquemas estructurados, independientemente del juicio de valor que nos amerite cada uno de ellos. Por tanto, sería conveniente establecer bases sólidas en esta materia que es particularmente sensible para determinar la viabilidad futura del proceso de integración de la región. La historia nunca absolvió errores derivados de la impronta voluntarista y frente a la coyuntura actual incurrir en ellos sería imperdonable.

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