La presidenta de Fedecámaras, Albis Muñoz, fue concisa, enfática y repetitiva a la salida de su encuentro con la directiva del Poder Electoral el viernes: Apoyamos al CNE, si el CNE nos apoya a nosotros.
Como parten del supuesto de que la directiva del Poder Electoral sería capaz de dictar una decisión NO ajustada a derecho, es decir, que los rectores electorales podrían cometer fraude, ella y el resto de la Coordinadora, van a esperar a ver primero qué deciden para luego manifestar si respaldan o no a la institución.

Para la oposición, y parece que ahora también para Fedecámaras -que a los efectos, y según las encuestas, son la misma cosa- estar ajustado a derecho es un símil de estar ajustados a sus pretensiones.

Esta no es la primera vez que ocurre. De este pabilo el Tribunal Supremo de Justicia tiene un rollo: cuando emite una sentencia que es del gusto de los miembros de la Coordinadora Democrática a los magistrados se convierten en héroes intachables a los que resulta casi urgente cambiarles sus togas por capas.

¡No se le ocurra al TSJ disentir del criterio jurídico de la oposición!, porque inmediatamente los ponentes se convierten en mortales enemigos públicos, y por ende justos blancos de los desprestigiadores de oficio, bajo el único y científico criterio de que sus sentencias no satisfacen el razonamiento de quienes adversan a Chávez.

Ahora le toca el turno a los rectores electorales de padecer las poco serias y diarias "protestas" de Primero Justicia, que, tortugas en mano, reclaman celeridad y pregonan retrasos, aunque aún no ha concluido el lapso establecido por el CNE

El ecuación es simple: Si dicen que el referendo es un hecho, se ganarán cientos de centímetros de loas. Si lo ponen en duda, igual kilometraje de sombras empañarán sus reputaciones, y si de plano dijeran que no se reunieron los requisitos para convocar el revocatorio presidencial, pues que se olviden del respaldo y del respeto pues de seguro, y según lo han pregonado la oposición y su apéndice empresarial, se tratará de un fraude.

Este criterio parte de supuesto de que en este país nadie tendría por qué poner en duda la palabra empeñada de los líderes de la CD y a aunque cualquiera pensaría que es como mucha petulancia el aspirar a que ningún venezolano posea elementos para considerar que el fraude, si es que hubiere, pudiera tener otro autor, resulta triste que se condicione el respeto a las leyes a si éstas resultan convenientes a los intereses de una parcialidad