Carta abierta enviada al presidente colombiano por parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Organización Mundial Contra la Tortura:

CARTA ABIERTA AL Sr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA


Seńor Presidente,

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) le expresa su
extrema preocupación acerca del significativo incremento de las detenciones arbitrarias de defensores de derechos
humanos en Colombia.

El Observatorio se encuentra muy preocupado por las informaciones recibidas respecto al hecho de que, desde hace un ańo, se han realizado numerosas detenciones, muchas de ellas sin orden judicial,
luego de las cuales, según los informes, se ha llevado ante la
justicia a cerca de 2400 personas entre las que se encuentra un
número particularmente significativo de defensores de derechos
humanos (miembros de ONG y líderes sindicales, sociales y
campesinos). Estas detenciones, se inscriben dentro del marco de la
política de "Seguridad democrática" iniciada por el Dr. Uribe Vélez
al asumir el poder ejecutivo colombiano. La totalidad de las personas
detenidas, incluidos los defensores, han sido generalmente procesadas
por el "delito de rebelión y terrorismo', delitos contemplados en el
artículo 467 y 343 del Código Penal Colombiano, los cuales implican
además la puesta en prisión de estas personas.

La ilustración más reciente de esta nueva manera de reprimir a las
organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos son las
numerosas detenciones arbitrarias ocurridas en Arauca. Entre la
noche del 20 de agosto y la madrugada del 21 de agosto de 2003,
centenares de efectivos del ejército, miembros de la policía, del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Fiscalía,
acompañados por sujetos encapuchados, allanaron decenas de casas de
habitación en municipio de Saravena, (Arauca), procediendo a detener
a cerca de 42 personas, 28 de las cuales se encontraban todavía en
prisión hasta el 27 de agosto.

El Observatorio se encuentra particularmente preocupado debido al
hecho de que entre las personas detenidas, se encuentran al menos 16
activistas de derechos humanos, periodistas y líderes del movimiento
social. En particular, en esa ocasión fueron detenidos los Sres.
José Murillo Tobo, Presidente del Comité regional de derechos humanos
"Joel Sierra" de Arauca y Alonso Campiño Bedoya, dirigente de la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la seccional Arauca y
miembro del Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra", ambos
beneficiarios de medidas cautelares emitidas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. También fueron detenidos los
Sres. Willian Jiménez, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos
del Municipio (Sidem), Blanca Segura, Presidenta del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SINTRENAL) y Jairo Machado
Durán, Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio
Libertadores de Saravena.

Según las informaciones recibidas, existirían órdenes de captura
contra los Sres. Samuel Morales, Leonel Goyeneche y Alberto Páez,
dirigentes de la CUT en Saravena, Jorge Prieto, presidente de ANTHOC
seccional Saravena e Ismael Pabón, dirigente de las organizaciones
sociales de Arauca. El Observatorio recuerda que, recientemente, la
abogada Teresa de Jesús Cedeńo Galíndez, Presidenta de la seccional
Arauca del Comité Permanente por los Derechos Humanos, fue detenida
arbitrariamente en Bogotá (ver llamado COL 002 / 0803 / OBS 037).

El Observatorio recuerda con preocupación que entre las numerosas
personas detenidas durante los días 12 y el 13 de noviembre de 2002
en Saravena, 43 se encuentran todavía recluidas en las cárceles La
Modelo y El Buen Pastor de Bogotá, procesadas por el delito de
rebelión. Un gran número de estas personas pertenece a movimientos
sociales, como por ejemplo el Sr. Bernardo José Arguello Santo,
directivo de la Federación de Juristas y varios sindicalistas,
principalmente miembros de ANTHOC y de la Empresa comunitaria de
Acueducto y Alcantarillado (ECAAS) (ver llamado especial Colombia,
mes de noviembre de 2002).

El Observatorio se encuentra también preocupado por las detenciones
llevadas a cabo en el departamento de Sucre el pasado 17 de agosto,
cuando, en medio de operativos realizados por la Fiscalía, la Policía
y la Infantería de Marina fueron detenidas 156 personas, entre las
que se encuentran líderes y miembros de la Federación Sindical
Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). Del mismo modo, en el
departamento de Tolima, el pasado 24 de agosto, fueron detenidas en
los municipios de Coello, Cajamarca y Anaime 58 personas, entre las
que se encuentran sindicalistas y líderes sociales, en particular la
Sra. Amparo Arciniegas, Secretaria General de la seccional del
Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima (SINTRAGRITOL).
Además, el 12 de agosto, fue detenido en Bogotá el Sr. Hermes
Vallejo Jiménez, miembro de la Asociación de pequeńos y medianos
agricultores del Tolima (ASOPEMA).

El Observatorio, particularmente preocupado acerca de la situación de
los defensores de derechos humanos en Colombia desde hace muchos
ańos, manifiesta su profunda preocupación por esta serie de numerosas
detenciones, las cuales parecen formar parte de una nueva estrategia
de criminalización del movimiento social. El Observatorio considera
que, sobre la base de esta asimilación falaz entre defensores y
guerrilleros o subversivos, estas detenciones son arbitrarias porque
tienen como objeto sancionar la lícita actividad que desarrollan
estos defensores a favor de los derechos humanos.

El Observatorio recuerda finalmente que paralelamente a esta nueva
tendencia de arrestos arbitrarios, las amenazas y actos de
hostigamiento contra defensores de derechos humanos continúan
produciéndose de forma cotidiana, así como otras graves violaciones
de los derechos humanos contra los mismos como son los asesinatos y
las desapariciones forzadas. Entre los meses de enero y agosto de
2003, 50 sindicalistas han sido asesinados. Se destaca entre estos
hechos el reciente asesinato del Sr. Reinaldo Perdomo, defensor de
derechos humanos del Ariari y líder comunitario de la región,
ocurrido el 12 de agosto. Se destaca igualmente el atentado ocurrido
el pasado 22 de agosto contra el Sr. Juan Carlos Galvis,
vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
de Alimentos (SINALTRAINAL) y presidente de la CUT. Asimismo, se
continúan registrando un gran número de allanamientos contra sedes
sociales, como los ocurridos recientemente contra ANTHOC, la Empresa
comunitaria de Acueducto y Alcantarillado (ECCAS) y el Consejo
regional indígena en el departamento del Arauca.



Sidiki KABA
Presidente de la FIDH

Eric SOTTAS
Director de la OMCT