Doctrina de la Red de redes de organizaciones sociales y comunitarias: Conexión Social

Ahora es cuando viene lo bueno

(Doctrina de la Red de redes de organizaciones sociales y comunitarias, Conexión Social. Refleja lo decidido en asamblea de promotores nacionales del poder popular organizado en La Cumboteña, Puerto Cabello, el 17 de enero de 2004)

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Llegó la hora de la revolución en los hechos. Los pasos positivos dados hasta ahora para dar un viraje a la situación socio-política y económica de Venezuela, principalmente la aprobación de la nueva Constitución Bolivariana, por un lado, y la gestión del gobierno en pro de la justicia y la equidad, por otro, no estarían completos si no se da el paso fundamental de otorgarle al pueblo la facultad de participar en las labores de gobierno directo. Aunque el gobierno del pueblo está garantizado en la Constitución, esa forma distintiva y revolucionaria de la democracia directa no se ha impulsado, en general, como se ha debido, ni por los factores de liderazgo político del proceso bolivariano, ni por los factores de oposición al presente proceso político, ni por el gobierno nacional, ni por el regional, ni por el local. De hecho, las alcaldías han incluso obstaculizado hasta ahora, en general, con honrosas excepciones, la participación de la gente en este nivel fundamental de gobierno. La principal razón de esta falta de apoyo, en la práctica, a la democracia directa, radica en que la idea básica de la necesidad de la participación, tanto para garantizar los derechos políticos del pueblo, como para permitir que mecanismos idóneos de planificación y gestión participativa, y de control social funcionen para mejorar sustancialmente la calidad de las administraciones públicas en sus distintos niveles, no ha calado en las mentes de muchos funcionarios y líderes políticos que se dicen revolucionarios. Demás está mencionar la falta de apoyo a la democracia directa de los líderes del pasado, acostumbrados a usufructuarse del poder usurpado al pueblo. Afortunadamente la llama sigue candente en las mentes de otros funcionarios y líderes, realmente revolucionarios, entre ellos el Presidente de la República.

Aunque intentos para coordinar nacionalmente, con el apoyo del gobierno, la instauración de los poderes populares participativos a nivel local, como la Comisión Presidencial de Promoción de los Consejos Locales de Planificación pública han fallado, por diversas razones, el pueblo mismo ha decidido asumir el liderazgo de este proceso histórico, definitorio de la verdadera democracia participativa y protagónica. En este sentido, diversas iniciativas desde distintas localidades, distintos organismos, distintas organizaciones populares, y distintas personalidades, han decidido relacionarse en una red de comunidades y organizaciones populares conectadas, o "Red de Conexión Social", un movimiento de movimientos populares coordinados, orientados por un solo fin, y una sola estrategia, para impulsar la consigna de "Todo el Poder para el Pueblo Organizado", mediante el impulso de la conformación de los Consejos Comunales, Parroquiales y Locales de Planificación Pública contemplados en la Constitución. Estos consejos, constituidos en asambleas populares apropiadas, permiten a los ciudadanos, de una manera amplia y unitaria, motivados por sus necesidades reales individuales y colectivas, y con las limitaciones y potencialidades de sus recursos financieros legales que vienen del gobierno central, por un lado, y de sus recursos ambientales, de sus recursos humanos y sus habilidades, de su espíritu solidario y de sus liderazgos naturales y legítimos, plasmar planes y proyectos, gestionar, y controlar esos recursos, de manera protagónica, para asumir su propio destino, para forjar su propia historia.

El tiempo de la usurpación del poder popular, mediante el uso, entre otras cosas, de herramientas de manipulación mediática, ha llegado a su punto final, según lo ha decidido un pueblo que ha despertado de su letargo, de su hipnosis y de su maligno hechizo, estados mentales de alienación inducidos por los usurpadores de la democracia verdadera. Los procesos que el pueblo ha vivido en estos cinco últimos años, necesarios, de votación, de marchas, conferencias, foros, debates, propuestas y firmas, para expresar, entre otras cosas, sus preferencias políticas, deben ahora, en este momento crucial, dar paso a las formas cualitativamente superiores de participación. El pueblo que decidió derrotar al golpe de Estado del 11 de abril de 2002, y de reinstalar su gobierno representativo legítimo, está ansioso por profundizar el proceso de revolución político-social, y está decidiendo asumir, de manera autónoma, pero con la ayuda de los distintos factores gubernamentales y políticos realmente revolucionarios y con disposición de tiempo, de atribuciones apropiadas para hacerlo, y otros recursos disponibles, el liderazgo para la conformación de su propio gobierno.

Pero no sólo el pueblo que se levantó el 13 de abril contra la dictadura está embarcada en este proceso. De manera interesante se está incorporando a esto dos tipos de sectores sociales fundamentales. Por un lado, están los sectores, principalmente de clase media, que se sienten y se saben ahora engañados por la dirigencia del pasado y sus medios de comunicación no sólo en el pasado, sino especialmente desde que el actual gobierno asumió el poder, y particularmente, tanto en los sucesos del 11 de abril, como durante el paro económico y petrolero de diciembre de 2002. Esta gente está saliendo de su engaño, pero está consciente de las grandes fallas del presente proceso político, y comienza a tener conciencia de su capacidad de participación en el nuevo entorno constitucional y político, además de que está consciente de la ausencia de líderes con ideas, actitudes y estatura moral apropiados para encausar sus ansias de participación. Por otro lado, están muchos individuos y grupos, aunque habían cifrado grandes esperanzas en las promesas hechas por el Presidente, se han desencantado del proceso político de cambios al ver tanta corrupción, tanta incapacidad, tantas prácticas reñidas con sus expectativas iniciales de una Venezuela mejor. Se han sentido engañados o defraudados, y han estado desconfiando de las posibilidades futuras del intento de cambio emprendido. Muchos de estos individuos y grupos que han sido testigos o vivido en carne propia lo pernicioso del desvío de recursos para fines personales, o la repartición de cargos entre amigos y familiares, sobre todo a los niveles locales y regionales, de las alcaldías y las gobernaciones, sin tener en cuenta los objetivos superiores del bienestar colectivo. Los tres sectores antes mencionados están viendo la posibilidad real, tanto de profundizar el proceso de cambios, o de insertarse desinteresadamente en él con una nueva óptica, buscando nuevos caminos más provechosos en un nuevo despertar, así como retomar el rumbo planteado originalmente para limpiarlo de sus múltiples desviaciones. Y esa posibilidad real radica en su participación real en las labores de gobernar sus destinos, proponer los cambios legales necesarios, sancionar a quienes han traicionado las ideas de transformación y a los que han continuado con sus hábitos corruptos del pasado.

Estos sectores se han puesto de acuerdo para actuar, para asumir su rol protagónico, y se han armado de la Constitución, de nuevas ideas y de doctrinas apropiadas que ponen un ingrediente adicional a esa Constitución. No se trata sólo de que el pueblo debe asumir sus nuevos derechos de participación. No se trata, en este sentido, sólo de que el poder debe ser quitado a unos, y otorgado a otros. No se trata de que estos otros quieren disfrutar, más democráticamente, es cierto, del usufructo de ese poder de la manera que hacían antes quienes lo habían usurpado, o de la manera que hacen ahora los nuevos corruptos que usan los recursos del pueblo para su provecho personal. Se trata, en cambio, de que es precisamente esa distribución del poder político, con sus consecuencias para el control de esos recursos, la transparencia de su manejo, y su asignación a destinos apropiados para el servicio de la población, la que va a garantizar que esos recursos puedan ser usados como insumos para producir cualitativamente mejores niveles de servicios de las distintas instancias de las administraciones públicas, y mejores resultados de la gestión de todos los otros poderes del Estado, entre ellos el Judicial y el Legislativo. No se trata, pues, de que los insumos van a ser repartidos más democráticamente para ser consumidos, eliminados, enterrados o puestos bajo el colchón. Se trata de que esos insumos, esos recursos, que ahora incluirán el valiosísimo recurso de la solidaridad, espantada hasta ahora en su mayor parte por el estado de cosas que aún semejan demasiado la podredumbre del pasado, van a ser invertidos, van a ser usados en un proceso de transformación creativa para satisfacer, con mucho más cuantía y calidad, las necesidades de bienestar individual y colectivo.

En efecto, hay razones conocidas en la más moderna literatura de las ciencias económicas y sociales, que justifican la coincidencia de la aplicación cabal de los derechos políticos de la población, por un lado, con la obtención de la máxima eficiencia económica y social, por otro. Sólo diremos aquí, sin ahondar mucho en ellas, que esas razones tienen que ver con la correcta definición de prioridades sociales basadas en las preferencias reales de la población (y no inducidas o manipuladas mediáticamente, ni usurpadas por grupos de interés, ni traicionadas por promesas de representantes electorales oportunistas); con la garantía de la eliminación del problema del "agente-principal" entre el representado y el representante en la gestión pública; con la capacidad superior y a menor costo de fiscalización de la ejecución de lo programado por parte de la población, y la drástica disminución de la corrupción como consecuencia de ello; con la disminución de la inseguridad y la eliminación de la "trampa de la pobreza" mediante el crecimiento de largo plazo debido a la eliminación de las grandes desigualdades de oportunidades; y, finalmente, con el cabal aprovechamiento en la minimización de ineficiencias económicas, del recurso de la solidaridad humana en aspectos en los cuales falla tanto el mercado como el Estado tradicional. La solidaridad humana en las comunidades es crucial, por ejemplo, en la provisión de bienes públicos (como ejemplo está el movimiento de Software Libre y la generación del la "comunidad del conocimiento"); para llenar los vacíos de la falta de mercados financieros completos (como en el caso de las transferencias desde los que tienen a los que no tienen, debido a circunstancias que benefician a unos y perjudican a otros, entre los miembros de la familia, entre grupos de amigos y entre vecinos en comunidades pobres, y en el caso de la formación de mutuales comunitarias contra el riesgo); para suplir la falta inicial de información asimétrica (como en el caso de las cooperativas, que resuelven problemas de transmisión de información tanto entre dueños y gerentes, como entre gerentes y empleados, así como problemas típicos de mala distribución del ingresos entre los beneficiarios de una actividad económica común, y en el caso de los funcionarios con principios éticos apropiados, inspirados en la entrega a sus semejantes, que les impiden caer en actos de corrupción, a pesar de oportunidades para realizarlos); para suplir problemas de falta de definición de derechos de propiedad (como en el caso de la cogestión exitosa en empresas públicas solidarias que pasan a ser co-propiedad, de hecho, de los trabajadores; el éxito de estas empresas públicas pasa a ser el éxito de sus trabajadores, quienes de esa forma pasan a tener intereses alineados con los intereses de los dueños originarios de esas empresas, a la vez que los usuarios de sus productos y servicios, con lo cual se garantiza la solución de problemas de falta inicial de éxito de este tipo de actividad económica debido a problemas iniciales de falta de definición, en la práctica, de los derechos de propiedad); etc.

Ahora, cuando las comunidades asumen la utilización insumos de los recursos naturales, financieros, humanos y solidarios para aumentar la eficiencia en las administraciones públicas, también asumen, de manera natural, su utilización específica para impulsar la economía social. Esta forma de institución organizacional para la producción y la distribución de bienes y servicios mejora el bienestar de esas comunidades porque implica la organización solidaria entre productores y entre consumidores. Además tiende a relacionar directamente, entre muchas otras cosas, a los productores con los consumidores, que forman así una mancomunidad solidaria que aprovecha las ganancias de eficiencia que provienen de la eliminación de las grandes roscas de comercialización que han impedido hasta ahora la plena explosión de las fuerzas productivas existentes, aún con la tecnología que hasta ahora ha estado disponible.

Cabe mencionar de manera especial un fenómeno de la economía social que muestra las inmensas posibilidades de la producción y distribución solidaria de bienes y servicios, en este caso bienes públicos, como la tecnología de la información. La tecnología producida y distribuida solidariamente, como es el caso de lo que ocurre con el movimiento de Software Libre, ha sobrepasado con creces la calidad, a bajísimo costo, en áreas fundamentales como en las de sistemas operativos y herramientas de Internet, de los productos de software propietario. Y su utilización para conectar solidariamente a productores y consumidores, en intercambio de bienes y servicios reales a través de redes informáticas rápidas, seguras, baratas, y fáciles de usar, potencia la mencionada economía social. Esas fuerzas productivas, pues, organizadas socialmente, potenciadas por la más moderna tecnología en el mundo, disponible y barata, asumida por la propia comunidad, e interrelacionadas apropiadamente por una red de información complementaria a la de gestión del gobierno popular participativo, lanzarán hacia nuevos niveles, nunca antes vistos, a la economía, tanto de nuestro país como de los países conectados en redes solidarias que relacionan directamente a los pueblos internacionalmente, para alcanzar nuevos niveles, nunca antes imaginados, de satisfacción individual y colectiva, como lo querían nuestros padres libertadores y nuestros padres redentores. Es el espíritu redentor el que guía los nuevos pasos del pueblo organizado, el que ha cundido en sus corazones, sus mentes y sus cuerpos para transformarse en ellos, y actuar por su medio, de manera que la comunión del pueblo lleve al nuevo reino prometido, al reino de la verdad, de la justicia, del amor.

Es por todo esto que la necesidad del impulso de la participación directa de la población en su propio gobierno se hace ya impostergable, tanto por razones que tienen que ver con llevar a cabo la verdadera revolución política, significada por el cambio cualitativo del concepto y la práctica de la democracia directa, como por razones de la necesidad de impulsar la eficiencia administrativa del Estado. Se recalca que la mejora en la eficiencia administrativa del Estado a través de la participación elimina de cuajo, o minimiza óptimamente la corrupción, monstruo tentador de siete cabezas, que si no se neutraliza y se erradica a tiempo y de manera apropiada, puede enmarañar y hasta engullir al actual gobierno con sus múltiples, complejos y peligrosos tentáculos, por muy buenas intenciones que tengan sus líderes. El gobierno del pueblo traerá, además de la correcta utilización y la potenciación de los recursos existentes, con el uso del valioso recurso, normalmente no suficientemente considerado, de la solidaridad, el mayor bienestar económico y social posibles.

Pero por si fuera poco, el gobierno del pueblo es el único garante de la unidad política de todo el pueblo venezolano, a la vez que el secreto de la eliminación del fraccionamiento que puede conducir al cisma o a la misma guerra civil. La violencia política, de hecho, que parece ser el último medio, el último reducto que los sectores más retrógrados y genocidas de la oposición para intentar una reversión de la revolución política que apenas comienza y no se ha consolidado completamente, como venimos diciendo, por la falta de la instauración en los hechos del gobierno directo del pueblo planteado en la nueva Constitución Bolivariana. En el pasado, las pugnas entre candidatos y sus grupos, más que representar pugnas ideológicas, de propuestas, significaban más de las veces disputas para usurpar el poder, y con ello los recursos, de la población. Se vendían, o se pagaban, a los grupos económicos poderosos, las decisiones más cruciales, y a veces las disputas daban lugar a acuerdos, mal llamados "de coexistencia pacífica y democrática", entre contrincantes por la usurpación, como en el caso del pacto de Punto Fijo, que en la práctica significaban pactos para repartirse los cargos y los recursos de la población. La verdadera división está basada, por supuesto, en las diferencias en la distribución de la propiedad y de las oportunidades, y entre la ideología que pretende justificar y perpetuar la injusticia, y la que pugna por la redención de un pueblo tradicionalmente oprimido que no quiere dádivas sino derechos, trabajo y oportunidades. Y la división ficticia ha sido en el pasado entre distintos vendedores a un sólo comprador, el de la ideología de la perpetuación de la injusticia social, con sus complejidades, está claro. En el presente esta realidad de pugnas entre distintos esbirros del poder maligno de la usurpación político-económica persiste en distintas instancias, en distintas regiones y localidades, incluso entre personas que se hacen llamar "revolucionarios".

De hecho, en el caso de los que falsamente se colocan sólo nominalmente del lado de la revolución, de la redención para todos, esos nuevos engañadores y grupos de engañadores están pendientes, en los procesos electorales, de aspirar a cargos sin ser líderes genuinos de la gente, tratando de ser designados "a dedo" por el Presidente de la república y su equipo electoral. En el caso de la oposición, se recurre de nuevo a la práctica del carnaval electoral, usando ingentes cantidades de dinero para fabricar candidatos de representación. Ya se ven de nuevo, de lado y lado, los tristes episodios de que distintos grupos en disputa llegan a acuerdos para repartirse cargos, como en el pasado, sin consultar a la base. No es casualidad que, en el caso de personas electas con el apoyo del Presidente, cuando mucha de esa gente ha asumido cargos públicos, traiciona los objetivos del proceso político programado en la Constitución Bolivariana. Sean representantes directos de la ideología de la injusticia o no, pasan a representarla incluso si pretenden inicialmente sólo usufructuar el poder usurpado para sí mismos. En efecto, el establisment de la ideología de la injusticia tarde o temprano los absorbe para sus fines, porque juegan el mismo juego frente al pueblo desposeído.

Frente a esto, la única garantía de la unidad verdadera para el impulso de la justicia, de los derechos del pueblo, de la dignidad y del bienestar ganado con el trabajo, es la participación de la gente, en asambleas de ciudadanos, decidiendo sus prioridades y designando a su propia gente, conocida de ellos por contacto directo, para que ocupe los cargos de representación. Y la gente no va a renunciar a esto, pues su grado de conciencia política ha madurado a tales niveles, que está irrumpiendo con mucha fuerza y malestar ante posibles estilos del pasado dentro de las propias filas del liderazgo político que ha impulsado el cambio. El fantasma de la manipulación mediática no asusta ya al pueblo llano, y la dirigencia política no debería tampoco temer a ese fantasma, aún si en su embellecimiento para la seducción se usan ingentes cantidades de dinero, provenientes muchas veces de los aliados internacionales de la injusticia, que saben que están en peligro por un posible efecto dominó que puede desatarse desde aquí, que puede poner en peligro su dominación ilegítima en otros lugares del planeta. La dirigencia no debe aceptar la tentación de jugar en el terreno del enemigo verdadero, el del carnaval electoral. Debe usar la verdad, las ideas, los hechos reales, las intenciones sinceras, que el pueblo fácilmente identifica, pero sobre todo, debe usar, o mejor dicho, debe ser instrumento de, la insurgencia de las verdades desde el seno del pueblo. La dirigencia debe impulsar a que las fuerzas ideológicas revolucionarias, con toda su fuerza volcánica que pugna por salir de lo más recóndito de su ser, como sucedió el 13 de abril, impulsada por el fuego del amor, de la verdad verdadera, surjan del pueblo mismo. En esta coyuntura histórica, o creemos en el pueblo, o erramos. Si queremos sustituirlo, paternalistamente, para "defenderlo" de los enemigos, estaremos cayendo en los errores del pasado. A los dirigentes toca "no ser", para que el pueblo sea.

De manera natural, pues, dentro de este proceso que ha emprendido el propio pueblo para asumir su propio gobierno, impulsado por sus derechos constitucionales, se está también decidiendo, según se ha expresado persistente y profusamente en las distintas asambleas populares, que el pueblo organizado quiere aprovechar la coyuntura política para evaluar la gestión de todos cargos de representación en los poderes locales y regionales, independientemente de la identificación partidista de los respectivos gobernantes, para incidir en el proceso eleccionario que se avecina, participando también en la postulación sus propios líderes legítimos a los cargos representativos locales y regionales que serán sometidos a escrutinio. La gente quiere asegurarse que los nuevos alcaldes y gobernadores sean personas auténticamente compenetrados con la idea de las bondades de la participación ciudadana directa en las distintas instancias de gobierno, y que estén comprometidos en transformar completamente las actuales estructuras institucionales del Estado para permitir la participación, y garantizar los derechos constitucionales de la gente, erradicando de raíz, como se ha dicho, el cáncer de la corrupción. Según se ha expresado claramente en el primer encuentro de promotores nacionales del poder popular, y en los distintos foros y asambleas en las cuales hemos participado para promover la participación directa, la gente no aceptará las designaciones "a dedo" de candidatos a alcaldes, concejales y juntas parroquiales. Tampoco aceptará la reafirmación, "desde arriba", en los cargos mencionados, a los funcionarios que no hayan cumplido a cabalidad su función de servicio público, en particular de garantizar la participación de la ciudadanía en las decisiones, gestión y control del gobierno.

Como parte del clamor popular para el proceso eleccionario que se avecina, el pueblo castigará contundentemente las prácticas de corrupción en todas sus formas, que incluyen desvío de recursos para propósitos personales o familiares o de grupos, el robo, el nepotismo, el amiguismo, el tribalismo, el clientelismo político, el sectarismo, la ineptitud, el incumplimiento del trabajo, el tráfico de influencias, entre otras prácticas nefastas. Este castigo sin ser perfeccionistas, se hará presente a propósito de todos los funcionarios electos a nivel nacional, sean de la oposición, o sean pro-gobierno. Pero será especialmente duro en contra de los que, haciéndose pasar por revolucionarios, han traicionado los ideales de la revolución verdadera con sus prácticas nefastas que reflejan el pasado, y que manchan la pureza de la propuesta revolucionaria que pretende construir una Venezuela y un mundo nuevos, signados por la participación, la honestidad, la entrega a los demás, la transparencia, la solidaridad, la sensibilidad humana, la sensibilidad por el entorno ambiental, el respeto por la diversidad de ideas, de razas, de género y de edad, y por la riqueza de la vida espiritual. En el caso de cumplimiento de sus tareas, antes situaciones adversas, con limitaciones importantes del entorno político y de las condiciones institucionales burocráticas y paralizantes, el pueblo será sabio para identificar a quienes hicieron todo el esfuerzo posible para impulsar las transformación, aún cuando los resultados de su gestión no haya sido perfectos. La sabiduría popular ha llegado a tales niveles, que no se ha dejado llevar por los argumentos de la oposición maliciosa, que al identificar una falla, realmente existente, la magnifican al punto de ocultar todas las obras buenas de quien gestiona determinado nivel de gobierno o de poder público en general. Así como ha sabido juzgar las actitudes, los esfuerzos, en un entorno de limitaciones y de obstaculizaciones frente a los enemigos verdaderos y sus mercenarios o capataces ideológicos y políticos, el pueblo sabrá juzgar sabiamente, y en ocasiones podrá equivocarse, también, en un proceso de aprendizaje individual y social necesario, a quienes les ha tocado desempeñar cargos de representación local en este proceso que ha comenzado. Y el temor de que el pueblo puede equivocarse en determinados casos, no podrá ser un argumento para juzgar por él o escoger por él. Las equivocaciones serán mucho menores que las de personas aisladas, con ánimos paternalistas o de adivino, por las mismas razones que el pueblo debe gobernar directamente: porque conoce mejor quién es quién, y quién ha hecho qué, aunque ciertamente puede ser engañado en ocasiones.

En parte por eso, por los posibles errores no basta, como bien el pueblo sabe, que los líderes representativos a ser elegidos en el proceso que se avecina surjan de su seno, y que sean personas percibidas como capaces y se crea que mantengan principios teóricos y éticos incuestionables. Es fundamental generar mecanismos de control colectivo, y de gobierno popular, en general, para mantener en curso apropiado a los representantes democráticos en los distintos niveles de gobierno, o poder revocarlos o someterlos a juicio, con evidencias apropiadas. Y es por eso que es prioritario el proceso de empoderamiento del pueblo mediante su participación organizada en las decisiones locales en esta etapa. El empoderamiento del pueblo para tomar decisiones es mucho más importante que el proceso electoral de las localidades. Pero los dos procesos no están reñidos entre sí, sino que se complementan cabalmente. De hecho, estamos en la coyuntura histórica más apropiada que permite trabajar paralela, simultáneamente, en ambos sentidos de la democracia: primero que todo, en la democracia participativa, mediante la constitución de los gobiernos populares, a través de los Consejos Comunales, Parroquiales y Locales de Planificación Pública. Por otro lado, trabajar para la designación, desde abajo, de los candidatos a la representación popular en cargos de gobierno ejecutivo local y regional. Además de eso, se trabajará paralelamente para profundizar en las leyes existentes y previstas, el espíritu constitucional de la participación ciudadana. Por supuesto que todo esto implica un reto, con sus riesgos. Pero si por temor volvemos a las prácticas del pasado de enfrentar al enemigo en su propio terreno, cometeremos un error histórico. En todo caso, el pueblo no lo cometerá aunque algunos de sus dirigentes lo hagan. Hay grandes peligros, pero también grandes y únicas oportunidades, y el pueblo las aprovechará cabalmente, en sintonía con los líderes verdaderos de este proceso, que saben olfatear las necesidades populares y las coyunturas históricas, a pesar de errores menores y desavenencias temporales que puedan ocurrir en el camino.

Etapas posteriores implicarán el impulso de la participación popular, desde abajo, para formular, gestionar y controlar políticas públicas a niveles más generales, tanto regionales como nacionales, para culminar el proceso de institucionalización del control popular de la gestión gubernamental representativa, a todos los niveles. Y eso implicará usar lo que se tiene en materia legal, pero incidir decididamente para garantizar que la Ley Orgánica de Planificación, la Ley del Consejo Federal de Gobierno, la Ley de Compensación Interterritorial, la Ley de Descentralización Fiscal, la Ley de Participación Ciudadana, la nueva Ley de Régimen Municipal, y la misma Ley de los Consejos Locales de Planificación pública, entre otras, posibiliten cabalmente la planificación participativa, y la gestión y el control social, desde abajo, con mecanismos adecuados de agregación, coherencia y coordinación interlocal, regional y nacional.

Para finalizar esta parte doctrinaria que resume lo dicho en el Encuentro Nacional para la conformación de los promotores del Poder Popular Organizado, recalcamos que llegó la hora de la unión, no sólo de lo político, lo económico y social, sino también entre las promesas y las realizaciones, y entre la teoría y la práctica. En este proceso debe haber, para completarse, una coincidencia, una unión, entre el deber-ser político y de justicia social, prometido, por un lado, con las ventajas económicas y sociales de la democracia participativa llevada a la práctica, realizado, por otro. Se trata de la coincidencia entre el deber-ser y el ser: mientras que en la Constitución está plasmado el deber-ser, en la acción, a realizarse este año con especial fuerza, está el ser. A partir del esfuerzo que vamos a hacer este año, todo el pueblo venezolano, con el apoyo solidario de las fuerzas progresistas de Nuestra América y el mundo, de organización para asumir el gobierno popular directo y de designación de los mejores candidatos posibles a los cargos de representación popular a nivel local y regional, el futuro garantizará la cosecha de esa unión amorosa entre los aspectos colectivos del deber y el ser, el bienestar. Y el bienestar no es otra cosa que el estar, pero en su sentido más profundo, el saber-estar, el saber-conducirse. De manera que la unión del
deber-ser y el ser producirá el estar, el estar completo. Recordando que el deber ser implica, si se pone en práctica, el saber-actuar y el bien-actuar, o comportarse, tenemos que el bien-comportarse del colectivo, en la práctica, guiado por la justicia y el amor, conducirá en un futuro cercano, en un proceso contagioso aunque complejo, y lleno de contradicciones en el camino, al bienestar social supremo, tanto a nuestro país como al mundo entero. El aletear del espíritu se siente, y nos hará volar hacia la tierra y hacia el cielo prometido, que son uno.

Y para dejar una consigna apropiada para lo que viene, diremos que hay dos tipos de personas en Venezuela y el mundo en su concepción del pasado inmediato: los que piensan que la cosa no ha ido bien, y los que piensan que se ha avanzado mucho. A los primeros, les decimos que no se preocupen, que con la garantía del control directo por parte de los ciudadanos de las decisiones y acciones del gobierno, las cosas a partir de ahora van a mejorar, sustancialmente. Y a los segundos, por su parte, les decimos que, aunque ha habido avances importantes en el pasado reciente, eso no es nada comparado con lo que viene ahora. Es en este sentido, en realidad, que se usa, como expresión de la sabiduría popular, la consigna final de este documento doctrinario. Y con ella finalizamos este documento teórico, pues con ella comenzamos este proceso de acción y de trabajo inspirado, sabiendo que comporta riesgos importantes, que significarán un salto cualitativo en el proceso general, aquí y más allá, de cambios positivos en lo político, lo económico, lo social y lo espiritual, con el optimismo que refleja y el entusiasmo para la acción que la consigna en cuestión motiva:

Ciudadanos todos de Venezuela, Nuestra América y el mundo:
¡Ahora es cuando viene lo bueno!

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