El 12.04.02 el Gobernador del Estado Mérida fue golpeado (incluso con una botella), escupido, insultado. Junto con sus colaboradores más inmediatos fue sacado de la Casa de Gobierno y detenido en el regimiento. Aún está esperando justicia.
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EDITORIAL


Contra la barbarie política



La historia de Venezuela y del mundo señalará a los responsables de los hechos oprobiosos del 11 y 12 de abril de 2002 como a quienes, cegados por sus egoístas ambiciones personales, se manifestaron como auténticos enemigos de la democracia. Seguramente tampoco olvidará que quienes acallaron la justicia son los mayores responsables de que estos individuos no hayan tenido el castigo ejemplar al que se habían hecho merecedores. Pero han tenido que transcurrir 20 meses antes de que la Fiscalía se ocupe de la denuncia presentada por el Gobernador de Mérida Florencio Porras.



El corolario de esta denuncia dice: “Nos encontramos hoy, comenzando el siglo XXI, en la más importante encrucijada histórica desde que se inició la historia republicana de Venezuela, lo que está en juego ahora mismo, no es la supervivencia de la Quinta República, de un presidente o de un diputado, gobernador, etc., lo que apostamos durante cuarenta y ocho horas es la preeminencia como forma de vida colectiva de la racionalidad política, con su desarrollo a través del contenido de la DEMOCRACIA, con sus valores, principios e instituciones, sobre la barbarie política de aquellos que a través de la fuerza pretenden imponernos toda su carga de egoísmo, clasismo, individualismo y autoritarismo de sus intereses, que encapuchados bajo los discursos sofísticos, engañaron, manipularon y utilizaron la buena fe de centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas venezolanos, que nos sumieron durante horas oscuras en la más vil y desoladora de las experiencias a que pueden someter a una sociedad como lo es el terror de una dictadura fascistoide, con toda su carga de miedo y parálisis de la libertad, con la gavilla imponiendo y maltratando, con la fuerza cercenando las voces y bajándonos las miradas, todo negando nuestra condición y convirtiéndonos en una nación paria internacionalmente. Es por ello, que al sacrificio y la valentía del bravo pueblo venezolano, debemos hacerle justicia activando los mecanismos que contiene la DEMOCRACIA para su preservación, por lo que este escrito de denuncia entrega a este Ministerio Público una responsabilidad histórica, de imposible elusión si acaso queremos esa Patria Bonita que existe entre la mirada de un niño y la sonrisa de un viejo”.



Recordemos que, a diferencia de la demora en el tratamiento de la denuncia del Gobernador, el mismo día del “golpe de estado”, la policía detuvo a legisladores y funcionarios bolivarianos. Según nos informan, dichas detenciones no fueron producto de la arbitrariedad policial, sino de órdenes de funcionarios de la Fiscalía.



Así está nuestro sistema judicial. La mayoría del TSJ que decidieron no enjuiciar a los responsables del “Golpe de Estado” fue de 11/20. Como previamente habían sustituido a dos titulares, de los once sólo nueve son titulares y, de ellos, cuatro no cumplen con los requisitos que establece la Constitución para ser magistrados; fueron promovidos por órdenes de Miquilena y la Asamblea Nacional aún no ha declarado nula su designación. Hay quien asegura que algunos de los fiscales que acataron las órdenes del usurpador “Carmona el Breve” no sólo siguen en sus cargos sino que han sido ascendidos.



Por fin un joven fiscal, no contaminado, se animó a ponerle el cascabel al gato. Mientras, el Fiscal General de Mérida pareciera no haberse enterado de los hechos que, dado su carácter público, no era necesaria la denuncia a los efectos de iniciar la investigación. Esperemos que las acciones de este joven fiscal impliquen el inicio de la Revolución en el ámbito de la justicia, y que todos los corruptos sean destituidos.