Los inhabilitados

Estamos a punto de una decisión delTribunal Supremo de Justicia sobre el caso

Credito: Eleazar Díaz Rangel
de los inhabilitados. Naturalmente, buena parte del país está dividida en dos; la otra, minoritaria pero significativa, aparenta indiferencia. Vamos a ofrecerles algunos elementos para la debida reflexión.

En primer lugar, esa disposición que sanciona por hechos de corrupción a funcionarios electos a cargos representativos con prohibición de ser electos por tiempo determinado y variable, según la falta, ha estado presente en la Ley de Contraloría desde 1964, y conservada en todas las reformas posteriores. No es novedad. La diferencia con la vigente ley es que la decisión ahora la toma el Contralor, mientras en las anteriores eran el Presidente u otras altas instancias, a propuesta de la Contraloría. Lo que quiero subrayar es que el espíritu sancionatorio es de vieja data, y fue una de las formas que encontró el legislador para combatir a los corruptos. Como todos sabemos, ha servido de poco.

Esta ley vigente, aprobada en 2001, contó con el concurso de todos los partidos representados en la Asamblea Nacional, que entonces tenía un fuerte bancada opositora, casi tan numerosa como la del oficialismo.

La ley daba facultades al Contralor para imponer sanciones a los funcionarios que resultaran culpables de vicios e irregularidades administrativas. Lo nuevo es que la Contraloría no tiene que elevar los casos a otros dignatarios. Todos la votaron y, como habrán visto en imágenes repetidas por TV, la oposición argumentó con fuerza a favor de la ley. También creyeron que era una manera de enfrentar la corrupción.

Esa es la ley que aplicó el contralor Clodosbaldo Russián. Lo está haciendo desde 2003, y en el inventario que hizo Eligio Rojas en este periódico, 131 eran funcionarios militantes de los partidos del chavismo, y 119 de la oposición. ¿Hubo una intención política cuando se dictaron esas medidas? Era imposible si más de la mitad de los sancionados eran o son del mismo sector de Russián. Y si las hubo, nadie en su oportunidad dijo nada, ni denunció que se tratara de retaliación política ni que la ley que ellos votaron era inconstitucional. Estas acusaciones aparecen ahora, cuando algunos de los sancionados por hechos administrativos irregulares, de algún grado de corrupción, quieren postularse a cargos representativos.

Me queda un punto, y es el relativo a la inconstitucionalidad o no del artículo 105 de la ley, que estaría, siempre según los afectados y sus defensores, en contradicción con el art. 43 de la Constitución. Es el momento de contarles lo que un afamado abogado le dijo una vez a un empresario que le consultara sobre cierto importante caso donde estaban en juego intereses encontrados de dos importantes grupos: "De estos libros que tú ves aquí, de aquí hasta allá, la mitad, le dan la razón a unos, y la otra mitad, a los otros". Por supuesto, es una exageración, pero refleja bastante bien lo que significa la disparidad de opiniones entre abogados, y más en este caso donde están en juego intereses políticos.



Riesgos de la alianza

La sangre no llegó al río. Finalmente, se impusieron la razón y la sensatez. La Alianza Patriótica superó otro momento de dificultades; tan duras fueron las palabras del presidente Chávez el domingo pasado para con los aliados, que se pensó generarían una crisis que podía terminar en la ruptura de los acuerdos.

Hubo tiempo suficiente para la reflexión.

No es fácil mantener una alianza donde no se puede sostener que los separan divergencias ideológicas, (que naturalmente las hay, aparecerán cuando se decidan a debatir), pero donde paralelos a los objetivos fundamentales, como serían consolidar e impulsar este proceso con el liderazgo de Chávez, corren otros vinculados a los intereses partidistas, que parecen ligados a mantener y seguramente ampliar el poder político que tienen. Una gobernación o una alcaldía son algo más que una importante posición políticoadministrativa; maneja presupuestos, empleados, etc. En casos esos intereses subalternos pueden poner en riesgo la victoria en estados y municipios.


Fue una sabia decisión acordar que los candidatos del Psuv no son tan inamovibles. Por encima de los candidatos de los partidos aliados tienen la ventaja de haber sido escogidos en primarias, mientras a éstos los seleccionaron con métodos tradicionales, no siempre democráticos, y casos ha habido en que apoyan a los clasificados en el N° 2 de esas primarias del Psuv. Nada bueno en las relaciones interpartidistas.

Resolvieron que ahora llevarán el pulso a las campañas electorales en algunos estados y municipios, para reforzar políticas y acciones, y si fuera el caso, estudiar la separación de alguna candidatura y reemplazarla por la que en las encuestas apareciera con más opciones.

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Eleazar Díaz Rangel

Periodista egresado de la UCV. Ganador del Premio Nacional de Periodismo y menciones en diversas especialidades. Es Director del diario Últimas Noticias desde el año 2001. Profesor titular jubilado de la universidad central de Venezuela, cuya escuela de comunicación social dirigió (1983-86). Presidente de VTV 1994-1996. Presidente de la asociación venezolana de periodistas.

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