La respuesta es la reflexión necesaria sobre si la Democracia no termina siendo un fraude y en ella no manda el que haya obtenido más votos en las elecciones presidenciales sino quien controla los medios de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas.

Chávez, principal exponente de la dignidad del pueblo venezolano en la actualidad, posee el Gobierno pero en un alto porcentaje sus acciones son controladas por el poder económico nacional y trasnacional.

Se ratifica en Venezuela que la Democracia es el mito base sobre el que se sustenta y se fortalece, cada día más, el capitalismo. El socialismo democrático no existe, ni existe la democracia socialista. La diferencia entre Socialismo y Democracia es abismal.

Este ligero análisis permite entender porqué, por ejemplo, los decretos gubernamentales dirigidos a regular el precio de los alimentos, son vulnerados a la vista de todos por los gremios de comerciantes importadores y exportadores de alimentos.

El diario “Últimas Noticias” reflejó, en su edición del 11 de Julio, que los precios regulados de la carne no se respetan: “Los cortes de primera y regulados en Bs. F. 11,72 el kilo, oscilan entre Bs. F. 20 y Bs. F. 22 el kilo, mientras que el pernil (regulado en Bs. F. 4 el kilo) está entre Bs. F. 24 y Bs. F. 25”. La nota también hace referencia a que no se consigue fácilmente una botellita de aceite vegetal. El Gobierno de Caldera desmontó casi toda la estructura agroindustrial de extracción y refinamiento de aceites vegetales. Además, detuvo el financiamiento agrícola para las oleaginosas. Esto ocasionó dependencia externa y obligó al Estado a dar licencias de importación, a los agroindustriales parásitos, de aceite crudo para refinarlo aquí.

En la actualidad, la situación continúa igual, aún con un Gobierno Democrático con ideas diametralmente opuestas al último Gobierno de la Cuarta República. El Estado no puede controla r a los empresarios del campo que importan y exportan rubros agropecuarios a su libre albedrío.

En el estado Portuguesa se siembran entre 65.000 y 70.000 hectáreas de ajonjolí anualmente. Paradójicamente no se extrae ni un grano de aceite de allí, sino que toda la producción es exportada por capital privado.

Nuestro Gobierno, apoyado por la mayoría del pueblo venezolano, actúa como un débil Comisario frente a los crímenes cometidos por los empresarios agroindustriales contra la soberanía alimentaria del país.