Una vez develado el plan subversivo que la oposición planea ejecutar con motivo del desarrollo del Refirmazo para los días 28, 29,30 de noviembre y 01 de diciembre de 2003, la misión del mismo se resume en lo siguiente: ejecutar acciones terroristas para el día de la recolección de firmas con el propósito de inculpar al gobierno de obstaculizar el proceso de referendo y simultáneamente conducir un fraude masivo a través de la recolección de firmas fraudulentas( repetidas) de tal forma que al final de la jornada(cuarto día) se pueda contar con un numero de firmas significantemente superior a las que Chávez obtuvo en su ultima elección, llamando inmediatamente a la desobediencia civil para deslegitimar su gobierno y acusar así su ingobernabilidad.

Como podemos ver el plan tiene dos componentes esenciales, por una parte el componente terrorista materializado a través de voladuras de instalaciones y puntos críticos (instalaciones de Pdvsa, Cadafe, puentes, etc.) así como el ataque selectivo de personas para causar muerte y destrucción y por otro lado el componente electoral materializado a través de un fraude masivo mediante el empleo de firmas repetidas y antes de que el CNE pueda verificarlas. Frente a este escenario, dos actores tienen la responsabilidad histórica de mantener la estabilidad constitucional del Estado, actuando con audacia, precisión, firmeza y coordinación: la Fuerza Armada para repeler el terrorismo o intento de subvertir el orden interno y el pueblo defensor del proceso, para evitar el fraude electoral.

En el primero de los casos la situación favorece al gobierno ya que fue el propio CNE quien solicito por unanimidad, el empleo de la Fuerza Armada, a través de la activación del Plan Republica, para apoyar el proceso de recolección de firmas(resolución del CNE No. 031112-778), por lo tanto las unidades de la Fuerza Armada deben hacer un despliegue de efectivos y medios como nunca antes visto en proceso electoral alguno(ni el cocinero debe quedarse en el cuartel), facilitado esto por el numero relativo menor de centros electorales(puntos de recolección de firmas),los cuales por normativa del CNE no deben exceder de 2.700, en comparación con un proceso de elecciones rutinario donde el total de centros supera los 8.000. Esto permitirá que la Fuerza Armada este desplegada en su totalidad fuera de su acantonamiento de guarnición, específicamente en los puntos de recolección de firmas y puntos críticos y por consiguiente su apresto operacional estaría optimo, para actuar al instante en que se presuma la mas mínima existencia de algún acto terrorista o de subversión del orden legalmente constituido, pudiendo pasar rápidamente del Plan Republica al Plan Soberanía( Plan Ávila en la capital de la Republica)si los acontecimientos así lo exigen, estando esta actuación de la Fuerza Armada completamente apegada al orden constitucional(Art. 328 y 329 de la Constitución) y a la ley orgánica que la regula(Art.8 de la Lofan).Esta presencia masiva de la Fuerza Armada en la calle proporcionara un efecto disuasivo significante ante cualquier acto de subversión del orden publico que la oposición pretenda ejecutar en su famoso plan B.

En cuanto al escenario de fraude electoral planificado por la oposición, es bueno recordar que durante el periodo en que la oposición estaba en su máxima efervescencia (02feb2003), los propios datos suministrados por Sumate durante el Firmazo de esa fecha, indicaron que en el Distrito Capital, integrado por los municipios Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo, el total de personas que firmaron para ese evento fue de 364.464 electores, lo que equivale al 29% de los inscritos legalmente en esa circunscripción electoral .Esta cifra es de gran importancia para este análisis, ya que si en la cresta de la ola(febrero2003) y con todo el apoyo mediático que recibió durante 24 horas al día, la oposición no fue capaz de lograr la simpatía de la mitad de la población electoral de la gran Caracas (1.231.623 electores),resulta entonces ilógico pensar que en este momento pueda alcanzar un numero significante de firmas(20%) que le permita convocar un referendo revocatorio y menos aun, cuando ya mucha gente ha despertado del sueño hipnotizador al que fue sometido por los medios de comunicación durante diciembre y enero ultimo y cuando la economía ha demostrado un contundente e inequívoco signo de recuperación(incremento de reservas, reactivación de Pdvsa, disminución del riesgo país, control de inflación, disminución del desempleo, plan Robinsón, Sucre, Rivas, Barrio Adentro, Mercal, Infocentros etc.) Ante este crudo panorama de incapacidad para recoger las firmas necesarias que conduzcan a un referendo revocatorio, a la oposición no le queda otro camino que el fraude electoral, si es que quiere vencer el karma que lo aqueja desde 1998, de lo contrario tendría que esperar hasta el 2006(próxima elección presidencial) para otro intento. Frente a esta amenaza , las fuerzas civiles que apoyan al proceso de Chávez, en especial el Comando de Campaña Ayacucho, tienen una tarea crucial que cumplir para impedir el fraude y el cual puede resumirse en las siguientes acciones: durante el proceso de recolección de firmas, los testigos del proceso debidamente acreditados ante el CNE, deberán llevar un registro manual, a puño y letra, de la información mas esencial que contiene cada planilla , es decir el nombre completo del firmante, su cedula de identidad y la ubicación geográfica del punto, luego en base a cada diez firmas acumuladas(es el máximo que permite la planilla) , dicha información debe ser enviada por el coordinador del plan Ayacucho del punto de recolección de firmas al comando político municipal o parroquial, donde la misma debe ser transcrita y trasmitida al instante al comando central en Caracas, de tal forma que los datos puedan ser cruzados con todos los puntos de recolección de firmas a nivel nacional y así podrá conocerse al momento, el numero de electores, incluyendo sus identidades , que han firmado mas de una vez y por constituir este acto fraudulento, un delito electoral tal y como lo establece el Art.256 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y además por estar cometiéndose en pleno acto de recolección de firmas( flagrancia) , el Art.248 del Código Orgánico Procesal Penal obliga al Ministerio Publico, como garante de la legalidad, a actuar de inmediato en los puntos de recolección de firmas donde se presume el delito , que por supuesto estarían previamente identificados ,de esta forma se neutralizaría el intento de fraude y se desenmascararía ante el mundo el plan B de la oposición. No se debe olvidar que quien manipula y mantiene en custodia las planillas hasta su entrega formal al CNE (después del cuarto día), es la oposición, por lo que esta misión debe ser cumplida impecablemente, si así se ejecutase, la oposición se vería forzada a abortar su plan maquiavélico en los siguientes tres días, so pena de ser procesados muchos de sus miembros por fraude electoral.

Valencia, 21 de noviembre de 2003


Cnel(Ej) Hendy Montiel Arguello
Ingeniero Metalúrgico
Magíster en Seguridad y Defensa Nacional