Para nadie es un secreto que una de las instituciones insignes en el hundimiento de la llamada democracia representativa surgida del “Pacto de Punto Fijo” fue el sistema judicial. La administración de justicia se convirtió en un aberrante sistema al servicio de los grupos políticos y económicos más poderosos. La sociedad venezolana adquirió la convicción de que la justicia es una mercancía más, de venta al mejor postor. Su consecuencia es la descomposición moral y el despotismo. La democracia representativa tiene a cuestas una infinita lista de atropellos, saqueos, secuestros y asesinatos de humildes ciudadanos que se vieron obligados a soportar la impunidad de sus verdugos por decisiones amañadas de los tribunales de la República. Mención aparte merecen los delitos políticos. La sangre derramada en persecuciones, torturas y asesinatos de muchos luchadores populares y revolucionarios está viva en la memoria del pueblo venezolano. El propio presidente Chávez sufrió en carne propia esta impudicia del poder “puntofijista”

Bajo el imperio del dinero, se desarrolló todo una red compuesta por políticos inescrupulosos, jueces venales, empresarios usureros, cuerpos policiales y de seguridad mercenarios y traficantes de toda tipo que hicieron del delito un gran negocio. La justicia penalizó no el delito, sino la condición social del delincuente. Los condenados de la tierra encontraron el infierno de nuestras cárceles, en juicios interminables por no tener dinero con que “engrasar” los mecanismos de tan sin par “justicia”. Esta herencia del pasado permite aún a los poderosos seguir disfrutando de los privilegios del poder y hacerlo gozando de plena impunidad.

Quienes dirigieron un golpe de estado, asesinando directamente a muchos compatriotas e indirectamente estrangulando económicamente al país, siguen sin castigo al igual que todos aquellos que ayer masacraron al pueblo venezolano.Quienes ocasionaron un daño patrimonial, político y social irreparable al país siguen conspirando sirviendo de fuerza de choque a potencias extranjeras y a intereses bastardos. Buena parte del aparato judicial sigue estando putrefacto. Sigue penalizándose la condición social del delincuente. El “Pacto de Punto Fijo” vive flagrantemente en la corrupción de la justicia. Lo más grave es que esta situación daña profundamente la condición moral y ética de la sociedad. Es un ácido corrosivo que descompone valores, voluntades y conciencias. Es una barrera que impide trazar horizontes sociales trascendentales. Es un elemento que contribuye a la anarquía social.

¿Sobre qué principios se ordena una sociedad en la que a la desigualdad se suma la impunidad de los poderosos?. ¿Qué institución puede tener alguna credibilidad, si la principal de las instituciones, la que está llamada a impartir la justicia que norme y fundamente el justo desempeño de las instituciones sociales, es ella misma la negación de cualquier norma de elemental de justicia?. De esto estaba consciente el gobierno actual, cuando escogió como una de sus consignas centrales la lucha contra la corrupción y ello lo obliga a proceder de la manera más transparente en el enfrentamiento de este cáncer que hoy asume la forma de impunidad. No habrá revolución sino hay transformación moral. Y no habrá transformación moral si se legitima y se acepta la impunidad, pues ella es la expresión más perversa del poder, la injusticia y la desigualdad. Si alguien puede estar por encima de la sociedad y violar sus principios, normas y leyes, entonces no puede construirse una sociedad. Mucho menos una sociedad justa. La revolución queda entonces reducida a una consigna hueca.

Por eso para avanzar hay que combatir hoy la impunidad en todas sus formas. Hay que forjar una nueva cultura que por su fuerza moral hegemonice el proceso de construcción de una nueva sociedad. Y esto presupone al menos tres condiciones: a) la incorporación más activa y decidida de todo el pueblo al proceso transformador, pues contrariamente al modelo representativo que dejaba en manos de las cúpulas las decisiones para facilitar sus negocios, ahora se requiere un consenso activo y participativo de todos, pues la fuerza transformadora radica en el pueblo y en la educación de su conciencia moral y ética; b) la lucha a fondo por la moralización del sistema judicial, apoyada en la participación de todos pero orientada intelectual, política y moralmente por la acción del gobierno y dirigida entre otros factores a poner fin a la impunidad. Quien violó la ley y e infringe la justicia tiene que asumir sus consecuencias; y c) la generación de una cultura de la honestidad en todos los terrenos de la vida social como una forma de crear las condiciones para recuperar un sentido de dignidad e igualdad social contraria a la impunidad reinante.

En suma, necesitamos urgentemente construir una nueva moral como base de una nueva sociedad. Una moral y una ética que den perspectiva trascendente e histórica a los cambios sociales que hemos emprendido. Que haga de la honestidad y de la transparencia un principio individual, de las relaciones sociales y de la administración pública. Que haga de la justicia un principio flexible pero severo contra todos aquellos que amenacen con destruir la igualdad y el bienestar de todos. Ello obliga a una profunda reflexión que nos permita conocer los mecanismos a través de los cuales el poder constituido ha conseguido envilecer la conciencia social y prostituir con el poder de su dinero a las instituciones. Presupone también una voluntad de hierro de todos. La magnitud de la lucha por hacer del poder judicial un poder digno, va más allá de la disposición de un hombre o de un sector de la sociedad. Reclama la participación de todos, particularmente de quienes a lo largo de su vida han demostrado con tenacidad su incorruptibilidad. Presupone asumir con coraje nuestros propios errores y aceptar la critica bien intencionada con humildad de principiante. La sociedad venezolana tiene estas reservas morales y el gobierno está en el deber ineludible de convocar a todos los sectores, de confiar en el pueblo y facilitarle realmente el ejercicio de su soberanía, dejando de lado todo cálculo político, reconociendo con valentía sus errores, abriendo los espacios para la participación de todos, desmarcándose de la política mezquina de la oposición y sobre todo educando con el ejemplo. En la lucha moral nada educa más que el ejemplo. De otra manera el discurso moral deja de serlo, pierde todo sentido y se torna perverso. No podemos justificar la vieja manera de hacer política, pues tendríamos que negar la historia, la verdad y la virtud. Tampoco podemos justificar o aceptar la impunidad, pues aceptarla, bajo cualquier circunstancia, disuelve la sociedad en la anarquía y la injusticia.