Ciudadanos y Ciudadanas
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
Fiscal General de la República
Defensor del Pueblo
Procuradora General de la República
Contralor General de la República
Diputados de la Asamblea Nacional

Nosotros, los abajo firmantes, miembros de organizaciones sociales populares, miembros de organizaciones políticas y sindicales, ciudadanos y ciudadanas defensores de los derechos constitucionales, humanos y democráticos otorgados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Considerando...

Que las investigaciones y acciones judiciales referidas a los autores e involucrados en los delitos relacionados con el Golpe de Estado del 11 de abril y con el breve pero tenebroso Gobierno de Facto instaurado al dia siguiente como consecuencia del mismo, no han arrojado hasta ahora ningún resultado satisfactorio que permita concluir que se haya hecho justicia.

Que la cuestionada sentencia del TSJ del 14 de agosto de 2002, pese al exabrupto de negar el enjuiciamiento de los altos oficiales de la FAN que públicamente encabezaron los hechos señalados, no los exime de responsabilidades penales, administrativas, civiles y militares.

Que durante los días 11, 12, 13 y 14 de abril de 2002, las acciones conspirativas y golpistas trajeron como consecuencia asesinatos, allanamientos y detenciones arbitrarias, delitos de lesa humanidad, gravísimas irregularidades en el uso de recursos de gobernaciones y alcaldías y en la movilización de fuerzas policiales.

Que los autores e involucrados en el paro-sabotaje petrolero y llamado “Paro Cívico” efectuado entre diciembre de 2002 y enero de 2003, con el objetivo no logrado de forzar la salida abrupta y anticonstitucional del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, tampoco han sido enjuiciados ni sujetos a sanciones judiciales, a pesar de la flagrante violación de la Constitución y de las leyes de la República, y a pesar de los inmensos daños causados a la población y al patrimonio nacional valorados en miles de millones de dólares.

Que todos estos han sido hechos de conocimiento público y general, en los que se vieron involucrados militares sediciosos, conocidos líderes políticos, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, altos dirigentes de FEDECAMARAS y de la CTV, dueños y altos cargos de medios de comunicación privados, jerarcas eclesiásticos y directivos de organizaciones no gubernamentales, vinculados con la oposición al gobierno del Presidente Constitucional Hugo Chávez Frías, muchos de ellos agrupados, principalmente, en torno a la llamada “Coordinadora Democrática” y el “Bloque Democrático”.

Que las instituciones cuyas atribuciones constitucionales les obligan a velar por los derechos democráticos y humanos e impartir justicia, no están informando sobre el estado de las investigaciones o procesos judiciales referidos a los sucesos de abril y diciembre de 2002.

Que los autores y responsables, de los crímenes señalados, gracias al goce de su impunidad, continúan de manera notoria en su movimiento conspirativo, planificando derribar al gobierno constitucional e intentar de nuevo la instauración de una dictadura, amenazando la democracia, la paz e incluso la vida de quienes defendemos el proceso de transformación social y política que vive el país, mientras el Poder Judicial, el Poder Moral y Ciudadano lucen inermes e impotentes a los ojos del pueblo.

En vista de que no se ha hecho justicia en relación con los hechos mencionados, que rompieron el hilo constitucional en el año 2002, ocasionaron gravísimas violaciones de los derechos humanos y democráticos y afectaron profundamente al patrimonio nacional:

Exigimos al Poder Judicial y al Poder Moral, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General de la República, a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República, acciones expeditas y contundentes, en cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que les confiere e impone la Constitución, frente a la impunidad de los autores y responsables del Golpe de Estado del 11 de Abril de 2002 y de los crímenes, delitos y violaciones relacionados con dicho golpe, así como del paro-sabotaje petrolero y económico promovido y realizado en diciembre del mismo año. Tales medidas son necesarias y urgentes para que se imponga la justicia, para resarcir al país y para evitar que tan perversas circunstancias se repitan....................... ( van firmas).