La perturbadora pérdida de vidas en el helicóptero Chinook abatido por
la resistencia iraquí ha ocasionado expresiones de sorpresa al confirmar
que Washington no cuenta con una estrategia de salida.


La ausencia de tal estrategia es menos sorprendente que reveladora. La
principal motivación de los neoconservadores para invadir Irak fue
asegurar una nueva base de influencia para Estados Unidos en la región.
Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz no perdieron tiempo en una estrategia
de salida porque imaginaban que irían a Irak para quedarse.


Una consecuencia comprometedora de la confianza sin límites que tenían
en sí mismos es que siempre se mostraron abiertos en cuanto a su
objetivo: es posible rastrear las demandas neoconservadoras de una nueva
presencia estratégica estadunidense desde mucho tiempo antes de la
victoria del presidente Bush. El ataque a las Torres Gemelas acentuó sus
designios sobre Irak, no porque hubiese la menor evidencia de que Saddam
Hussein estuviera conectado con él, sino porque los múltiples vínculos
sauditas pusieron de relieve la urgencia de identificar una ubicación
alternativa para las bases militares estadunidenses. De inmediato,
después de la ocupación de Irak, Donald Rumsfeld visitó la región para
cerrar las bases en Saudiarabia que se consideraban redundantes.


Un indicio de la precaria situación de seguridad en Irak es que las
mismas personas que alguna vez lo consideraron terreno potencial para
establecer bases permanentes ahora respaldan la búsqueda de una puerta
de salida. Por desgracia han perdido seis meses en los cuales se
comportaron como ocupantes con intención de permanecer y fueron vistos
con resentimiento por eso mismo. Imposible saber con precisión cuántas
familias, tribus y poblados iraquíes han quedado aislados en el proceso,
puesto que las fuerzas de ocupación no llevan cuenta de los civiles a
los que disparan. De manera aún más extraordinaria, ni un solo oficial o
soldado estadunidense ha sido acusado formalmente por alguna de las
muchas ocasiones en que han matado por error a iraquíes inocentes,
incluida una patrulla de policías reclutados y entrenados por las
autoridades estadunidenses que fue emboscada y abatida a tiros por sus
soldados.


El peligro es que las fuerzas de ocupación se vean atrapadas en una
espiral descendente en la que los ataques cada vez más frecuentes de que
sean objeto den lugar a una escalada de represión y creciente violencia
de ambas partes. Las fuerzas estadunidenses ya están alcanzando un
estado mental en el que cualquier iraquí es visto como un riesgo de
seguridad. De ahí la práctica de traer en autobús desde otro continente
un ejército auxiliar de filipinos para hacer la limpieza de sus
cuarteles, en un país con 70 por ciento de desempleados.


Lo anterior nos lleva a la otra fuente de tensión entre ocupantes y
ocupados. Existen economías paralelas, en una de las cuales la mayoría
de los iraquíes dependen de la ayuda alimentaria, mientras en la otra
las empresas estadunidenses derivan atractivas ganancias de su país.
Esto se está volviendo un escándalo no sólo en Irak, sino también en
Estados Unidos. Newsweek, que no es una publicación subversiva, preguntó
la semana pasada por qué las autoridades de la coalición pagaban a
Halliburton, con su famosa conexión con el vicepresidente Dick Cheney,
1.59 dólares por galón de petróleo, cuando la compañía nacional
petrolera iraquí ofreció suministrarlo a 98 centavos. Las reglas
normales de contratos públicos se hicieron a un lado para Halliburton,
que recibió el contrato sin evaluación de competidores ni una oferta
rival que permitiera obtener mayor valor del dinero. Los escándalos
financieros de la ocupación de Irak podrían llegar a ser tan graves como
las controversias sobre los informes de inteligencia que precedieron a
la invasión.


Si los proveedores se están llevando al baile a la Autoridad de
Coalición, es un asunto de legítimo interés para los iraquíes, puesto
que su dinero ayuda a pagar las cuentas. Es un escándalo, que ni Estados
Unidos ni el Reino Unido aceptarían en su propio territorio, que seis
meses después de que Naciones Unidas autorizó al Fondo para el
Desarrollo Iraquí tener en depósito los ingresos petroleros, aún no se
haya establecido un sistema independiente de auditoría. En un célebre
discurso, Tony Blair prometió que los fondos petroleros se utilizarían
para atender las necesidades del pueblo iraquí. Aún no tenemos forma de
saber si es así, y los indicios son que buena parte de ellos se aplican
a los costos de la ocupación en vez de invertirlos en la reconstrucción.



El gobierno británico se ha vuelto extrañamente silencioso respecto de
Irak. Parece ser que a todo lo largo de Whitehall se ha establecido como
principio de prudencia que la mejor estrategia es seguir con otros
asuntos y no recordar al público un impopular desliz hablando de él. Sin
embargo, nos dicen que la razón de unirnos a la guerra era conservar
influencia en el gobierno de Bush. Si alguna vez hubo un motivo para
ejercer esa influencia es presionar a Washington para que defina cómo
pasar de la presente debacle en Irak a una salida digna.


El imperativo central es fácil de identificar: transferir a los iraquíes
la atención a las necesidades de su país tan aprisa como sea posible. Es
improbable que la ocupación estadunidense de principios del siglo XXI
llegue a ser más popular de lo que fue la ocupación británica a
principios del XX. De momento es necesario que la administración del
país se internacionalice, tanto para brindar legitimidad como para
proporcionar la experiencia en reconstrucción de naciones de la que los
virreyes estadunidenses carecen en forma tan conspicua. Tal vez la
consecuencia más maligna del torpe manejo de la secuela de la invasión
es que ahora hay menor presencia de Naciones Unidas en Irak que en
cualquier momento del último decenio de gobierno de Saddam Hussein.


Si esa estrategia política tiene alguna oportunidad de fructificar,
necesita ir acompañada de un enfoque económico bastante más razonable
que el aplicado hasta ahora por la Autoridad de Coalición. Por principio
de cuentas, debe abandonar la práctica de asignar contratos para la
reconstrucción a compañías estadunidenses que luego envían ejecutivos de
su país a Irak, los cuales a su vez mandan pedir tecnología
estadunidense. Esto no sólo niega muchos de los beneficios económicos a
los iraquíes, sino que probablemente produce mayores retrasos en las
obras.


El abastecimiento de agua potable y electricidad fue restaurado con más
rapidez después de la primera guerra del Golfo, tal vez porque los
iraquíes tenían más experiencia e inventiva para remendar y componer
equipo obsoleto. Inclusive esta vez los iraquíes han levantado y puesto
en operación la central telefónica maestra, reparando 50 mil líneas con
un aislamiento de papel que hubiera hecho que cualquier ingeniero de
Silicon Valley se sentara a llorar.


Luego, la Autoridad de Coalición debe archivar sus grandiosos planes de
vender todos los bienes del Estado, que pertenecen al pueblo iraquí.
Puede que a la larga este sea un paso esencial, pero a corto plazo ni la
economía ni la sociedad iraquíes son capaces de absorber un golpe de
dislocación tan fuerte y repentino. Es una decisión que deben tomar los
propios iraquíes, después que Estados Unidos haya dejado la
administración del país.


Me causa alivio que ahora hasta el Pentágono reconozca la necesidad de
una estrategia de salida. Sin embargo, me produce ansiedad que tal
estrategia vaya a ser cortar y salir corriendo. Existe el peligro de
que, así como la fecha límite para la invasión fue determinada por los
preparativos militares, más que por las inspecciones de armamento de
Naciones Unidas, el calendario para la salida sea fijado más por la
fecha de la campaña del presidente Bush para la relección que por los
avances logrados en el terreno. Cierto, jamás debimos meternos en este
dilema, pero, ya que hemos ocupado Irak, no podemos irnos y dejarlo en
el mismo estado de violenta confusión en que quedó Afganistán.


© The Independent


Traducción: Jorge Anaya


* Robin Cook fue ministro del Exterior de Gran Bretaña y este año
renunció a su puesto como presidente de la Cámara de los Comunes en
protesta por el apoyo que el gobierno de su país dio a la guerra contra
Irak