Últimas comidas, últimas palabras y últimas quejas de los condenados en una de las penitenciarías más mortíferas del mundo.

Antes del medio día de ese 3 de febrero de 1998, Karla Faye Thucker ordenó a un señor uniformado lo que quería de almuerzo. Una banana, un durazno y una ensalada con ensalada ranchera.
Hacia las doce y media otro señor uniformado le sirvió el magro refrigerio.

Durante la tarde no comió nada más. A las 6 y 30 p.m. la llevaron a un lugar especial del edificio. Era una especia jaula de vidrio. Reconoció caras de amigos y familiares que la observaban sombríos detrás de los cristales. Karla seguía siendo, a los 39 años, una mujer atractiva, de silueta delgada, ojos grandes y cara simpática. Dos personas de blanco la acomodaron en una camilla y le estiraron los brazos con correas de cuero. Un sacerdote los acompañaba en silencio.

Enseguida le aplicaron en cada brazo una inyección combinada de tiopental sódico, un poderoso sedante; bromato de pancuronio, que paraliza los músculos del diafragma y los pulmones; y clorato de potasio, que detiene los latidos del corazón. Costo total de cada dosis: 86.08 dólares.

Karla observó hacia la zona acristalada y vio a los parientes de dos personas que ella había asesinado catorce años atrás –Jerry Dean y Deborah Thornton, en una noche en la que había abusado del alcohol y de la droga. Las familias Dean y Thornton perdonaron después a Karla y se sumaron al movimiento nacional que pedía al Gobernador de Texas clemencia para esta mujer que, condenada a muerte en 1984, se había rehabilitado y renegaba de su vida pasada.

Estaba en discusión si era posible permutar la pena capital por prisión perpetua a una persona que ya no constituía un peligro para la sociedad. A pesar de la intensa campaña a favor de Karla, que se proclamaba cristiana renacida y gozaba de estimación general en la penitenciaría de Texas, el Gobernador –un hombre llamado George W. Bush, que batió el récord de confirmación de condenas negó la solicitud de clemencia.

Por eso se había llegado, después de una larga pero inútil lucha jurídica, a aquella tarde final del 3 de febrero de 1998. El cómplice de Karla, condenado también a muerte por el Estado de Texas, había fallecido víctima de una enfermedad hepática.

Quiero decirles de nuevo a las familias Dean y Thornton que lamento mucho lo que hice –dijo la que iba a morir. Espero que Dios me dé su paz.

Miró luego a su esposo, Dan Brown, que observaba desconsolado sus minutos finales.

Baby, I love you –le dijo en un inglés que no necesita traducción.
Ahora parecía un poco más mareada y pronunció sus últimas palabras mirando hacia el techo.

Estaré muy pronto con Jesús. Los quiero mucho. Allá arriba los veré. Allá arriba los espero.

Luego cerró los ojos y siguió rezando en voz baja. Poco después emitió un largo suspiro. El bromato de pancuronio había hecho efecto. Segundos más tarde obró el clorato de potasio y el corazón se paró. Un médico entró a examinarla y la declaró muerta. Eran exactamente las 6 y 45 de la tarde. Desde 1863 no había sido ejecutada ninguna mujer en Texas.

Los asistentes, llorosos, fueron invitados a abandonar el lugar. Los enfermeros se encargaron del cadáver. La presa No. 777 no volvería esa noche a su celda. En el pabellón de la muerte empezó a prepararse para su último día el preso No. 999229, Steven Renfro, ejecutado seis días después.

Menos frugal que Karla Tucker, Renfo ordenó como último almuerzo sánduche de tocineta y lechuga; torta de cereza con helado de vainilla y dos latas de Doctor Pepper, una gaseosa tan amarga como el final que lo esperaba el 9 febrero en el mismo cubículo en que murió Karla. Renfo ostenta el triste récord de haber sido el segundo preso que menos días pasó en la antesala de la muerte. Apenas 263 días. Otros han permanecido hasta 24 años luchando por evitar que se les aplique la sentencia.

El último almuerzo

Quien quiera aproximarse a la fría versatilidad que es capaz adquirir un gobierno a la hora de ejecutar ciudadanos, tiene que conocer el pabellón de la muerte del Departamento de Justicia Penal de Texas. Es un modelo de transparencia informativa y eficacia mortífera.

Detalladas minuciosamente figuran, por ejemplo, las últimas meriendas de los reos. Existe la tradición de que un condenado a muerte puede disponer el menú de su última comida. Y aunque el Departamento de Justicia advierte que no está obligado a aceptar la minuta exigida, suele hacerlo si no contiene peticiones estrafalarias.

También dice la tradición que un último cigarrillo no se le niega a nadie. Pero en esta materia, Texas se aparta de la tradición. El cigarrillo está desterrado del pabellón de la muerte. Las autoridades piensan, con paradójica razón, que el tabaco es malo para la salud de los condenados.

El último preso que había recibido la dosis fatal en el momento de escribir estos renglones fue Allen Janecka, el 24 de agosto del 2003. Su almuerzo consistió en pollo frito, té helado, queso azul y papas fritas a la francesa.

Cuando Estados Unidos y Francia tuvieron sus tires y sus aflojes a raíz de la guerra de Irak, varios personajes norteamericanos, inflados de indignación y patriotismo, propusieron cambiar el nombre a las populares French fries. En la cafetería del Congreso llegaron a llamarlas “papas de la libertad”.

Los reos de muerte tejanos se pronunciaron sobre el problema: otras cosas les preocupan mucho más. De todos modos, las French fries, así identificadas, son el plato más solicitado por los que van a morir. Más de la mitad ordenan una buena ración para su última comida.

También son muy solicitados los anillos de cebolla, las hamburguesas –con queso y sin él, los bistés, el pollo frito, los sánduches de variado contenido, las tortas de manzana y los helados. En general, la comida habitual de los que no están condenados a muerte.

Parece que, en vez de despedirse con opulencia, los reos prefieren hacerlo con un gesto que los asimile a la vida normal y despreocupada de los de afuera.

Algunos tratan de darse un gusto exótico o excesivo, como Kames Collier, que el 11 de diciembre del 2002 pidió 30 langostinos gigantes, un galón de helado de vainilla y, por supuesto, papas fritas. O Miguel Richardson, que el 26 de junio del 2002 pidió un ponqué de cumpleaños para despedirse. James Colburn escogió comida étnica: paella, tortillas mexicanas, tacos y pastel de chocolate. De papas fritas, nada.

Muchos otros prefirieron partir muy ligeros de equipaje y pidieron apenas un yogur, una Coca-Cola, una taza de te con galletas o una fruta. Algunos optaron por ordenar tan sólo bienes espirituales: Justicia, paz, igualdad”, “Perdón de Dios”, “Paz para todos”…

Son muchos los que se han negado a caer en la celada misericordiosa de la última cena. De los últimos 309 condenados, 55 han contestado “no gracias” y reciben lo que esté programado ese día para todos los reclusos. Robert Madden aceptó la oferta, pero dijo que le dieran su comida a un mendigo. David Clark, ejecutado en febrero de 1992, rechazó todo consumo porque decidió morir ayunando.

Campeones de la mortandad

Más de la mitad de los países del mundo han prohibido la pena de muerte en su territorio, al menos para delitos civiles. Desde 1990 se han sumado 35 a esta lista. Otros 21 conservan la ley de castigo capital, pero no la aplican. En total, 112 países no ejecutan legalmente a ningún reo.

Sin embargo, 83 países continúan practicando la pena de muerte. Entre ellos están la nación más poblada del Planeta, China, que en el 2002 dio muerte a 1.060 prisioneros, y la más poderosa, Estados Unidos, que ese mismo año aplicó la inyección letal o la silla eléctrica a 71 personas.

En total, en el 2002 fueron sentenciados a muerte 3.248 reos, y ejecutados 1.526. La única nación latinoamericana que dicta sentencia de muerte contra civiles es Cuba, que en abril pasado fusiló a los secuestradores de un barco.Siete países permiten ajusticiar a menores de 18 años. El único occidental es Estados Unidos.

En la Unión Americana, el estado que de lejos se lleva el siniestro campeonato de las ejecuciones es Texas. De los 71 sometidos a inyección letal o silla eléctrica en el 2002, casi la mitad (33) lo fueron allí. El estado que le seguía, Oklahoma, realizó apenas 7 ejecuciones.

El año con mayor número de penas capitales aplicadas en el último medio siglo en Estados Unidos fue 1999, con 98 víctimas. Y el gobernador de Texas con mayor número de ejecuciones a cuestas es George W. Bush, que durante sus seis años de mandato rechazó las peticiones de indulto de 152 reos. Sólo en una ocasión concedió la merced.

SOS ADN

Es difícil saber cuántos de esos 1.500 prisioneros ejecutados cada año eran inocentes. “Con mucha mayor frecuencia de lo querríamos admitir estamos condenando a muerte a personas inocentes”, afirma Steven W. Hawkins, director de la Coalición Nacional Contra la Pensa de Muerte.

Los datos tienden a darle la razón. El Proyecto Inocente de la Escuela de Derecho Benjamin Cardozo, de Nueva York, analiza casos de convictos cuya inocencia sale a relucir años después de que han sido condenados.

Las pruebas de ADN, el ácido ribonucleico que guarda la identidad química de cada ser, aportan un nuevo elemento que muestra hasta qué punto es frágil la justicia. Gracias a este examen han sido exonerados hasta ahora 123 reos que ya cumplían condena; de ellos, 37 lo hacían acusados de homicidio.

En noviembre de 1902 salió libre, gracias a una prueba de ADN, un preso de Baltimore que llevaba veinte años detenido por una violación que no cometió. Otros dos quedaron en libertad después de haber pagado más de 17 años de cárcel de manera injustificada.

¿Qué ocurre, sin embargo, con los que fueron ejecutados y con ello convirtieron el error en irreparable? Una investigación del Estado de Florida demostró en julio de este año que por lo menos 23 ocupantes del pabellón de la muerte no deberían estar allí.

Otro estudio probó que 17 personas ejecutadas eran inocentes. Cuando el gobernador de Illinois, George Ryan, conoció esta investigación, en enero del 2003, permutó las penas capitales que pendían sobre 156 prisioneros en el Estado de su jurisdicción y las cambio por prisión perpetua.

“Ahora cuando podemos asegurar que el número de personas erradamente sentenciados es de diecisiete, ha llegado el momento de decir que ya tenemos bastante”, señaló Ryan.

Palabras de despedida

No hay un solo condenado que no afirme que su caso fue un error o una injusticia; parecería que las cárceles están llenas de inocentes. Contra lo que afirma esta frase de la falsa sabiduría de bolsillo, la mayor parte de los ejecutados reconocen sus crímenes, aceptan las penas, lamentan lo que hicieron y se remontan en consideraciones religiosas procurando que la misericordia de Dios les conceda el perdón que les negaron los humanos.

El pabellón de la muerte de Texas tiene muy bien organizados y abiertos al público sus archivos de últimas palabras, y casi todas ellas son de arrepentimiento e invocación a Dios. No faltan, sin embargo, los que dejan un alegato final contra la ley que los priva de la existencia, como Richard Wilkerson, ejecutado el 3 de agosto de 1993, quien dijo en su última declaración: “La ejecución es justicia, es un acto de venganza. Si esto es justo, entonces la Justicia está ciega”.

Otros muestran una filosofía bastante más pedestre. El 12 de noviembre, G. W. Green se comió una pizza, una taza de té y otra de café y dijo lo siguiente para la posteridad: “Vamos, hombre [al verdugo]: cierra [la puerta del cubículo de ejecuciones] y carga [la inyección letal]. ¿No ves que esta vida es una mierda?”.

Las autoridades penitenciarias, pulcramente, suprimieron la última palabra –que fue la misma que pronunció en su lecho de muerte nuestro prócer Hermógenes Maza y la reemplazaron por un asterisco que reza: “Interjección suprimida”.

El cocinero Davis Losada, ejecutado el 4 de julio de 1997, se limitó a decir: “Si a alguien le importa, no maté a Olga”. Olga Perales fue violada y apuñalada en 1983 por cuatro hombres. La justicia decidió que Losada era uno de ellos.

Otro que murió proclamando su inocencia fue Carl Johnson, el 19 de septiembre de 1995. Estaba acusado de robo y asesinato de un guardia en Houston 17 años atrás. “Quiero que el mundo sepa que soy inocente y que hallé la paz.”

Por lo menos sobre la culpabilidad de Anthony Westley, uno de los presos que alegaban su inocencia, hay serias dudas y una campaña para tratar de probar que su ejecución, en mayo de 1997, fue un error.

Quizás el más patético clamor de inocencia es el de Leonel Torres Herrera, un obrero de padres latinos nacido en 1947 en Texas. Cierta tarde de septiembre de 1981, un agente de policía de carreteras vio un automóvil que marchaba a mayor velocidad de la permitida en Los Fresnos.

Cuando lo detuvo y pidió el pase al conductor, éste, por toda respuesta, sacó un revólver y apretó el gatillo. En plena agonía, el policía identificó a Leonel Torres Herrera como el hombre que le había asestado los disparos mortales.

Condenado a muerte en 1982, su abogado agotó los procedimientos legales para defenderlo, y el juez fijó la ejecución de la sentencia para el 12 de mayo de 1993. Ese día, Torres Herrera rehusó toda comida y cuando era llevado al lugar donde recibió la inyección fatal declaró: Soy inocente, inocente, inocente. Nada le debo a la sociedad. Una equivocación muy grande está ocurriendo aquí esta noche.

Cada vez hay más gente convencida de que, como señaló el reo No. 701 del pabellón de la muerte del estado de Texas, la pena de muerte es una equivocación muy grande.