En efecto, el Sr. Enrique Tejera París ha dicho públicamente que desea ser "el presidente la transición que ocurrirá cuando Chávez termine de salir del poder", y pareciera haber cierto consenso entre la derecha golpista en que él podría ser el nuevo dirigente de un "período de transición". Adeco, empresario, directivo de Inversora Mael (empresa que persigue la explotación de las minas de Oro Las Cristinas y quien está altamente interesado en promover su privatización para tomar completo control de estas), tiene todo lo necesario para enamorar a la clase media y a la derecha venezolana.

Su personalidad recuerda demasiado a la Pedro Carmona Estanga; en efecto, su forma de ser tan tranquila, serena y aparentemente suave es lo que se necesita para tener a una clase media tranquila en sus casas, convencidad de "la bondad de este dulce viejecito", mientras el pueblo es masacrado por un gobierno autoritario que, como primera medida (según él mismo aprobó cuando fue entrevistado esta mañana por Ricardo Durán), decretaría un toque de queda y un virtual estado de excepción en el cual se suprimirían las garantías y los derechos humanos básicos.



Este es un artículo de la revista Reporte del 22 de julio de este año.

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La disputa sobre uno de los depósitos de oro más importantes del mundo
EN LA GUERRA POR LAS CRISTINAS, LAS ZANCADILLAS ESTÁN A LA ORDEN DEL DÍA: O SON JURÍDICAS O SON POLÍTICAS

Ahora las diferencias se dirimen Guasipati y no precisamente “tomorrow nigth” sino de acuerdo a un “yesterday” que vincula al abogado Enrique Tejera París, aspirante a sucesor a Hugo Chávez Frías cuando se produzca la ansiada y, por lo visto segura “transición”.

La disputa sobre uno de los depósitos de oro más importantes del mundo ha tomado un extraño e inesperado giro en los últimos días, cuando el Abogado de Puerto Ordáz Rene Gutiérrez llevó para Guasipati, y para su correspondiente registro, una Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en 1998, y cuando todavía se le identificaba corno Corte Suprema de Justicia.

Guasipati, ese pueblo pequeño, tranquilo y donde se encuentra la Oficina de Registro que sirve el Municipio Sifontes y la Gran Sabana, pasa a convertirse ahora en el escenario donde se dirimen diferencias distintas a las de "tomorrow nigth", porque son de acuerdo a un "yesterday" en el que el nombre de mayor peso es el del abogado Enrique Tejera París, aspirante a suceder a Hugo Chávez Frías cuando se produzca la ansiada y, por lo visto, segura "transición".

En la guerra por las CRISTINAS...

Todos los documentos legales de la región, títulos, partidas, actas, sentencias y demás documentos son registrados en la Oficina Subalterna de Registro de Guasipatí, incluyendo los títulos sobre concesiones mineras. Cuando un Título de Concesión es revocado legalmente, o un Contrato es terminado, bien sea por acuerdo entre las partes o por sentencia dictada por un Tribunal de competente, debe registrarse tales actos en la misma Oficina donde se encuentra registrado el Título de que se trate.

En estos casos, en el registro del Documento, o lo que se conoce como el asiento, se coloca una nota, "Nota Marginal", que hace referencia al nuevo Documento registrado que se relaciona o afecta dicho Título, y esa especificidad fue la que dio origen al nuevo Capítulo en la Guerra por Las Cristinas.

El problema comienza cuando el Dr. Rene Gutiérrez presentó para su registro la Sentencia de 1998 que confirma los derechos del Estado sobre las concesiones de las Cristinas y los derechos de la Corporación Venezolana de Guayana para celebrar contratos para el desarrollo de las mismas. Y también ratifica que Inversora Mael nada tiene que redamar sobre tales concesiones, específicamente Cristina 4 y Cristina 6.

La Oficina de Registro revisó y aceptó el Documento del abogado Gutiérrez, y realizó el correspondiente registro, realizando también las debidas notas marginales a los documentos sobre los cuales se pronunciaba la Sentencia. Hasta ese momento, todo parecía estar en orden, Pero, repentinamente, se hizo presente en el sitio el también abogado caraqueño Enrique Tejera París y Directivo de Inversora Mael, subsidiada de Crystallex. Es decir, se presentó, en carne y huesos, el mismo hombre de reconocida trayectoria política y con funciones como Canciller en algún momento de su vida, pero que ahora proyecta una nueva figura: la del hombre de negocios con aspiraciones presidenciales para sustituir al Presidente Constitucional Hugo Chávez Frías, según recientes comentarios hechos en reconocidas publicaciones, y alguna entrevista en la que el misino protagonista lo confirma.

Que un abogado acuda a un Registro, desde luego, no es extraño, Pero en este caso el profesional lo hizo distinguido por su notable alteración, exigiendo explicación sobre el procedimiento seguido en la Oficina del Registro y reclamando la anulación de las "notas marginales" que se le hicieran al Documento registrado.

El Registrador, claramente sorprendido y, al parecer, intimidado por la importante visita del personaje de alto perfil con aspiraciones presidenciales y su comitiva, de forma casi inmediata, procedió a anular los asientos realizados.

Pero, realmente, ¿por qué el Registrador procedió de esa manera?. El argumenta y justifica que sus actos los hizo creyendo que el abogado René Gutiérrez había procedido a realizar los registros porque actuaba en representación de Crystallex.

¿Una nueva zancadilla en la guerra por las Cristinas?.

Desde el punto de vista jurídico, abogados consultados califican el procedimiento del Registrador de "escandaloso". Y es tal, porque, aparentemente, el Registrador resultó seducido por el autoproclamado candidato a la presidencia y profesional del derecho. Es decir, procedió deforma indebida y emotiva, apartándose de la obligación de actuar apegado a la ley, lo que equivale a hacerlo neutralmente ante la naturaleza de cualquier conflicto.

La ley otorga iguales derechos y establece el deber del registro de los documentos que ella determina, entre ellos las sentencias sobre bienes y derechos, pudiendo cualquier particular interesado o no llevar al Registro tales documentos públicos. Las Sentencias son documentos públicos. El Registrador debe tratar a rodas las partes por igual y, bajo ninguna circunstancia, puede tener preferencias o hacer favores.

Desde el punto de vista legal, intimidar para influenciar o afectar las labores y obligaciones de un funcionario público acarrea repercusiones consideran los abogados consultados. Y hasta es comprensible que el abogado Enrique Tejera Paris esté incomodo con el registro de la Sentencia y !a inclusión de las "notas marginales" en los títulos de su representada sobre las concesiones las Cristinas 4 y Cristina 6, ya que éstos, a pesar de ser un hecho desde antes de 1998 y al ser dictada la Sentencia, invalidan los derechos de propiedad de inversora Mael, pero lo incomprensible es su actuación ante el Registrador, y 1a de este último ante la figura política.

La Sentencia contradice las reclamaciones de inversora Mael sobre Las Cristinas ya que confirma que ésta, desde que firmara la transacción judicial con el Estado, no posee ningún derecho sobre tales propiedades. Y eso, de igual manera, justifica la preocupación del abogado Tejera París, quien con su firma, de paso, fueron receptores de millones de dólares en consideración por parte de Crystallex, aparte de él ser beneficiario de una cantidad considerable de opción de acciones de esa Corporación.

Pero ¿Qué es lo que representa las Cristinas para Crystallex?

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2001 de la empresa Crystallex muestran una inversión de US$ 42 millones en el Proyecto las Cristinas y sustentan tal registro en los Títulos que poseía Inversora Mael.

Un reporte publicado en el "Vancouver Sun" menciona que los auditores externos de Crystallex firmaron los Estados Financieros para el ejercicio fiscal 2001, luego de que el Ministerio de Energía y Minas de Venezuela anunciara la revocatoria cíe los derechos de Minera Las Cristinas, compañía anónima –MINCA- sobre las concesiones mineras. Como es sabido en es país, tal decisión es hoy objeto de un procedimiento ante el Tribunal Supremo de Justicia y, bajo ningún concepto, transfiere los títulos o derechos a otra persona.

Sin duda, es evidente que la suerte de Crystallex está comprometida con la estabilidad de Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías y que los Estados Financieros de la Compañía de penden de algún derecho que le sea otorgado sobre la mina de Las Cristinas.

Y que, ante la negativa de la propietaria del 95% de las acciones de MINCA, Vannessa Ventures, a ser intimidada, y la admisión del Tribunal Supremo de Justicia de la solicitud de nulidad de terminación unilateral del Contrato por la CVG, un desenlace favorable para Crystallex luce incierto, a pesar de los esfuerzos y de la inversión hedía hasta el momento, la cual no ha sido en el desarrollo del Proyecto ni de la economía local de la zona donde está ubicado el desarrollo aurífero. Es cierto, ante los ojos del ámbito minero nacional e internacional, ha aparecido la figura de la reserva nacional de Las Cristinas a través de un Decreto Presidencial, que le despeja la vía a Crystallex, para que, de alguna forma, recibiera algún derecho sobre las minas. Sin embargo, el Decreto Presidencial es hoy también objeto de un proceso de nulidad ya admitido por el Tribunal Supremo de Justicia, sobre las de la inconstitucionalidad e ilegalidad, además de ser notoriamente discriminatorio.

El tratado bilateral tiene peso de dialogo extrafronterizo

Por otra parte, la situación se complica a6n más cuando Vannessa Ventures ya le ha notificado a los órganos de Gobierno que proseguirá en la defensa de sus derechos, y el cumplimiento del debido proceso contemplados en el Traído Bilateral entre Venezuela y Canadá, por cuanto los entes del Estado han emprendido acciones que le han negado a MINCA: el acceso a la justicia y al debido proceso legal que valora la existencia de un acuerdo contractual, además de contractual intentos dirigidos; a lograr subsanar las diferencias por la vía del diálogo y el entendimiento amigable.

El procedimiento establecido en el Tratado Bilateral contempla un mínimo de 6 meses de etapa conciliatoria o amistosa para instar a las partes a resolver la controversia de mutuo y amistoso acuerdo. En caso de no alcanzar ningún acuerdo o lograrse el diálogo Vannessa Ventures, podrá, vencidos los 6 meses formalizar el arbitraje bajo el Tratado.

La nueva zancadilla en la Guerra de Las Cristinas tiene ahora connotaciones políticas. Y así lo dio a conocerla empresa canadiense dentro y fuera del país hace pocos días. Sus voceros dijeron estar desconcertados par la forma como la Asamblea Nacional condujo la investigación solicitada por ellos con relación a tos actos ejecutados por la CVG con respecto al cumplimiento del Tratado Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones. Ante el hecho, elevó la queja a la Embajada de Canadá y !e solicitó al Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado William Lara. que se abocara a conocer del asunto.

Vannessa declaró haber solicitado una investigación y considera escandaloso que la Comisión haya publicado un Informe (Final) con el solo testimonio de la CVG y sin que MINCA hubiera tenido la oportunidad de dar su declaración formal ante la Comisión. El informe fue publicado 5 días antes de la reunión fijada a MINCA para rendir su declaración ante la Comisión, y contiene declaraciones sesgadas, fundamentadas en interpretaciones "dirigidas" de los hechos. Dicho de otra manera, según los representantes de Vanncssa, el procedimiento parlamentario se traduce en graves irregularidades y la responsabilidad recae en los parlamentarios y técnicos que condujeron la averiguación, y así lo expone a ia máxima autoridad del parlamento.

Para este momento, y de acuerdo a los hechos que han rodeado la llamada Guerra de Las Cristinas, el desenlace no tiene un favorecido plenamente identificado, en cuanto a quien se quedará con el Proyecto Las Cristinas. La salida está en manos del Tribunal Supremo de Justicia o de Arbitros Internacionales, y hasta que concluya el proceso, la dueña legítima, según el ordenamiento jurídico venezolano, es MINCA.

Pero es que ya concluyó la fase de las zancadillas jurídicas y políticas?. Porque en eso confió el abogado René Gutiérrez cuando fue al Registro de Guasipatí y se encontró con que estaba equivocado. Por otra parte, la incompetencia política y gerencial de los Alcaldes de la región donde está radicado el Proyecto, los ha llevado a conformar una comparsa de clamores y supuestas pruebas de que los graves problemas sociales de desempleo y delitos en la están sumidas sus poblaciones, obedece a la paralización de Las Cristinas. Mientras tanto, una treintena de proyectos mineros activos en la región no les dan respuestas a la necesaria solución de los problemas. ¿Entonces?, ¿es esta misteriosa situación la que servirá de base al nuevo capítulo?. Amanecerá y veremos.