Inmediatamente a la caída del régimen de Pérez Jiménez, cuando todavía los sectores populares eran llamados “el heroico pueblo”, Rómulo Betancourt recibe la banda presidencial y ese mismo día, 13 de febrero de 1959, profiere su amenaza de “aislar y segregar” a los comunistas, asestando el primer golpe al llamado “espíritu del 23 de enero”. Es de recordar que Caracas votó mayoritariamente contra los adecos y fue marcadamente represiva la respuesta del gobierno hacia sectores como Lomas de Urdaneta, 23 de Enero, La Charneca y Lídice, en cuyos territorios actuaban los cuerpos represivos y bandas armadas como si de un ejército de ocupación se tratara.

El 4 de agosto de 1959 una manifestación en la Plaza “La Concordia” es disuelta a balazos por la Policía Municipal y son asesinados los desempleados Juan Francisco VILLEGAS, Rafael Simón MONTERO y Rafael Baltasar GONZÁLEZ. En los comunicados del gobierno ya los sectores populares que toman la calle no son “el heroico pueblo que dio al traste con la oprobiosa dictadura” y se van convirtiendo en ex-reclusos de “El Dorado” y en inadaptados. Es de señalar que hasta ese momento nadie habla en el país de lucha armada.

En octubre de 1960 hay un repunte del movimiento popular y para noviembre de ese año las bandas armadas de AD, las policías y fuerzas militares reprimen y son asesinados Natalia CHINAGLIA, Carlos NARANJO, Wilfredo CARRILLO, Santos CHAURON, Rosario MUJICA, Carlos GUÍA, Pedro HAZIM, Luis GONZÁLEZ, Antonio MOGOLLÓN, Vicente SOLER, Rafael RAMÍREZ y José MONTESINOS.

En febrero de 1961 Betancourt vocifera que las calles no son del pueblo sino de la policía y en su política traduce y aplica las aberrantes prácticas --genéricamente conocidas como “maccartismo”-- que en los años cincuenta desarrolló el gobierno estadounidense contra sectores intelectuales y progresistas una de cuyas consignas centrales era precisamente “shooting first, investigating afterwards” (‘disparar primero, averiguar después’) y en su arremetida la represión asesina estudiantes como Edgar GONZÁLEZ MÁRQUEZ, sobrino del entonces Senador Pompeyo Márquez; Alberto RUDAS MEZONES y Livia GOUVERNEUR, abatida por secuaces de Salvador Romaní, ese mismo que se observa en el video “Asedio a una Embajada” destruyendo autos para después evadir responsabilidades.

En 1962 continúa el baño de sangre y son asesinadas cerca de sesenta personas, incluyendo menores como Álvaro RUIZ, estudiante de la “Agustín Aveledo” y el militante comunista José Gregorio RODRÍGUEZ, torturado en la DIGEPOL y luego lanzado por una ventana. En iguales circunstancias son muertos José VÁSQUEZ LA TORRE en la Prefectura de “El Hatillo” y Esteban PADILLA en la Policía de Petare. No hay garantías constitucionales pues en sucesivos decretos habían sido suspendidas, primero en el Distrito Federal y Estado Miranda para extenderse luego a todo el territorio nacional. Fueron decretados también el cese de actividades para el PCV y el MIR (09-05) y después su ilegalización (08-10). Las cárceles se llenan de presos políticos y muchos militantes toman las armas bajo consigna de combatir a uno de los gobiernos más entreguistas y represivos. Los Senadores y Diputados del PCV y del MIR son hostigados por funcionarios de la DIGEPOL, cuya Jefatura de Investigaciones se hallaba a cargo del ex-cubano Orlando GARCÍA VÁSQUEZ, gangster de confianza de Carlos Andrés Pérez.

A mediados de 1963 se le informa confidencialmente a los oficiales de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que los parlamentarios de los partidos PCV y MIR serían desalojados del Poder Legislativo, como efectivamente ocurrió a partir del 30 de septiembre cuando es atacado el tren de “El Encanto” y funcionarios policiales allanan las casas de esos legisladores en una escalada que finalizará con el encarcelamiento de varios de ellos.

La tortura es institucionalizada y con ella un delito colateral no menos repugnante: la desaparición de venezolanos detenidos por cuerpos represivos y de quienes no se tuvo más noticia en una ejecutoria que alcanzaba límites increíbles de crueldad y cinismo pues voceros de los partidos AD y COPEI lanzaban hipótesis descabelladas buscando desinformar a los deudos y justificar el delito cometido por sus policías.

Uno de los casos más horrendos fue el del camarada Alberto Lovera, detenido frente a la plaza de “Las Tres Gracias” el 18 de octubre de 1965 aproximadamente a las 18:00 horas por funcionarios de la DIGEPOL y trasladado a las instalaciones de esa policía en “Los Chaguaramos”, donde fue visto por otros presos, algunos de los cuales declararon posteriormente que el auto de Lovera, un “Mercedes” de color azul, se hallaba aparcado en el estacionamiento del organismo represivo.

La esposa de Lovera, María del Mar Álvarez, comenzó el vía-crucis acostumbrado en esos tiempos para saber el paradero de cualquier preso político sin obtener respuestas concretas sino evasivas o simples negativas, mientras Carlos Canache Mata, por ejemplo, escribía ristras de sandeces mal intencionadas tratando de negar la responsabilidad de su gobierno, su partido y su policía política en las torturas que sufría el desaparecido. La inmoralidad de adecos y copeyanos era tanta que llegaron a esparcir la especie de que Lovera se había “ablandado” en su línea política y por ello había sido ejecutado por sus propios compañeros de línea “dura”.

La verdad surgió del mar en una playa de Lecherías, Anzoátegui, donde un grupo de criminales con chapas policiales y apoyo institucional había lanzado el cuerpo sin vida después de haberlo sometido a insoportables tormentos. La exhumación indicó que las yemas de sus dedos habían sido rebanadas, tenía vértebras cervicales desprendidas y para que se hundiera le ataron una cadena con un pico de los usados en construcción.

Alberto volvió para señalar a sus torturadores y asesinos, pero ¿dónde están Donato CARMONA, José Ramón y Andrés PASQUIER, Eduardo Navarro LAURENS, César BURGUILLOS, Felipe MALAVER, Francisco PALMA PRADO, Alejandro TEJERO CUENCA y Luis HERNÁNDEZ?

Así eran los meses y años negros de terror y rojos de sangre que sufrió Venezuela y que hoy rememoran adecos, copeyanos y “empresarios” que medraron a la sombra de tanto dolor y miseria, realidad ante la cual no hubo protesta de organización nacional o internacional. Y es por ello que andan anunciando, con su nada disimulada sed de sangre, otros meses y un futuro de luto y crimen para este pueblo que se cansó de sufrirlos.

No es cosa de ignorarlos, sin embargo, pues tienen mucho poder financiero y mediático además de ser correas de transmisión cuyos motores se hallan lejos de aquí. Pero es explicable que un aparato como la cúpula de la CTV haga cualquier cosa por recuperar los jugosos cheques de colaboración que salían regularmente de Miraflores y los cobros de costas sindicales por cada contrato vendido. Es lógico que los partidos desplazados intenten volver a los tiempos del control presupuestario, es decir, de los buenos negocios con las nóminas fantasmas, las comisiones por obras realizadas o no, los porcentajes por el contrabando, las ventas de armas, permisos y todo lo que pueda comprarse. Es entendible que los empresarios de maletín añoren las relaciones de intimidad con gobiernos que les prestaban dinero sin la molestia del cobro, que les facilitaban ganancias mediante exoneraciones y políticas laborales de disciplina y quietud en las filas de los trabajadores, que se hacían de la vista gorda frente al contrabando y la evasión de impuestos, que les daban cuotas de ministerios e institutos autónomos.

Pero también es bueno asimilar la lección que la historia nos brinda pues en alguna parte deben estar las respuestas a por qué muchos de los dirigentes, “jefes” y “comandantes” de esos militantes torturados, asesinados y desaparecidos están hoy coordinadamente encompinchados y bajo la dirección política de los autores intelectuales y materiales de esos crímenes.

Otra razón, si es que faltaba alguna, para que el movimiento popular asuma la responsabilidad de organizarse, aquí y ahora, sin muletas ni sabios políticos cuyos intereses nada tienen que ver con los suyos. Solo la concepción de sí mismo como ente autónomo abrirá los caminos para la constitución de un sólido cuerpo capaz de moverse firme y seguramente hacia sus propios objetivos. Uno de ellos, inmediato, es evitar que las reformas propuestas a la Ley de Tierras sean aprobadas pues deformarían su sentido estratégico.

Quienes no seamos capaces de aceptar esa realidad pues nos bajaremos del tren, a menos que decidamos pasar a la otra acera y convertirnos en enemigos. Y en cuanto a quienes así lo hicieron, repitamos lo que dicen que decía Camus: “No es el odio el que hablará mañana sino la justicia misma, fundada en la memoria”.


Ángel Cristóbal Colmenares E. (catirecolmenares@hotmail.com)