El sábado 15 de marzo de 2008, casi a las 12 de la medianoche culminó la audiencia penal de presentación e incriminación ante un Juez de Control de 53 trabajadores de la empresa Sidor, C.A. (Siderúrgica del Orinoco) (1). Ante la falta de pruebas y de no determinación de la responsabilidad de los trabajadores imputados, el Juez se vio en la obligación de ordenar la libertad plena de todos; advirtiendo, sin embargo que consideraba que se había cometido el delito establecido en el artículo 357 del Código Penal manteniendo abierta la averiguación y también ordenó remitir copia de las actuaciones al Fiscal de Derechos Fundamentales para averiguar sobre los delitos cometidos por los funcionarios que actuaron en el operativo represivo.

 

La detención de los trabajadores se produjo el día viernes 14/03/08 con ocasión de una concentración en la cual un grupo de unos 200 o 300 trabajadores rechazaban la última propuesta de la empresa en la discusión de la convención colectiva que se lleva a cabo actualmente y asistían a una convocatoria pública que el Ministerio del Trabajo junto con SIDOR hicieron pretendiendo realizar un referéndum contra el consentimiento del Sindicato y los Trabajadores. (Paradójicamente ese mismo día en Caracas el presidente Chávez juramentaba la directiva nacional del PSUV y resaltaba el compromiso indisoluble con los trabajadores que caracterizó la vida de Carlos Marx en conmemoración del aniversario de su muerte en 1883).

 

LOS TRABAJADORES CONGREGADOS PACÍFICAMENTE EN LAS INMEDIACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA FUERON DISUELTOS MEDIANTE UNA FEROZ Y CRUENTA ARREMETIDA DE LA GUARDIA NACIONAL Y DE LA POLICÍA ESTADAL. Fueron perseguidos y hostilizados por los cuerpos armados, maltratados y heridos, vejados y finalmente detenidos, según relatan los testimonios individuales rendidos ante el juez por una docena de los detenidos con la confirmación de todos los demás. Los vehículos de muchos trabajadores y de otras personas fueron destrozados deliberadamente por los uniformados, incluso muchos de ellos en el estacionamiento del comando de una compañía de la Guardia Nacional ubicado dentro de las instalaciones de la empresa. Las detenciones se produjeron mediante una especie de cacería humana desatada contra los que portaban el uniforme de la Empresa y otros que transitaban por el lugar y fueron confundidos con ellos.

Es muy grave y revela una saña impropia de fuerzas del orden en una República y más en una revolución Bolivariana, que todas, absolutamente todas, las detenciones se produjeran después de disuelta la concentración, mediante un intenso y meticuloso patrullaje motorizado de los uniformados por decenas de cuadras a la redonda y con la instalación de retenes (alcabalas) en sitios adyacentes, pero a  distancia de unos 3 a 6 KM del sitio, cuando fueron deteniendo a los que portaban el uniforme o suponían que eran trabajadores de SIDOR, algunos de ellos fueron detenidos horas después, cuando fueron a buscar sus vehículos que se encontraban estacionados en la vía.

 

Otros fueron sacados a golpes y patadas de los vehículos sin ningún tipo de consideraciones y a algunos les dispararon estando dentro de los vehículos. Los vehículos quedaron abandonados con las llaves y muchos encendidos. Más de una docena de estos detenidos recibieron heridas por disparos de escopetas con perdigones de caucho hechos a quema ropa, sus heridas estaban sangrantes en la audiencia y fueron mostradas al Juez. Todos, sin excepción, fueron golpeados brutalmente con los bastones, culatas, escudos y cascos, pateados, muchos en el rostro. Los trabajadores y personas no ofrecieron ninguna resistencia y aún así recibieron brutales golpizas. A varios de los trabajadores les arrojaron spray líquido con químicos ahogantes simplemente para hacerlos callar cuando preguntaban por la causa de la detención. CON LOS DETENIDOS DENTRO DE LAS PATRULLAS, TOTALMENTE SOMETIDOS, LES ARROJARON LÍQUIDOS EN LOS OJOS, BOMBAS LACRIMÓGENAS Y LOS GOLPEARON REPETIDAMENTE CON EVIDENTE SADISMO.

 

Los detenidos fueron arrojados en una cancha deportiva en medio del sol desde las 11 o 12 del día. LOS HERIDOS NO FUERON ATENDIDOS DE INMEDIATO, SINO DESPUÉS DE VARIAS HORAS por el ruego insistente de los detenidos y la intervención de Pastora Medina, diputada nacional y funcionarios de la Defensoría del Pueblo que fueron instados con persistencia por familiares, abogados y dirigentes sindicales para que asistieran al lugar de la detención. Por cierto, la actuación de la Defensoría del Pueblo fue totalmente negligente y complaciente con el atropello, no se hizo presente en la audiencia ni ha hecho ninguna declaración pública y no sabemos que haya dirigido ninguna solicitud ante el Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público para Derechos Fundamentales no apareció nunca.

 

Según todos los testimonios concordantes, los uniformados atacaron y detuvieron a los trabajadores sin mediar palabras en una actitud agresiva y aparentemente predeterminada. Cerca de 200 efectivos, según los propios informes de los organismos, fuertemente apertrechados, fueron los que atacaron en una especie de operación tenaza, mientras el grupo de trabajadores no llegaba a 300 personas en una desproporción notable.

 

Los detenidos fueron puestos en libertad plena después de casi cuarenta horas de detención por el Juez Penal de Control. A las puertas del edificio de los Tribunales (Palacio de Justicia) se encontraban congregados más de 2000 personas entre familiares y trabajadores de la acería que rechazaron enérgicamente la conducta gubernamental, muchos de ellos con lágrimas en los ojos y manifestaban gran decepción. Allí se improvisó una gran asamblea proletaria y popular en la cual se hicieron cortas intervenciones de los Abogados defensores, dirigentes sindicales de SUTISS, dirigentes sindicales de otras empresas de la industria básica, algunos de los trabajadores detenidos y familiares, entre otros.

La Asamblea y los que hicimos uso de la palabra expresamos el más categórico rechazo a la agresión brutal de que fueron objeto los trabajadores, el carácter terrorista de tal agresión, la condena a los agresores directos y a quienes la ordenaron, la exigencia al gobierno y a las instituciones que cumplan con su deber de identificar a los responsables, castigarlos con la severidad del caso y que procedan a la indemnización de los daños causados. Los Trabajadores presentes exigieron públicamente la destitución del Ministro del Trabajo y la reorganización del Despacho y demandaron que la administración no intervenga beneficiando al patrono ni amedrentando a los trabajadores y descalificando a la dirección sindical. Varias intervenciones señalaron al gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, (2) como uno de los principales responsables de la brutal agresión y al Ministerio del Trabajo (3)  como cómplice de la misma, la cual por lo injustificada, inaudita e inesperada parecía un plan deliberadamente urdido para escarmentar a los trabajadores, desalentar la lucha y desbaratar a la dirección.

Por otra parte, se reafirmó  la voluntad de lucha de los trabajadores, su apego a las leyes, su decisión de luchar por la defensa de sus derechos y por obtener una Convención Colectiva que contemple mejoras sustanciales en el salario, las vacaciones, utilidades, el reconocimiento del desempeño o méritos y otras reivindicaciones contenidas en las cláusulas pendientes por acordar.

NOTA 1: SIDOR, identificada ahora también como TERNIUM SIDOR, es la Empresa bandera del desarrollo industrial del país ubicada en el Estado Bolívar al sur del país frontera con Brasil y asiento de varias industrias básicas. Es una gran acería con capacidad para producir 5 millones de toneladas métricas de productos de hierro y acero, en la cual laboran cerca de 15 mil trabajadores industriales, de los cuales 5 o 6 mil son de la nómina directa y otros 9 o 10 mil están tercerizados. SIDOR, fue privatizada en el año 1997 y actualmente es propiedad en un 60% del CONSORCIO AMAZONIA, filial del grupo TECHINT, una transnacional de origen argentino, con fábricas en Argentina, Brasil, México y ahora en Venezuela; la cabeza principal de este grupo es un poderoso industrial de apellido ROCA. La Corporación Venezolana de Guayana (CVG), tiene 20% y el otro 20% fue distribuido entre personas que trabajaron en la empresa y que trabajan actualmente a quienes se les estableció una cuota dependiendo de su rango y un lapso de adquisición y pago, todo por mandato de la Ley de Privatización en vigencia desde el Gobierno neoliberal de Rafael Caldera.

NOTA  2: Francisco Rangel Gómez es un General de División del Ejército en retiro de reconocidas posiciones derechistas, aunque viste de rojo y habla del socialismo, compañero de graduación del Presidente Chávez en la Academia Militar y no participó en ninguna de las rebeliones militares de 1992. Designado por éste como candidato para ese cargo en el 2004 en cual sucedió a otro militar retirado, el capitán del ejército Antonio Rojas Suárez, participante del movimiento cívico militar del 4 de Febrero de 1992, detenido durante dos años en el Cuartel San Carlos. Ambos militares son señalados por haber cohonestado públicamente el golpe de estado fascista de Pedro Carmona Estanga y el alto mando militar el 11 de abril de 2002. Rangel Gómez es señalado en  notas periodísticas de haberse enriquecido en el ejercicio de los cargos desempeñados; Secretario del Despacho Presidencial y antes de ser Gobernador, Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Instituto creado para el desarrollo industrial pesado en el Estado Bolívar y sus alrededores; propietaria de la tierra urbana y detentaba la mayoría accionaria de las grandes empresas básicas de Acero, Aluminio, Alúmina, Bauxita, Electricidad, Hierro, Oro, Carbones industriales, Forestales, entre otras. Ha tenido y mantiene dentro de su gabinete a reconocidos miembros de los partidos tradicionales y se denuncia sus relaciones con grupos económicos vinculados a la IV República quienes reciben privilegiados contratos de la Gobernación y que ejerce un estricto control político y económico sobre numerosos medios de comunicación en la región.

NOTA 3: El ingeniero José Ramón Rivero fue sorpresivamente designado como Ministro del Trabajo en 2007, no reúne las más elementales condiciones para el ejercicio del cargo se le conoce como parte del grupo de Rangel Gómez, por cuya influencia fue candidato a diputado nacional en las elecciones sin contendores del 2005 con record de abstención cercana al 80% y designado encargado del cuestionado Comando Zamora para el referéndum presidencial de 2006. Se le conocen estrechas relaciones con el sector empresarial que representa inversiones de capital trasnacional en la minería de oro al sur del Estado Bolívar y es parte de una de las fracciones de la dividida Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), uno de los movimientos que respaldan el proceso de cambios en el país.