Quito, Ecuador - Marcelo Larrea* para Adital - A la crisis política, social
y económica, se suma ahora la emergencia a la superficie de incendiarios
conflictos internos en las Fuerzas Armadas y el inicio de un proceso penal
por la explosión de los arsenales de la Brigada Galápagos, que en noviembre
del 2002 estremeció a la ciudad de Riobamba, ocasionando una cantidad
indeterminada de muertos y heridos militares y civiles y destrozos que
afectaron a más del 60% de la población.

El caso ha salido a la escena luego del discurso de Lucio Gutiérrez en la
ONU, en la que ratificó su adhesión a la estrategia del Presidente Uribe de
abrir las puertas al ingreso de una fuerza multinacional en el conflicto
colombiano.

La instrucción del ministro Fiscal, Juan Rivera, expone que la tragedia se
desencadenó por la repotenciación de las municiones sin las normas de
seguridad, según lo establece el contrato de repotenciación de las granadas
y municiones de la Fuerza Terrestre provocando lo que califica como un
homicidio intencional. Él solicita se dicte la orden de prisión preventiva
contra los Generales Norton Narváez, ex comandante del ejército, y Oscar
Isch, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El pronunciamiento del Fiscal, riguroso y severo con las formalidades del
contrato, no da un tratamiento similar a los hechos y a las hipótesis de que
el siniestro fue deliberadamente provocado para ocultar la desaparición
ilegal de armamento, como ha ocurrido en otros arsenales del país.

Isch, cuando ejerció sus altas funciones, realizó pronunciamientos continuos
en oposición al uso de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en el Plan Colombia
impulsado por Washington. Pero luego de la posesión del Presidente
Gutiérrez, los militares ecuatorianos se han visto involucrados cada día más
en la frontera norte.

Hoy mismo, EEUU presiona porque a los 7.000 soldados ya instalados en la
zona limítrofe se sumen 3.000 más, lo que implica la virtual concentración
de sus fuerzas en la estrategia de Washington y Bogotá para su participación
en la guerra sangrienta. De igual forma insiste en una mayor asignación de
recursos a las Fuerzas Armadas, dirigidos a ampliar su equipamiento humano y
bélico. La demanda está asociada a un informe del Comando Conjunto el cual
advierte que en una guerra no convencional como la que sacude Colombia, se
requieren de 10 soldados por cada adversario armado.

La pretensión del Pentágono de ampliar sistemáticamente sus operaciones en
Ecuador que amenaza transformar al país en un enclave armado para ser usado
en una guerra que no es suya y en la protección de los intereses de
Washington que tampoco son suyos, combinada con la dócil orientación del
Presidente Gutiérrez, es causa de un creciente malestar social.

El ex jefe del Comando Conjunto, Oswaldo Jarrín, declaró que Ecuador no debe
buscar una solución militarista al conflicto colombiano, detrás del cual ve
una enorme demanda social que debe ser atacada.

El Plan Colombia está confrontando a tendencias opuestas y ha empezado a
regar pólvora en los cuarteles.

* Marcelo Larrea es corresponsal de Adital y director de la revista "el
Sucre".
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