El criminal sabotaje que contra la principal empresa energética venezolana comenzó en diciembre de 2002 provocó, además de ingentes pérdidas para el país, una contundente respuesta del colectivo nacional, especialmente de los sectores más desposeídos, quienes soportaron estoicamente la escasez de gas doméstico y de alimentos.

Una vez los saboteadores comenzaron a ser expulsados de PDVSA y ante la cerril actitud por ellos asumida con el apoyo de gobernadores, alcaldes, curas, “periodistas” y militares golpistas, nutridos grupos de compatriotas ocuparon zonas adyacentes a refinerías y plantas de llenado garantizando con su presencia y actitud combativa la integridad de la empresa.

Por su parte, oficiales, clases, soldados y personal civil de la Fuerza Armada asumieron similar actitud frente al brote fascista de la “gente del petróleo”.

Y PDVSA pudo sobrevivir al atentado. Y luego supimos que todo el colectivo nacional, ese que hasta el año 2002 había sido completamente ignorado por la empresa, era nada menos que accionista originario de PDVSA y de todas sus filiales. Es decir, éramos, sin excepción, personas vinculadas a la industria petrolera.

Y entendimos el alcance del artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto reza: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público.”

Léase con atención: bienes del dominio público, es decir, de tod@s l@s ciudadan@s estén o no dentro de la corporación, pues el artículo 62 de la misma Constitución reza: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la función pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto intelectual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

¿De dónde saca entonces el señor Nelson Núñez, directivo de PDVSA y presidente de SINUTRAPETROL, que “el Primer Congreso Petrolero Nacional no cuenta con ninguna legitimidad porque es promocionado por personas ajenas a la industria petrolera?”

Porque si es cierto que somos accionistas originarios de PDVSA y de todas sus filiales, se cae de maduro que no somos ajenos a ella. ¿O es que el casette pedeveco le jugó una mala pasada al señor Núñez?

Cualquier compatriota tiene el deber y el derecho de participar en la formación, ejecución y control de la gestión pública, y si hay quienes opinan que los participantes en el Congreso “desvirtuamos la realidad de la reestructuración”, pues que lo exponga en el Congreso, organizado precisamente para debatir, para intercambiar ideas, para profundizar el conocimiento que todos debemos tener acerca de nuestra principal industria energética, tanto tiempo secuestrada, convertida en máquina de hacer dinero y cantera de falsas credenciales meritocráticas.

Además, ¿cuál reestructuración estamos desvirtuando?, ¿o es que el señor Núñez no ha leído las denuncias de los médicos que componen la Comisión de Reestructuración acerca de las maniobras y trampas para que todo siga igual?, ¿o el señor Núñez ignora que la cultura organizacional fundada por las transnacionales y continuada por la PDVSA “nacionalizada” sigue vivita y coleando?

Los fines explícitos del Primer Congreso Petrolero Nacional de trabajadores, comunidades organizadas, pueblos indígenas y Fuerza Armada Nacional, discutidos y aprobados en tres encuentros sucesivos realizados en Oriente, Zulia y Carabobo, son debatir todo lo concerniente al presente y futuro de nuestra empresa energética con todas sus implicaciones políticas, técnicas, jurídicas, económicas y sociales para proponer, con base en los diagnósticos, su reestructuración y adecuación a los fines que debe alcanzar.

¿Qué haya agendas ocultas? Es posible, pero un Congreso es sitio para debatir, para elaborar, para confrontar ideas y proponer soluciones, y si alguien tiene intenciones distintas a las expuestas en los eventos previos pues que las exteriorice y asuma su responsabilidad.

En lo que a este servidor respecta, sostengo no tener compromisos con guerras particulares, con odios personales ni grupales y mucho menos con presuntas o reales conspiraciones para derrocar a la Junta Directiva. Creo que Alí Rodríguez Araque tiene una trayectoria que debemos reconocer, pero también es administrador de nuestra empresa y está en la obligación de rendir cuentas y dar explicaciones al colectivo nacional. Y no tolero que Alí Rodríguez sea acusado sin pruebas y sin derecho a la defensa.

Pienso así mismo que Víctor Poleo es un “cuadro” técnico valioso, quien puede aportar mucho para la recuperación de nuestra principal industria energética y no es aceptable que sea descalificado por expresar opiniones o dar informaciones que por lo demás firma en asunción de responsabilidad.

Milito con el compromiso de transformación de la sociedad venezolana de acuerdo con el excelente programa incluyente, humanístico y cohesionador detallado en la Constitución Nacional, el cual nos exige un gran esfuerzo por superar diferencias y desencuentros siempre y cuando éstos no sean de tipo moral.

PDVSA debe ser convertida en una empresa al servicio del desarrollo del país, articulada con los fines que la Constitución señala y demanda.

Y el Primer Congreso Petrolero Nacional es buen escenario para debatirlo.