No es sorprendente la propuesta del Presidente de organizar la defensa de los estados incorporados al bloque de naciones que configuran la Alternativa Bolivariana. Ni sería pasmosa la misma proposición hecha en el seno de la Unión Suramericana (Unasur).
Es una práctica ancestral la asociación entre pueblos para defender sus intereses y su territorio frente a amenazas y actos hostiles de otras poblaciones. Lo extraño es que se levanten voces opositoras al ejercicio de lo que en el Derecho Internacional es no sólo una potestad de los estados, sino incluso una obligación. Efectivamente, hasta este momento no ha existido ningún instrumento eficaz para garantizar la seguridad estratégica de las naciones que la institucionalización de fuerzas militares que garanticen una relativa protección a los pueblos en el ejercicio de su legítimo derecho a su autodeterminación.
Lo insólito es que quienes expresan esas censuras no lo hiciesen durante el largo período (1948-1982), durante el cual formamos parte de una alianza militar -el Tiar- destinado a defender los intereses de un Estado (EEUU) de este hemisferio, a costa de la indefensión de los restantes 34 que configuran el mapa político de la región. Incuestionablemente, estas últimas comunidades políticas se convirtieron durante ese lapso en escenarios de conflictos internacionales e intranacionales, en los cuales sus precarios aparatos militares protegieron los intereses y el territorio de EEUU, hasta el punto de cometer crímenes de lesa humanidad, condenados por la opinión pública internacional, contra sus propias poblaciones. Un hecho del cual queda la secuela colombiana, donde el terrorismo de Estado -con graves implicaciones en su entorno vecinal- apoyado por el enorme potencial bélico usamericano, continúa siendo teatro de una guerra perjudicial para esa nación.
Y si la defensa militar ha sido hasta ahora la única garantía para la independencia de los pueblos a pesar del desarrollo de instituciones supranacionales orientadas al mantenimiento de la paz, en la actualidad, cuando Washington decidió actuar unilateralmente en el contexto internacional, esta actitud se convierte en una necesidad para los pueblos indoamericanos. No hay dudas de que durante su larga vigencia el Tiar fue ineficaz para garantizar la seguridad requerida por los 34 socios indoamericanos que han integrado la alianza. Y es un hecho que en la práctica se revocó en 1982, cuando no se activó ante la presencia de un ataque militar extracontinental (inglés) contra uno de sus miembros (Argentina), justamente su razón de ser.
Por ello, y ante la amenaza directa de agresiones contra cualquier país del mundo en el marco de una supuesta "guerra antiterrorista", la activación de mecanismos de defensa contra semejante amenaza es simplemente un derecho. Y en este caso resultaría estúpida o maliciosa una interpretación de esta propuesta como un acto hostil. El conjunto de los estados del Alba, e incluso el agregado de los que conforman Unasur, no representa ni siquiera 1% del poder militar de esta hiperpotencia, hoy considerada como una amenaza a la humanidad y la vida.
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