La democracia y la constitucionalidad se encuentran hoy amenazadas por el golpismo terrorista y fascista, frente al fracaso de sus planes para derrocar el gobierno legitimo y legal del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, estos sectores de la oposición han escogido el camino del terrorismo, del sabotaje económico y del asesinato a mansalva para el logro de sus propósitos.
La muerte de Joe Castillo activista de los derechos humanos de la Vicaria de Machiques, en presencia de su esposa e hija, ocurrida hace poco más de un mes, nos coloca de nuevo ante la amenaza concreta de que este modus operandi se convierta en la forma expedita de la oposición golpista de demostrar por la vía de los hechos de que “quien no está conmigo (y se somete a mis intereses) está en mi contra”.

El sicariato político anda en el país como Pedro por su casa, acompañado por el silencio cómplice de los dueños de los medios de comunicación privados audiovisuales, escritos y radiales, quienes están metidos hasta los tuétanos en la conspiración fascista y de personeros de algunas organizaciones de derechos humanos que rompieron definitivamente con el equilibrio que les caracterizaba y ahora cumplen el triste papel de comparsa al servicio de la mentira, la manipulación y la discriminación social y política.

Aunado a los sucesos del 11 al 14 de Abril del 2002, los asesinatos de la Plaza Bolívar y de Los Próceres y los ya esclarecidos hechos que incriminan a los militares disidentes de la Plaza Francia en homicidios contra su propia gente; se presenta lo que pareciera ser un plan de aniquilamiento sistemático de dirigentes campesinos en por los menos 10 Estados del país; por sicarios pagos por terratenientes que se niegan a aceptar la ley de tierras, por ese motivo es responsabilidad del Estado brindar la protección a la integridad física de estos ciudadanos luchadores sociales. Desde el año 2002 y hasta la fecha pasan de setenta el número de asesinatos de dirigentes sociales en las zonas fronterizas del país y zonas rurales de varios estados de l país.

La impunidad no debe seguir protegiendo a los autores intelectuales y materiales de esos asesinatos. Lo contrario sería abrir las puertas a algo tan peligroso como es la búsqueda de la justicia por sus propias manos, es decir, “ojo por ojo y diente por diente”, la ley de Talión…

Lo contrario seria aceptar que el golpismo tiene el privilegio de actuar a sus anchas sin ninguna clase de limites, aunque eso implique violar el derecho más sagrado, como es el derecho a la vida.

El poder ejecutivo, legislativo y judicial, conjuntamente con la defensoría del pueblo no sólo deben alzar sus voces repudiando esos homicidios premeditados, sino que deben actuar con mano dura para ponerle un parao al sicariato de campesinos, mediante la activación de los comandos operacionales móviles en las zonas fronterizas. La ciudadanía y sobre todo los familiares de la victimas esperan lo mismo de la Fiscalía General y de los tribunales penales.

El golpismo, ante la evidencia de que sus acciones desestabilizadoras, su terrorismo y su sabotaje económico no han logrado ni lograrán derrocar al gobierno legítimo y legal que nos hemos dado todos los venezolanos, continúan apelando a acciones desesperadas y criminales. Debemos condenar, repudiar estos hechos, pero por sobre todo actuar certeramente a fin de darle un paro a esos asesinatos. La Carta Magna y el pueblo movilizado y alerta, son las mejores herramientas para el logro de ese fin y a su vez que se castigue ejemplarmente a los responsables intelectuales y materiales de esos asesinatos, y en un mañana mediato no haya en el país un homicidio más a manos del sicariato político, sujetos éstos que no quieren a su patria ni mucho menos a sus compatriotas y semejantes.

• Sociólogo, Integrante de las Organizaciones de Participación Ciudadana: Imperium Ley y Sicariato Cero.