Comentarios del traductor al artículo traducido:
1. En Estados Unidos el gobierno de Bush viola los derechos civiles de
libertad de manifestación, de expresión y de prensa.
2. La Primera Enmienda constitucional es violada o simplemente desconocida y
los ciudadanos pueden ser detenidos y aterrorizados simplemente por leer un
artículo.
3. Las nuevas leyes restrictivas, elaboradas luego de un ataque terrorista
que muchos dicen fue preparado y ejecutado por miembros del mismo gobierno,
coartan o eliminan derechos del colectivo.
¿Y esa es la "democracia" que el señor Sha-pillo pone como ejemplo?; ¿esa es
la "libertad" que los sindicaleros de todo pelaje, los curas golpistas, los
"periodistas" ignorantes y tarifados, los militares terroristas de Plaza
Altamira, los industriales de maletín ofrecen como el mejor de los mundos
posibles?
Otra razón para poner en práctica los enunciados de nuestra Constitución, esa
que fue discutida y aprobada colectivamente, esa que señala y garantiza los
derechos de manifestación, de libertad de expresión, de información veraz, de
revocar el mandato a quienes no cumplan con sus deberes.
Esa que los asalariados de las empresas energéticas transnacionales, de la
embajada estadounidense y de la CIA desean por todos los medios
anular.
A finales de abril, dos estudiantes adolescentes en Oakland, California,
obtuvieron un mal recibimiento, lección de vida real en civismo. Durante una
acalorada discusión de aula en la Escuela secundaria de Oakland sobre política y
el Presidente Bush, los muchachos hicieron comentarios de la naturaleza exacta
acerca de lo que está disputa, pero su maestro creyó que tal cosa constituía una
amenaza hacia el presidente. El maestro fue al FBI.
Los agentes de Servicio Secreto se presentaron en la escuela secundaria al
día siguiente para entrevistar a los muchachos, ambos de dieciséis años. El
director de la escuela permaneció sentado por hora y media mientras los agentes
entrevistaban a cada estudiante, individualmente y sin el conocimiento o
consentimiento de sus padres. “Él nos preguntó cosas como si yo era un buen
tirador con arma de fuego... si yo era un buen francotirador... si yo era bueno
traficando con armas, y cuáles eran mis pensamientos acerca del presidente,”
dijo uno de los muchachos al "San Francisco Bayview". “Yo estaba muy asustado. Y
lloraba por lo que nos dijeron".
El FBI ha seguido a miles de “tips” desde los ataques del 11 de septimbre. En
junio, Marc Schultz, empleado de una librería en Atlanta, se encontró con la
visita de agentes del FBI luego que alguien lo descubrió leyendo un artículo
titulado “Armas de Estupidez Masiva” en un café de la localidad. Schultz tiene
cabello oscuro y barba, y la combinación fue al parecer suficiente para que
alguien llamara al FBI. Schultz cuenta que los agentes le dijeron: “No hay
problema. Nos gustaría simplemente ir al fondo de esto. Ahora, si no podemos,
entonces usted puede tener un problema. Y usted no desea eso”.
El FBI se niega a investigar a cualquier individuo por actividades de la
Primera Enmienda [su texto reza: «El congreso no emitirá ninguna ley respecto al
establecimiento de religión, o prohibiendo su libre ejercicio; o limitando la
libertad de expresión, o de prensa; o el derecho del pueblo a congregarse, y a
solicitar al Gobierno una reparación de agravios». N. del T.] “El mero hecho de
que salgamos y hablemos con alguien no significa difamarlo, no se intenta violar
sus derechos", dice Ross Rice, de la oficina del FBI en Chicago.
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Quizás más perturbador que las discordantes visitas del FBI son las señales
de que las agencias estatales, locales y federales están supervisando
sistemáticamente las actividades de la Primera Enmienda --incluyendo a las de
grupos religiosos-- en nombre de la protección y la seguridad en un período
posterior al 11/9. La reorganización de las agencias federales en la Oficina de
Seguridad Nacional --junto a la miríada de nuevos poderes concedidos a leyes
represivas por el Fiscal General John Ashcroft-- han resultado en una
consolidación sin precedentes de poder coercitivo federal, estatal y local. El
FBI visitó al "San Francisco Independent Media Center" [página web de Indymedia,
N. del T.] después del 11/9, según Ian MacKenzie, voluntario de esa red, para
investigar si lo que ellos decían constituía una amenaza contra el presidente.
Los agentes querían las claves de usuarios del sitio Web, “las cuales no
tenemos", dice MacKenzie, “así que no podíamos dárselas". Él dice que los
agentes federales han contactado a los centros de Indymedia en todo el país en
sus esfuerzos por descubrir las identidades de específicos correos en línea. “Lo
que me dice", explica (MacKenzie), “es que ellos siguen nuestras pistas, y que
vigilan a los centros de comunicación independientes".
¿Es paranoia de MacKenzie? Quizá no. En marzo, la policía de San Francisco
dijo al "San Francisco Chronicle" que ellos supervisaban rutinariamente el sitio
web del centro, e infiltraban a las manifestaciones anunciadas en la página de
red. La Policía de San Francisco dijo también que ellos filmaban rutinariamente
las grandes manifestaciones.
En el pasado, departamentos de policía estatal y local desde Oakland hasta
Atlanta han admitido que monitorean las protestas políticas y otros tipos de
actividad asociativa. “No creo que esto sea diferente a los de la gente que fue
visitada en los sesentas”, dice Ed Yohnka, del capítulo Illinois de la Unión de
Libertades Civiles Estadounidenses (ULCE), “lo que estamos viendo hoy de nuevo
es un patrón para todo el país. Éste no es un tipo de respuesta aleatoria. Esto
es parte de políticas que claramente confirman un compromiso con ese tipo de
actividades". En marzo de 2002, el ULCE archivó un pleito en Denver con el cargo
que a principios de los ochentas, la policía había vigilado protestas pacíficas
y expresiones de la Primera Enmienda. “La policía no tiene razón legítima para
guardar archivos de expresión pacífica de puntos de vista y opiniones
políticas", dijo en su momento el representante de ULCE, Mark Silverstein.
Ignorando una prohibición local contra la colección de información policial
referida a la Primera Enmienda, la Policía de Denver elaboró archivos sobre
doscientos ocho organizaciones y tres mil doscientos individuos. El departamento
parece haber continuado su vigilancia hasta el otoño de 2002, a pesar del pleito
de ULCE. Los grupos supervisados incluían al American Friend Service Committee
(un grupo pacifista cuáquero), Amnesty International y muchos otros sin
antecedentes de actividad delictiva. Documentos conseguidos por el ULCE
describen cómo la policía interceptó correos electrónicos, grabó números de
placas de vehículos en las manifestaciones, e infiltró reuniones de grupos
defensores.
Según las condiciones de un acuerdo alcanzado en mayo, la policía de Denver
no puede recolectar información referida a la Primera Enmienda sin una sospecha
razonable de actividad delictiva. Como resultado, el umbral de vigilancia en
Denver es más alto que el del gobierno federal, particularmente desde que el
Fiscal General John Ashcroft señaló las pautas de espionaje doméstico el año
pasado.
Decretos de consentimiento como el de Denver fueron establecidos en numerosas
ciudades estadounidenses inmediatamente después de la época de abusos de
Cointelpro en los '60s y '70s [COINTELPRO es acrónimo de "COunterINTELligence
PROgrams" o programas de contraespionaje, una actividad secreta del FBI para
neutralizar a la disidencia política en los Estados Unidos. N. del T.] Pero
mientras Denver puede representar un punto luminoso en la batalla post-11/9 por
las libertades civiles, otros decretos locales de consentimiento están bajo
ataque. Funcionarios de las agencias de leyes represivas en Nueva York han
argumentado con éxito en la corte que el decreto impedía sus investigaciones
sobre terrorismo, particularmente con respecto a curiosear en las mezquitas. Las
restricciones en cuanto a vigilancia relativa a la Primera Enmienda han sido
subsecuentemente eliminadas.
A principios de 2001, la policía de Chicago obtuvo un logro similar para
debilitar al decreto de consentimiento y en el otoño de 2002 comenzó a utilizar
sus renovados poderes de vigilancia. La policía de la ciudad buscó el cambio,
dice la teniente de policía Tina Skahill, de la Oficina Policíaca de Asuntos
Legales de Chicago, porque necesitaba mayores poderes para combatir “las bandas
callejeras y armas y drogas. Básicamente en los que estamos interesados es en la
seguridad de los ciudadanos". Pero cuando fue interrogada acerca de si los
poderes de vigilancia están usándose para supervisar solamente “a las bandas y
armas y drogas", Skahill vacila: El decreto de consentimiento modificado se usa
respecto a “cualquier información que llame nuestra atención y la cual creamos
concierna a la seguridad de los ciudadanos".
Como parte principal de la estrategia anti-terrorismo del gobierno de Bush,
el FBI agregó a funcionarios policiales locales al personal de sus sesenta y
seis Juntas de Fuerzas de Tareas del Terrorismo regionales (Joint Terrorism Task
Forces o JTTFs) -- la mitad de las cuales fueron establecidas después del 11/9.
Documentos obtenidos por el ULCE en su pleito de Denver retratan un nivel
extraordinario de vigilancia de actividades de la Primera Enmienda por la
Declaración de Derechos. También indican un alto nivel de cooperación entre la
policía de Denver y el FBI.
La policía de Denver remitió los correos electrónicos interceptados y los
números de placas de los activistas en las manifestaciones pacíficas a la JTTF
de esa ciudad. Los correos electrónicos parecen ser levemente inquietantes: uno
enviado en 2001 a los miembros del grupo de Defensa Animal de Rocky Mountain
contenía sólo algunas frases, indicando a los miembros distribuir un volante
adjunto que promovía una campaña por un “Viernes Libre de Piel”.
Una cooperación similar entre agencias locales, estatales y federales para
aplicación de leyes coercitivas puede reflejarse en la reciente apretada de
tuercas a los activistas en Saint Louis. Manifestantes en esa ciudad habían
planeado protestar a la reunión anual del Foro Agrícola Mundial en mayo. Pero
antes de la protesta, representantes de algunos departamentos policíacos,
incluyendo a Seattle, visitaron a la policía de St. Louis para compartir
tácticas e información sobre la protesta violenta.
Aunque la policía de St. Louis niega la ejecución de arrestos preventivos,
los activistas dicen que como resultado de esas visitas, dos días antes de la
manifestación programada, la policía arrestó preventivamente a veintidós de sus
organizadores. “La [policía visitante] básicamente puso al Departamento de
Policía de Saint Louis en estado de alerta máxima", dice J. Justin Meehan, un
abogado que representó a los arrestados. “Interpretando lo peor, la policía
decidió proactiva y unilateralmente dar un golpe preventivo".
Meehan dice que él y otros activistas creen que la entrada en vigor de la ley
federal y estatal también esté envuelta en los arrestos: “Se cree que la Oficina
de Seguridad Nacional estaba implicada", dice Meehan. “Había funcionarios allí
que se negaron a identificarse y ocupaban una posición de autoridad".
El Departamento de Justicia de Ashcroft también asesora a oficiales de
policía en por lo menos algunos estados a recolectar información sobre “enemigos
en nuestro propio traspatio.” En un manual de entrenamiento policíaco titulado
“Una Respuesta Policíaca al Terrorismo en las Entrañas del País: Integrando
Inteligencia de las agencias y la Comunidad Vigilante” los funcionarios son
animados para que investiguen a los miembros del “Green Movement” --definido
como “activismo medioambiental que apunta a la reforma política y social con el
esfuerzo explícito por desarrollar amistosa política medioambiental, legal y
conductual".
En febrero, Newsweek informó que el FBI planea objetivos de investigación y
grabaciones subrepticias basadas en información demográfica, incluyendo el
número de mezquitas en un área. El Acta de Mejora de Seguridad Doméstica de
2003, o Patriota II, que el Congreso tomará a en los próximos meses, también
eliminaría acuerdos municipales que limitan investigación y la supervisión
intrusiva. “Ésta no es simplemente una circunstancia aleatoria,” dice el
representante del ULCE, Yohnka, “pero parece ser parte de un patrón más grande y
ancho que sale de Washington, D.C.”
Los activistas están sintiendo el calor. “No para ser alarmista, pero lo que
está progresivamente claro para mí --y nada ilegal hago, soy voluntario de una
organización izquierdistas de noticias-- es que nadie está seguro,” dice
MacKenzie del San Francisco Indymedia Center. “Cualquiera puede ser y será
señalado. Eso podría ser serio. Liberales, izquierdistas --cualquiera es un
objetivo".
http://www.inthesetimes.com/comments.php?id=370_0_1_0_C
Fuente: Kristie Reilly - In These Times
Traducido de
www.irakwar.ru por Ángel Cristóbal Colmenares
E.