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Por: Kristie Reilly - In These Times / Traducido por Ángel Cristóbal Colmenares E.
Fecha de publicación: 21/09/03
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Comentarios del traductor al artículo traducido:

1. En Estados Unidos el gobierno de Bush viola los derechos civiles de libertad de manifestación, de expresión y de prensa.

2. La Primera Enmienda constitucional es violada o simplemente desconocida y los ciudadanos pueden ser detenidos y aterrorizados simplemente por leer un artículo.

3. Las nuevas leyes restrictivas, elaboradas luego de un ataque terrorista que muchos dicen fue preparado y ejecutado por miembros del mismo gobierno, coartan o eliminan derechos del colectivo.

¿Y esa es la "democracia" que el señor Sha-pillo pone como ejemplo?; ¿esa es la "libertad" que los sindicaleros de todo pelaje, los curas golpistas, los "periodistas" ignorantes y tarifados, los militares terroristas de Plaza Altamira, los industriales de maletín ofrecen como el mejor de los mundos posibles?

Otra razón para poner en práctica los enunciados de nuestra Constitución, esa que fue discutida y aprobada colectivamente, esa que señala y garantiza los derechos de manifestación, de libertad de expresión, de información veraz, de revocar el mandato a quienes no cumplan con sus deberes.

Esa que los asalariados de las empresas energéticas transnacionales, de la embajada estadounidense y de la CIA desean por todos los medios anular.


A finales de abril, dos estudiantes adolescentes en Oakland, California, obtuvieron un mal recibimiento, lección de vida real en civismo. Durante una acalorada discusión de aula en la Escuela secundaria de Oakland sobre política y el Presidente Bush, los muchachos hicieron comentarios de la naturaleza exacta acerca de lo que está disputa, pero su maestro creyó que tal cosa constituía una amenaza hacia el presidente. El maestro fue al FBI.

Los agentes de Servicio Secreto se presentaron en la escuela secundaria al día siguiente para entrevistar a los muchachos, ambos de dieciséis años. El director de la escuela permaneció sentado por hora y media mientras los agentes entrevistaban a cada estudiante, individualmente y sin el conocimiento o consentimiento de sus padres. “Él nos preguntó cosas como si yo era un buen tirador con arma de fuego... si yo era un buen francotirador... si yo era bueno traficando con armas, y cuáles eran mis pensamientos acerca del presidente,” dijo uno de los muchachos al "San Francisco Bayview". “Yo estaba muy asustado. Y lloraba por lo que nos dijeron".

El FBI ha seguido a miles de “tips” desde los ataques del 11 de septimbre. En junio, Marc Schultz, empleado de una librería en Atlanta, se encontró con la visita de agentes del FBI luego que alguien lo descubrió leyendo un artículo titulado “Armas de Estupidez Masiva” en un café de la localidad. Schultz tiene cabello oscuro y barba, y la combinación fue al parecer suficiente para que alguien llamara al FBI. Schultz cuenta que los agentes le dijeron: “No hay problema. Nos gustaría simplemente ir al fondo de esto. Ahora, si no podemos, entonces usted puede tener un problema. Y usted no desea eso”.

El FBI se niega a investigar a cualquier individuo por actividades de la Primera Enmienda [su texto reza: «El congreso no emitirá ninguna ley respecto al establecimiento de religión, o prohibiendo su libre ejercicio; o limitando la libertad de expresión, o de prensa; o el derecho del pueblo a congregarse, y a solicitar al Gobierno una reparación de agravios». N. del T.] “El mero hecho de que salgamos y hablemos con alguien no significa difamarlo, no se intenta violar sus derechos", dice Ross Rice, de la oficina del FBI en Chicago.

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Quizás más perturbador que las discordantes visitas del FBI son las señales de que las agencias estatales, locales y federales están supervisando sistemáticamente las actividades de la Primera Enmienda --incluyendo a las de grupos religiosos-- en nombre de la protección y la seguridad en un período posterior al 11/9. La reorganización de las agencias federales en la Oficina de Seguridad Nacional --junto a la miríada de nuevos poderes concedidos a leyes represivas por el Fiscal General John Ashcroft-- han resultado en una consolidación sin precedentes de poder coercitivo federal, estatal y local. El FBI visitó al "San Francisco Independent Media Center" [página web de Indymedia, N. del T.] después del 11/9, según Ian MacKenzie, voluntario de esa red, para investigar si lo que ellos decían constituía una amenaza contra el presidente. Los agentes querían las claves de usuarios del sitio Web, “las cuales no tenemos", dice MacKenzie, “así que no podíamos dárselas". Él dice que los agentes federales han contactado a los centros de Indymedia en todo el país en sus esfuerzos por descubrir las identidades de específicos correos en línea. “Lo que me dice", explica (MacKenzie), “es que ellos siguen nuestras pistas, y que vigilan a los centros de comunicación independientes".

¿Es paranoia de MacKenzie? Quizá no. En marzo, la policía de San Francisco dijo al "San Francisco Chronicle" que ellos supervisaban rutinariamente el sitio web del centro, e infiltraban a las manifestaciones anunciadas en la página de red. La Policía de San Francisco dijo también que ellos filmaban rutinariamente las grandes manifestaciones.

En el pasado, departamentos de policía estatal y local desde Oakland hasta Atlanta han admitido que monitorean las protestas políticas y otros tipos de actividad asociativa. “No creo que esto sea diferente a los de la gente que fue visitada en los sesentas”, dice Ed Yohnka, del capítulo Illinois de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ULCE), “lo que estamos viendo hoy de nuevo es un patrón para todo el país. Éste no es un tipo de respuesta aleatoria. Esto es parte de políticas que claramente confirman un compromiso con ese tipo de actividades". En marzo de 2002, el ULCE archivó un pleito en Denver con el cargo que a principios de los ochentas, la policía había vigilado protestas pacíficas y expresiones de la Primera Enmienda. “La policía no tiene razón legítima para guardar archivos de expresión pacífica de puntos de vista y opiniones políticas", dijo en su momento el representante de ULCE, Mark Silverstein.

Ignorando una prohibición local contra la colección de información policial referida a la Primera Enmienda, la Policía de Denver elaboró archivos sobre doscientos ocho organizaciones y tres mil doscientos individuos. El departamento parece haber continuado su vigilancia hasta el otoño de 2002, a pesar del pleito de ULCE. Los grupos supervisados incluían al American Friend Service Committee (un grupo pacifista cuáquero), Amnesty International y muchos otros sin antecedentes de actividad delictiva. Documentos conseguidos por el ULCE describen cómo la policía interceptó correos electrónicos, grabó números de placas de vehículos en las manifestaciones, e infiltró reuniones de grupos defensores.

Según las condiciones de un acuerdo alcanzado en mayo, la policía de Denver no puede recolectar información referida a la Primera Enmienda sin una sospecha razonable de actividad delictiva. Como resultado, el umbral de vigilancia en Denver es más alto que el del gobierno federal, particularmente desde que el Fiscal General John Ashcroft señaló las pautas de espionaje doméstico el año pasado.

Decretos de consentimiento como el de Denver fueron establecidos en numerosas ciudades estadounidenses inmediatamente después de la época de abusos de Cointelpro en los '60s y '70s [COINTELPRO es acrónimo de "COunterINTELligence PROgrams" o programas de contraespionaje, una actividad secreta del FBI para neutralizar a la disidencia política en los Estados Unidos. N. del T.] Pero mientras Denver puede representar un punto luminoso en la batalla post-11/9 por las libertades civiles, otros decretos locales de consentimiento están bajo ataque. Funcionarios de las agencias de leyes represivas en Nueva York han argumentado con éxito en la corte que el decreto impedía sus investigaciones sobre terrorismo, particularmente con respecto a curiosear en las mezquitas. Las restricciones en cuanto a vigilancia relativa a la Primera Enmienda han sido subsecuentemente eliminadas.

A principios de 2001, la policía de Chicago obtuvo un logro similar para debilitar al decreto de consentimiento y en el otoño de 2002 comenzó a utilizar sus renovados poderes de vigilancia. La policía de la ciudad buscó el cambio, dice la teniente de policía Tina Skahill, de la Oficina Policíaca de Asuntos Legales de Chicago, porque necesitaba mayores poderes para combatir “las bandas callejeras y armas y drogas. Básicamente en los que estamos interesados es en la seguridad de los ciudadanos". Pero cuando fue interrogada acerca de si los poderes de vigilancia están usándose para supervisar solamente “a las bandas y armas y drogas", Skahill vacila: El decreto de consentimiento modificado se usa respecto a “cualquier información que llame nuestra atención y la cual creamos concierna a la seguridad de los ciudadanos".

Como parte principal de la estrategia anti-terrorismo del gobierno de Bush, el FBI agregó a funcionarios policiales locales al personal de sus sesenta y seis Juntas de Fuerzas de Tareas del Terrorismo regionales (Joint Terrorism Task Forces o JTTFs) -- la mitad de las cuales fueron establecidas después del 11/9. Documentos obtenidos por el ULCE en su pleito de Denver retratan un nivel extraordinario de vigilancia de actividades de la Primera Enmienda por la Declaración de Derechos. También indican un alto nivel de cooperación entre la policía de Denver y el FBI.

La policía de Denver remitió los correos electrónicos interceptados y los números de placas de los activistas en las manifestaciones pacíficas a la JTTF de esa ciudad. Los correos electrónicos parecen ser levemente inquietantes: uno enviado en 2001 a los miembros del grupo de Defensa Animal de Rocky Mountain contenía sólo algunas frases, indicando a los miembros distribuir un volante adjunto que promovía una campaña por un “Viernes Libre de Piel”.

Una cooperación similar entre agencias locales, estatales y federales para aplicación de leyes coercitivas puede reflejarse en la reciente apretada de tuercas a los activistas en Saint Louis. Manifestantes en esa ciudad habían planeado protestar a la reunión anual del Foro Agrícola Mundial en mayo. Pero antes de la protesta, representantes de algunos departamentos policíacos, incluyendo a Seattle, visitaron a la policía de St. Louis para compartir tácticas e información sobre la protesta violenta.

Aunque la policía de St. Louis niega la ejecución de arrestos preventivos, los activistas dicen que como resultado de esas visitas, dos días antes de la manifestación programada, la policía arrestó preventivamente a veintidós de sus organizadores. “La [policía visitante] básicamente puso al Departamento de Policía de Saint Louis en estado de alerta máxima", dice J. Justin Meehan, un abogado que representó a los arrestados. “Interpretando lo peor, la policía decidió proactiva y unilateralmente dar un golpe preventivo".

Meehan dice que él y otros activistas creen que la entrada en vigor de la ley federal y estatal también esté envuelta en los arrestos: “Se cree que la Oficina de Seguridad Nacional estaba implicada", dice Meehan. “Había funcionarios allí que se negaron a identificarse y ocupaban una posición de autoridad".

El Departamento de Justicia de Ashcroft también asesora a oficiales de policía en por lo menos algunos estados a recolectar información sobre “enemigos en nuestro propio traspatio.” En un manual de entrenamiento policíaco titulado “Una Respuesta Policíaca al Terrorismo en las Entrañas del País: Integrando Inteligencia de las agencias y la Comunidad Vigilante” los funcionarios son animados para que investiguen a los miembros del “Green Movement” --definido como “activismo medioambiental que apunta a la reforma política y social con el esfuerzo explícito por desarrollar amistosa política medioambiental, legal y conductual".

En febrero, Newsweek informó que el FBI planea objetivos de investigación y grabaciones subrepticias basadas en información demográfica, incluyendo el número de mezquitas en un área. El Acta de Mejora de Seguridad Doméstica de 2003, o Patriota II, que el Congreso tomará a en los próximos meses, también eliminaría acuerdos municipales que limitan investigación y la supervisión intrusiva. “Ésta no es simplemente una circunstancia aleatoria,” dice el representante del ULCE, Yohnka, “pero parece ser parte de un patrón más grande y ancho que sale de Washington, D.C.”

Los activistas están sintiendo el calor. “No para ser alarmista, pero lo que está progresivamente claro para mí --y nada ilegal hago, soy voluntario de una organización izquierdistas de noticias-- es que nadie está seguro,” dice MacKenzie del San Francisco Indymedia Center. “Cualquiera puede ser y será señalado. Eso podría ser serio. Liberales, izquierdistas --cualquiera es un objetivo".

http://www.inthesetimes.com/comments.php?id=370_0_1_0_C

Fuente: Kristie Reilly - In These Times

Traducido de www.irakwar.ru por Ángel Cristóbal Colmenares E.
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Kristie Reilly - In These Times / Traducido por Ángel Cristóbal Colmenares E.


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