A pesar de los esfuerzos hechos por el presidente Chávez para incrementar el presupuesto de salud pública y poner a ésta a tono con las necesidades de la población, el cuadro crítico parece no tener mejoría. Sabemos que en los Estados cuyos gobernadores son partidarios del golpismo y la sedición es práctica común “distraer” los dineros de la salud para fines ajenos a ella, con lo que se castiga al ciudadano común y se construye una matriz propagandística según la cual “Chávez no manda los reales”, táctica inscrita en lo que hemos denominado el golpe cotidiano y permanente.

La coyuntura es también aprovechada para finiquitar la privatización de los servicios, como sucede en Carabobo, donde millonarias campañas mediáticas intentan convertir en ley la famosa hipótesis goebbeliana de que una mentira repetida miles de veces se convierte en verdad, pues mientras el más completo abandono reina en los barrios del Estado las “cuñas” presentan un inexistente mundo de salubridad y de “respeto al ciudadano”.

Seguras víctimas de tan descomunal engaño son las autoridades supremas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a quienes convendría un tratamiento de desintoxicación mediante visitas a los sectores populares, por ejemplo el sur de Valencia, “La Bolivariana” en Güigüe, “Valle Verde” en Puerto Cabello y “El Minuto” en Morón, por mencionar solo algunas vitrinas del abandono.

Esa situación en los Estados referidos pudiera considerarse “normal” porque tal ha sido la conducta de adecos, copeyanos y sus socios de vieja y nueva data. Pero, ¿los otros? ¿Cómo explicar que esa realidad se repita en aquellas entidades federales dirigidas por personas públicamente comprometidas con el proceso de cambios transformadores para el país?

Pongamos por ejemplo al Estado Portuguesa, donde en tres años la gobernadora, Antonia Muñoz, no ha logrado conformar un equipo técnico y político que diseñe y aplique una gestión correctora de los entuertos que cada vez complican más la situación sanitaria estatal y determinan un nada halagüeño balance.

La salud del pueblo portugueseño ha sufrido daños incalculables y parte del cuadro resultante es el siguiente:

a) muertes generales superan a las cuatro mil (4.000) por año;

b) mortalidad materna superior a las ciento veinte (120) muertes por cada cien mil (100.000) nacidos vivos cuando la tasa para el país es de sesenta (60);

c) la mortalidad infantil supera las siete (7) muertes por semana;

d) se han incrementado todas las enfermedades crónicas y endémicas como la TBC, chagas y lepra.

Ningún hospital o ambulatorio tiene recursos y el personal está desmotivado.

Sabemos que el gobierno central ha diseñado líneas de acción concretas y ha proporcionado fondos para un mejoramiento gradual de la salud pública, pero aquí el problema radica en quiénes son los designados para aplicar tales lineamientos.

En Portuguesa los últimos tres Directores Regionales nombrados por la gobernadora han incurrido en hechos públicos y notorios de corrupción, lo cual llevó a la destitución de dos de ellos. En febrero de este año la gobernadora designó para ese cargo al doctor HERMES VIRGÜEZ, entre cuyas virtudes se destacan ser familiar directo del difunto Gonzalo Barrios (¿recuerdan su famosa frase: “aquí se roba porque no hay razones para no robar?”), ser activista del MAS y ser accionista mayoritario de una de las clínicas privadas más lucrativas del Estado Portuguesa.

Demás está decir que luego de posesionarse del cargo comenzó una campaña de persecución y hostigamiento contra médicos y otros trabajadores de la salud comprometidos con el proceso de cambios, destituyendo a los directivos y nombrando EN TODOS LOS CARGOS DE GERENCIA (epidemiólogo regional, director de salud poblacional, coordinadores de programas y jefes de distrito) a personas ACTIVISTAS de la mal llamada Coordinadora Democrática.

Para muestra varios botones:

Epidemiólogo Regional es el doctor WILLIAM APARICIO, miembro del CES de AD en Portuguesa, Presidente de la Comisión Electoral del Colegio de Médicos y directivo de la funesta Federación Médica Venezolana.

Adjunto al Director Regional es el doctor ROBERTO REYES, activista de COPEI.

Adjunta a Salud Poblacional es la doctora KAROL MÁRQUEZ, activista de AD y cónyuge del presidente de Fedecámaras-Portuguesa.

Recordemos que el artículo 84 de la Constitución vigente, aprobada por la mayoría (¡claro, de marginales cuyo voto no debería ser válido, según hipótesis doradamente fascistas!) establece:

“Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud”.

Dudamos que alguien, en su sano juicio, pueda creer que tales posibilidades sean promovidas por adecos, copeyanos y otros politiqueros de similar pelaje, quienes dedicaron y dedican todos sus esfuerzos a conculcar derechos, a dividir a los sectores populares y a realizar buenos negocios a costa de la miseria del colectivo, además de conspirar abiertamente contra el gobierno nacional.

¿Será que en Portuguesa no hay médicos y otros trabajadores de la salud comprometidos con la Constitución y con el movimiento popular?

Ya escrito el presente nos enteramos que hay cambio del tren ministerial. Esperamos que haya cambios radicales en la política y los rumbos sean enderezados.


Ángel Cristóbal Colmenares E.
Septiembre 15 de 2003