Es imposible intentar trazar alguna línea de análisis del gobierno de Kirchner sin establecer sus antecedentes y los elementos de continuidad y de ruptura con la situación que le dio origen. Comenzaremos, entonces, por una suerte de resumen de los aspectos más salientes de la Argentina reciente y de los desafíos que enfrentan tanto la clase trabajadora como la burguesía argentina.

Del 20 de diciembre a la asunción de Kirchner

El sacudón generalizado que fue el Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001 incluyó el derrocamiento de un gobierno constitucional y de varios intentos de gobiernos provisorios, además del default de deuda externa más grande de la historia financiera reciente y la crisis económica más pavorosa de toda la historia argentina. El motor indiscutido del Argentinazo fue el deterioro fulminante de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, a punto tal que el detonante de las jornadas de diciembre fueron los saqueos y la llamada “rebelión del hambre”. Pero quizá el sello distintivo de este hecho –que fue tanto producto de un proceso político, económico y social previo como, él mismo, iniciador de una nueva etapa de ese proceso– fue el rechazo generalizado a la “clase política” y el surgimiento de formas independientes de organización y lucha de sectores populares y de trabajadores. Así, tras la rebelión de diciembre tuvieron un fuerte desarrollo tanto las formas preexistentes de organización –el caso de los movimientos de desocupados– como otras nuevas, a saber, las asambleas populares en los barrios y el movimiento de fábricas recuperadas por sus trabajadores tras ser abandonadas por la patronal en crisis.

En todo caso, lo que mayor repercusión internacional tuvo y lo que fue objeto de mayor atención por parte de los medios de comunicación –en parte debido a sus características espectaculares– fue el repudio masivo y ruidoso al conjunto de los políticos y partidos tradicionales, así como a algunos de los pilares institucionales del régimen de la democracia capitalista, como el Parlamento y la Corte Suprema de Justicia. El cuestionamiento llegó a abarcar a instituciones capitalistas directas, como el sistema bancario privado, y también las grandes empresas privadas, casi todas ellas imperialistas, que administran los servicios públicos. Todo esto, en el marco de que las figuras y organizaciones de la izquierda estaban de conjunto a salvo de ese cuestionamiento rotundo, y eran reconocidas por la población como ajenas a la corruptela general, aunque eso no se traducía automáticamente en adhesión política.

Advino entonces, desde el comienzo de 2002, el interregno del gobierno de Duhalde, marcado por claros límites políticos y una zozobra permanente. La palabra con que se ha definido en general ese gobierno es “transición”, que esconde púdicamente la impotencia del nuevo gobierno y su incapacidad para establecer definiciones más o menos de fondo. Así lo entendieron los mandamases del Fondo Monetario y el gobierno de EE.UU., que tras algunos sondeos admitieron que no había margen para que el gobierno de Duhalde, nacido bajo el signo de la ilegitimidad política –fue ungido por el mismo Parlamento cuya autoridad era desconocida por las movilizaciones populares–, emprendiera ninguna “reforma estructural”. Y así lo había entendido también la población, que mayoritariamente, aun a pesar de la desconfianza que le merecía Duhalde, no se propuso derribarlo como había hecho con los gobiernos anteriores. Lo que sí hizo fue “marcarle la cancha”: ante el primer intento del gobierno de modificar las relaciones de fuerza con el asesinato de dos militantes piqueteros el 26 de junio de 2002, la respuesta popular le hizo saber a Duhalde que el horno no estaba para bollos. Y una semana después, Duhalde anunciaba la largamente demorada fecha de elecciones presidenciales, que daba hora cierta de salida al gobierno.

El proceso electoral tuvo también un desarrollo relativamente traumático, surcado por denuncias y movilizaciones varias, pero en conjunto se impuso la variante preferida por el gobierno y el imperialismo: una elección exclusivamente presidencial y que dejaba incólumes todas las instituciones cuestionadas. Y, lo que es tan o más importante, se reinstaló a partir de las elecciones del 24 de mayo la idea de que los proyectos políticos y de poder sólo se dirimen en el terreno electoral de la democracia burguesa. Esto representa un claro retroceso en la consciencia con relación al 20 de diciembre, cuando sectores de masas descubrían que la presencia en las calles era un factor político más fuerte que los mecanismos institucionales.

A la hora de hacer un balance de la gestión de Duhalde, la clase capitalista debiera estarle bastante agradecida, ya que con toda su debilidad y su postergación de definiciones fundamentales, logró que en ese “compás de espera” de la lucha de clases el transcurso del tiempo jugara a favor del régimen. La relativa estabilización de la economía, sobre la base de una fuerte caída del salario real y del alivio financiero que trajo el mismo default, junto con la reducción del ”ruido” político, contribuyó a instalar el atisbo de una esperanza de “normalización” de la vida social.

Esto merece un comentario. Las insuficiencias insalvables de la Argentina capitalista en su versión neoliberal pura y dura habían conducido a una crisis global, que empujó a la población a las calles contra un estado de cosas insoportable. Pero ese cuestionamiento masivo, que era también global, encontró una serie de límites no directamente relacionados con la capacidad represiva del estado, sino más bien con las dificultades político-ideológicas del movimiento de masas para

a) articular la cadena de responsables de la crisis desde su emergente inmediato, la clase política, hasta su factor más profundo, la explotación capitalista-imperialista, lo que hubiera contribuido a

b) dar forma a al menos un esbozo de alternativa propia, desde la población trabajadora, a la crisis global en un terreno también global y de proyecto de país, es decir, en el terreno propiamente político. Si esto no lograba empezar a cuajar, la consecuencia esperable iba a ser que la pura negatividad del “que se vayan todos” terminaría disolviéndose en la esperanza de “que venga alguno más o menos potable”. La política, es sabido, le tiene horror al vacío. A esta limitación del Argentinazo se agregó

c) que la riqueza del proceso de recomposición social y política de los sectores populares y de la clase trabajadora no ha redundado en una síntesis ni política ni organizativa que permitiera erigir a los sectores del movimiento de masas organizados de manera independiente en una alternativa única y creíble (o al menos existente) para el conjunto de la población. Este déficit abarca tanto el terreno político en sentido estrecho como el de la construcción de instituciones de poder alternativas a las burguesas en crisis. Más allá del mérito de ciertas experiencias y organizaciones, que son además un punto de referencia general, el hecho es que estas manifestaciones no han logrado trascender como alternativa más allá del plano de la vanguardia. Si bien esta vanguardia es muy amplia, la lógica que operó en los últimos 12 ó 18 meses es la de una creciente separación o “tijera” entre los intereses, la política y el radio de acción de las experiencias independientes, por un lado, y por el otro, las necesidades y desafíos planteados para toda la sociedad. En esto, hay que decirlo, no sólo los reformistas y la burocracia sindical sino también las organizaciones políticas de la izquierda más de una vez han incidido negativamente. En diversas oportunidades hemos criticado la práctica política de aislar, sectarizar, instrumentalizar o reducir a un rol corporativo a experiencias y organizaciones valiosas como las Asambleas Nacionales de Trabajadores, la Asamblea de Parque Centenario, el Bloque Piquetero Nacional, Brukman y Zanón o el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, entre otras.

d) A estos problemas se suma el hecho de que dentro de las organizaciones independientes surgidas y/o desarrolladas en el transcurso del Argentinazo, incluso las más avanzadas, existe una durísima batalla ideológica por su perfil político. La necesidad de asumir una clara postura de independencia de clase, de oponerse al estado y a todo sector patronal, y sobre todo, de elevarse por encima de los reclamos inmediatos e intentar proponer un punto de vista global, es una pelea que hay que dar contra la corriente. Es un arduo trabajo de zapa contra décadas de peronismo y conciliación de clases, contra la falta de tradición anticapitalista (no así antiimperialista), contra la inercia y la falta de costumbre de tomar las cosas en las propias manos sin delegar. Pero también contra dos condicionantes muy materiales: la caída catastrófica del nivel político y cultural de amplísimos sectores de las masas y, sobre todo, la tremenda presión que ejerce la barbarie cotidiana, que dificulta enormemente la capacidad de ver más allá del elemental sustento diario o del puesto de trabajo que lo garantiza.

En suma, el balance de las relaciones de fuerza entre las clases a la salida de Duhalde mostraba, por un lado, la vigencia y el peso del Argentinazo como evento y como proceso que establecía claros límites al accionar de la clase dominante y su representación política. Pero, al mismo tiempo, los límites del propio proceso empiezan a hacerse más visibles y más acuciantes. Toda demora o incapacidad de parte de la clase trabajadora y sus aliados para articular un proyecto global alternativo al desastre capitalista pasa, a partir de determinado momento, a darle mayor margen de maniobra a la clase dominante y sus instituciones. Insistimos en el concepto: pasado el arrollador momento inicial del Argentinazo, la superación de sus límites se pone a la orden del día, so pena de que el tiempo juegue a favor del enemigo de clase.

Un comienzo con el pie “izquierdo”

En este contexto, cuando Kirchner es “electo” –de manera bastante irregular, ya que la defección de Menem al ballotage era indicador más del rechazo a su persona que de la adhesión al santacruceño–, el estado de ánimo del conjunto de las masas era de “querer creer”. Es decir, se asiste a una mutación del “que se vayan todos” y del rechazo global en un sentimiento donde conviven la lógica desconfianza que aún concitan los políticos tradicionales y la esperanza de que las cosas se “normalicen”. Es significativa la bandera de campaña de Kirchner: hacer de Argentina “un país serio”. Aquí hubo una victoria político-ideológica de la clase burguesa, con la ayuda invalorable de los medios de comunicación. Por un lado, no es “serio” un capitalismo argentino corrupto, donde mandan los monopolios imperialistas, que hunde en la miseria a la mayoría de la población, que se somete sin chistar a las órdenes de EE.UU., etc. Por otro lado, se desliza, tampoco es “serio” un país donde la población en las calles echa presidentes, cuestiona las instituciones, se autoorganiza y pretende “que se vayan todos”. Son estas “anormalidades” las que Kirchner se propone remediar, y le propone a la población la elemental –pero, en estas condiciones, bastante seductora– perspectiva de “un país que funcione”.

Durante los primeros tres meses de gobierno, Kirchner hizo un inteligente uso de ciertos gestos que tuvieron la doble ventaja de acrecentar su aceptación popular y no tener casi costo político. Entre ellos, la embestida contra algunos de los jueces más repudiados de la Corte Suprema, la intervención de la corrupta cúpula del PAMI y la ofensiva contra los militares implicados en la represión, incluyendo la remoción de buena parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Estas medidas, sumadas a un discurso de tono duro contra algunos sectores empresarios y una actitud general de mayor “independencia” de los factores de poder dominantes durante los 90, le granjearon un apoyo político no tremendamente entusiasta, pero sí importante para un gobierno asumido con el 22% de los votos.

De hecho, al menos en cuanto a los gestos y discursos exteriores, Kirchner disputa sólo con Chávez el rótulo de “gobierno más ‘izquierdista’ del continente”, con una imagen de “rebeldía” muy superior a la de Lula, por ejemplo. Veamos un poco más de cerca la actuación del gobierno de Kirchner en diferentes planos del análisis.

¿Un plan económico de “tercera vía”?

El discurso de asunción de Kirchner del 25 de mayo fue, en cierto modo, una pasada en limpio de algunos de las conclusiones ideológicas y políticas de las masas desde diciembre de 2001. Esto es, Kirchner, como representante de la burguesía, anuncia que ha tomado nota de los aspectos del capitalismo argentino que son totalmente indigestos para la población, y declara la muerte del “modelo neoliberal”. Esto no es simplemente un discurso para engañar a las masas, sino que refleja las contradicciones y los límites del propio proceso del Argentinazo. Es indudable que Kirchner se ha puesto la misión de enterrar un proceso con demasiadas aristas radicales, de autodeterminación y potencialmente revolucionarias. Pero el gobierno de Kirchner, sus gestos, sus discursos, su política y su tramado ideológico no se pueden entender más que como emergentes del proceso mismo. Kirchner es, en cierta medida, el hijo burgués del Argentinazo, y la expresión viva de los límites de un proceso que hasta ahora no ha podido parir una descendencia política orgánica de masas del lado de la clase trabajadora.

Esto explica en parte el hecho de que el gobierno mantenga apoyo y expectativas sin haber dado ningún paso serio en el terreno económico. La coyuntura actual sigue signada por elementos que vienen de la transición duhaldista: una muy moderada reactivación, basada esencialmente en el respiro que le dio la devaluación a algunos sectores industriales y a las cuentas públicas; un estancamiento de los índices de desempleo y pobreza, y una caída del salario real que fogonea algunas luchas entre los trabajadores ocupados.

Aunque aún no sabemos cuál será el rumbo definitivo de Kirchner, su intención inicial es la del reemplazo del modelo neoliberal químicamente puro por una variante capitalista más matizada con cierto tinte industrialista o “desarrollista” (tomando con pinzas el término, ya que no hay ni voluntad ni margen estructural para un modelo estilo CEPAL de los años 50). En todo caso, se pretende que quienes marquen el paso sean más bien los industriales locales, tanto exportadores como ligados al mercado interno, y no los sectores ligados a las finanzas, las compañías privatizadas de capital extranjero y los grandes exportadores agrarios.

Sin embargo, es evidente que este cambio no obedecería a una nueva primacía estructural que se esté verificando en la economía argentina, sino que está profundamente mediado por la esfera política. Aunque el peso de las compañías extranjeras sobre el PBI argentino (que llegó a ser casi del 70%) haya disminuido como consecuencia de la devaluación, el proyecto de Kirchner tiene una tremenda dificultad, que es la de que prácticamente necesita crearse un sostén orgánico en la burguesía argentina, en un momento no precisamente floreciente de esa burguesía. Hay ejemplos históricos de una clase capitalista nacional casi creada o alentada desde el estado –el caso de varios países del sudeste asiático– pero las condiciones de urgencia y deterioro del estado argentino, la actual coyuntura internacional y la política del imperialismo en general –y en particular hacia la región– hacen prácticamente imposible que prospere que pueda prosperar un “capitalismo nacional argentino”.

Seguramente atendiendo a estos límites es que Kirchner, que vocifera contra los concesionarios de las empresas privatizadas, cultiva una relación privilegiada con los beneficiarios de la principal privatización de los 90 y el mayor exportador del país: la petrolera Repsol, de capital español. Además, Kirchner no sólo se ha comprometido a respetar las privatizaciones –excepción hecha de la eventual caída de alguna concesión impresentable– sino que asume el reclamo del FMI y los gobiernos del G7 de comprometer el supérávit fiscal para el pago de la deuda y aumentar las tarifas, aunque se reserva la pelea por un margen políticamente aceptable.

La relación del gobierno con los diferentes sectores de la burguesía está mediada por la política, no obstante, en otro sentido. Se trata de la impopularidad y rechazo popular que sufren las empresas vistas como las beneficiarias de la “fiesta de la convertibilidad”. También aquí se hace sentir la herencia del Argentinazo: están demasiado frescos aún los días en que las empresas privatizadas y los bancos tenían que blindar sus puertas para protegerlas de la furia de los manifestantes. Ese factor puramente político es el que le permite al gobierno compensar el peso estructural de éstas a la hora de negociar cuotas de poder y diseño de políticas.

En todo caso, la cuestión decisiva y excluyente en cuanto al rumbo de la economía y del propio gobierno es la negociación con el FMI y los acreedores externos alrededor de la deuda externa. Es allí donde se establecen los límites insalvables para cualquier proyecto político basado sólo en la retórica. En este terreno, hay que constatar que, sin que se plantee ningún brusco golpe de timón ni –mucho menos– patear el tablero, la gestión Kirchner parece mostrar un camino algo distinto al de sus predecesores. Tanto Alfonsín como Menem y De la Rúa tuvieron la política de firmar todo acuerdo que el FMI o EE.UU. le pusiera por delante. El caso de Duhalde es especial porque ambas partes implicadas sabían que no tenía sentido firmar compromisos; se trataba de un interinato.

Si bien Kirchner muestra importantes elementos de continuidad con el gobierno de Duhalde, corporizados en el ministro de Economía, Roberto Lavagna, la actual negociación lo muestra en una ubicación que no es exactamente igual. Por ejemplo, a nadie le hubiera sorprendido que Kirchner se comprometiera a cumplir con las metas que impusiera el FMI, después de la escandalosa capitulación de Lula. ¿Cómo se explica que un presidente con un apoyo político inicial mucho menor al de su par brasileño, con un consenso burgués muy inferior al de Lula, y que está al frente de un país con mucho menos peso internacional y margen de maniobra que Brasil, asuma una posición negociadora mucho más dura? ¿Cómo se entiende esta (peligrosa) pretensión de transitar una especie de “tercera vía” en las relaciones con el Fondo, que se distinga tanto de la sumisión servil como del enfrentamiento abierto?

Una vez más, estamos ante un enigma sin solución a menos que partamos de las condiciones creadas por el Argentinazo. Cuando Kirchner se propone un camino de cornisa entre el “modelo neoliberal” de los 90 –por ahora de imposible retorno, no tanto en lo económico como en lo político-ideológico– y un “capitalismo nacional desarrollista” al que le faltan demasiadas patas, busca compensar políticamente las carencias orgánicas de su proyecto. De manera análoga, en la negociación con el imperialismo, para mantener el delicado equilibrio entre sumisión y ruptura el gobierno recurre, inteligentemente, a los factores políticos que juegan en su favor para contrapesar su debilidad estructural.

La pregunta de cómo un gobierno de débil legitimidad de origen, de un país débil y con una burguesía débil puede plantearse una negociación bastante real, y no una rendición incondicional, encuentra respuesta en el sacudón nacional y regional que significó el Argentinazo. La definición que hicimos en su momento del Argentinazo como proceso revolucionario encuentra su confirmación en el terror que tiene el imperialismo, en particular el yanqui, de que una negociación demasiado leonina vuelva a desencadenar el descontento popular.

Kirchner sabe que su fuerza radica, precisamente, en su excesiva debilidad, y juega la paradójica carta del chantaje de un país en ruinas que especula con su propio derrumbe, que desataría fuerzas incontrolables y amenazaría con el contagio a una región que no está para nada en calma chicha. La administración Bush ya jugó una vez al aprendiz de brujo con De la Rúa, y los resultados no fueron muy halagüeños en términos económicos ni, sobre todo, políticos. No casualmente, el Departamento de Estado de EE.UU. es el ala más contemplativa con Argentina en la negociación con el FMI, y es quien intenta aplacar la voracidad irresponsable de los europeos y el tecnocratismo insensible del Tesoro y los burócratas del Fondo. Lo que está en juego es un factor de estabilidad –o inestabilidad– política en el patio trasero de EE.UU., crispado de crisis económicas y un desplazamiento electoral hacia el centroizquierda en todo el continente.

Un oficialismo de alas anchas

Esto es lo que explica, por ejemplo, que la CTA se pase con armas y bagajes al oficialismo, incluso integrando sus listas electorales; que las organizaciones de desocupados con perfil menos clasista, como Barrios de Pie y el MIJD de Raúl Castells, alimenten esperanzas en que Kirchner se transforme en algo parecido a su idolatrado Chávez; que Hebe de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo (ni hablar del resto de los organismos de derechos humanos) elogiaran públicamente a Kirchner; que la diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida, vote junto con el gobierno la anulación de las leyes de impunidad para los militares (acto cuya trascendencia era puramente política y no jurídica); que la propia IU trabara alianza electoral con una socialdemocracia claramente oficialista, y que tanto Luis Zamora como el Partido Obrero hicieran la menor mención posible al gobierno nacional en las elecciones de la Capital.

Sin embargo, quien no se maree con la primavera kirchnerista no dejará de notar que la extrema fragilidad institucional que dejó como herencia el Argentinazo está lejos de haberse resuelto.

Es cierto que se han dado pasos para revertir la crisis de representación política, como lo muestran las elecciones del 24 de mayo (nacionales) y del 24 de agosto (en la Capital). Allí el “voto bronca” volvió a su piso histórico, y el hecho de que la población volviera a votar partidos y candidatos que estaban en la picota hace un año y medio es un triunfo del régimen democrático burgués. Régimen que, como hemos dicho, vuelve a verse como la única forma concebible de organización política del estado (idea que en el inmediato post-20 de diciembre había quedado en suspenso). También está en marcha un operativo de “lavado de cara” de la Corte Suprema y del Parlamento (parte del cual fue la anulación de las leyes que votó IU).

Pero no hay que perder de vista el hecho significativo de que todo el sistema de partidos está en una seria crisis. Salvo un PJ con signos de balcanización (a la que contribuye la estrategia de Kirchner de alianzas “transversales”), prácticamente no existen partidos dignos de ese nombre en condiciones de erigirse en alternativas serias de recambio institucional. Las elecciones de la Capital fueron un caso extremo: las dos listas mayoritarias eran un racimo de alianzas con “partidos” oportunistas de estructura formal y militancia totalmente inexistentes, armados de apuro para la contienda electoral. En provincia de Buenos Aires, las tres listas principales son ramas del PJ, y los demás partidos burgueses afrontan perspectivas de una elección irrisoria.

De hecho, la institución que goza de mejor salud es la presidencial. Sin embargo, diversos analistas y politólogos señalan con preocupación que ese fortalecimiento, fogoneado por el estilo personal de Kirchner, amenaza con tener lugar a expensas de las demás instituciones. El llamado “estilo K” consiste en un ejercicio de la autoridad presidencial en un diálogo casi directo con la “opinión pública”, en detrimento del conglomerado de mediaciones que constituye el sistema político de la democracia burguesa. Las embestidas personales de Kirchner, vía los medios de comunicación, contra la Corte Suprema y contra las dilaciones parlamentarias, así como el “affaire” con el vicepresidente Scioli y las periódicas desautorizaciones a ministros y funcionarios, representan un juego bastante peligroso. En efecto, ese mecanismo de ejercicio del poder corre el riesgo de eliminar mediaciones y “fusibles” del sistema político que hoy parecen innecesarios a la luz del respaldo que exhibe el presidente, pero que pueden volverse decisivos a la vuelta de cualquier crisis política. Se trata de una apuesta fuerte de Kirchner a acumular capital político mientras pueda, que lo lleva a intervenir de manera desembozada (y bastante poco “institucional”) en las elecciones provinciales, buscando aprovechar su propia imagen positiva en favor de los candidatos afines a su proyecto.

El oficialismo ocupa una porción del espectro político, a derecha e izquierda, inédita desde los tiempos de los dos primeros años de Alfonsín. En este contexto, el lugar para el clasismo independiente y la izquierda revolucionaria, evidentemente, se ha estrechado. La estrategia del gobierno de tratar de contener e integrar la protesta social –más con gestos políticos que con medios materiales– ha logrado un primer éxito: sumar o neutralizar a diversos sectores y organizaciones y dejar en aislamiento político a los que se mantienen críticos o al menos independientes del gobierno. Una expresión distorsionada pero real de esto fue la paupérrima elección que hizo la izquierda revolucionaria en la Capital, donde quedó reducida a un mínimo estadístico. La buena performance de Zamora no anula sino que confirma este análisis, si consideramos que por perfil político y ubicación social la agrupación de Zamora refleja más bien una postura de democracia radical, no de posturas clasistas, socialistas y revolucionarias. Su agrupación, en efecto, pone mucho más acento en los problemas formales de representación política que en los temas sociales y de clase que expresan las luchas y las organizaciones independientes (e, indirectamente, la izquierda revolucionaria).

La actual coyuntura y las perspectivas

Si comparamos el estado anterior y el actual de una serie de factores actuantes desde el comienzo del Argentinazo (crisis económica y de representación, deterioro institucional, proceso de recomposición de la clase trabajadora y grado de radicalización política, entre otros), se impone la conclusión de que el proceso global está en este momento en uno de sus puntos más bajos. Es innegable que está en marcha una estrategia de un sector importante de la burguesía argentina –con el apoyo de al menos parte del imperialismo– de reabsorción de la crisis global desatada por el Argentinazo. Reabsorción cuya llave maestra pasa hoy por los factores propiamente políticos del proceso. Es en ese terreno que se han verificado los avances más sustanciales de esta estrategia: los procesos electorales, el fortalecimiento de la institución presidencial, el descenso en el descrédito del Parlamento y la Justicia y, lo que no es menor, el reverdecer de cierta esperanza colectiva en la puesta en marcha de un nuevo modelo de país dentro de los marcos del capitalismo y sus instituciones.

Al mismo tiempo que se constata esto, hay que sostener con la misma fuerza que estos éxitos pueden tener pies de barro en la medida en que no se verifique un sostén estructural y orgánico para esa estrategia. Las asignaturas pendientes son las más difíciles: si en la esfera política Kirchner se ha anotado puntos importantes, en el terreno económico y social todo está en veremos, y la estabilización de la relación con el imperialismo a partir de la negociación de la deuda permanece como una enorme incógnita.

Es en esas áreas donde yacen los principales desafíos para el gobierno de Kirchner y también para la clase trabajadora: allí se va a dirimir si el respiro político que ha conseguido Kirchner termina consolidándose o si se derrite al calor de la lucha de clases. Por supuesto, no podemos aquí hacer futurología, sino en todo caso dejar planteados algunos escenarios y los factores de los que ellos dependen.

Una posibilidad es que, efectivamente, Kirchner logre afianzar un curso político relativamente “independiente”, o al menos no tan servil como el de sus antecesores. La base material de esta alternativa debe partir de una renegociación de la deuda externa que le conceda cierto margen para hacer equilibrio entre honrar las acreencias imperialistas y cubrir las exigencias de la economía local en materia de reactivación, inversión pública, etc. A caballo de un frente externo relativamente ordenado, sería posible ir recomponiendo el funcionamiento del capitalismo argentino a partir de una modificación importante, aunque no necesariamente radical, de las cuotas de poder entre las distintas facciones de la burguesía. Los sectores más favorecidos serían los que mencionáramos más arriba: industriales grandes, medianos y pequeños, tanto exportadores como orientados al mercado interno, y parte de los grandes actores extranjeros. El disciplinamiento relativo de los sectores financieros, agrícolas y de servicios daría pie a una moderada pero real disminución de los indicadores sociales más catastróficos (aun en el marco de una sostenida penuria económica y salarios “africanizados”). En este marco, la consolidación de un nuevo proyecto de Argentina capitalista conduciría a una estabilización económica e institucional, sobre cuya base se cumpliría una reabsorción casi indolora del Argentinazo.

Debemos decir que este escenario de “Kirchner toma todo” nos parece el más improbable, pero no se puede descartar del todo. Existen ciertas condiciones –sobre todo, como hemos dicho, políticas– que juegan a favor de esta posibilidad. Sin embargo, para que esta alternativa cuaje se debe dar una combinación de factores favorables que difícilmente se den en conjunto, empezando por una predisposición extraordinariamente condescendiente por parte del imperialismo.

El segundo escenario parte, por el contrario, de una acumulación de contradicciones en el terreno económico estructural, motorizada por una postura inflexible de los países e instituciones imperialistas alrededor de la renegociación de la deuda externa. En este marco, todo proyecto de construcción de un nuevo modelo de país con cierta diferenciación respecto de los 90 quedaría cortado de raíz, y los parámetros de la vida económica y social de la Argentina volverían a estar signados por la crisis, la recesión y el deterioro de las condiciones de vida de las masas.

Este escenario de contraofensiva neoliberal-imperialista abre a su vez nuevas variantes. Una es que Kirchner asuma un curso de cierta resistencia a las imposiciones imperialistas, lo que abriría una situación novedosa y sumamente compleja, con consecuencias regionales e internacionales (opción que, otra vez, consideramos no del todo descabellada pero sí altamente improbable). La alternativa restante, que hoy asoma como más factible, es que Kirchner abandone definitivamente toda veleidad “progresista” y se pase al bando “ortodoxo”, quizá con alguna salvedad cosmética. En ese caso, dependerá en buena medida de la actuación e iniciativas de la vanguardia y los movimientos independientes que la situación evolucione hacia un sofocamiento más o menos violento del proceso del Argentinazo o hacia una nueva etapa de éste, signada por la “delarruización” de Kirchner y una radicalización política hacia la izquierda. En esa perspectiva, los problemas más agudos pasan hoy por la falta de maduración de una construcción política y de poder del lado de la clase trabajadora y los sectores populares. Estas carencias del lado de la construcción de una subjetividad política e institucional de clase son hoy el obstáculo más importante para una progresión revolucionaria del proceso del Argentinazo.

Sin duda, estos escenarios alternativos son relativamente “puros”, y lo más probable acaso sea una combinación más o menos inestable de ellos. Sin embargo, es importante tener presente, en la actual coyuntura de fortaleza política de Kirchner y de aislamiento de la izquierda revolucionaria, hasta qué punto y sobre qué bases reales el gobierno ha logrado dar pasos hacia la reabsorción del Argentinazo.

La realidad es que se impone ser cautos sobre los alcances de esta contratendencia, y que cabe reafirmar como definición esencial que el proceso del Argentinazo sigue abierto. Que hoy el gobierno actúe casi sin oposición política, y con una “oposición social” aún bastante sorda, sólo significa que ha logrado postergar el momento de las grandes definiciones. Mucho antes de lo que imaginamos puede instalarse nuevamente la perspectiva de enfrentamientos y convulsiones sociales. La primera condición para que la clase trabajadora y la izquierda revolucionaria estén preparados para afrontar esos desafíos es partir de una evaluación serena y marxista, no impresionista, del momento político y del gobierno actuales. A esa comprensión hemos querido contribuir.

Publicado en Socialismo o Barbarie Nro. 15 septiembre 2003