El primer artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contenido en el Título I, Principios Fundamentales, reza: “La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.
Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”.

Como ha quedado plasmado en el texto constitucional refrendado por el pueblo venezolano -que participó activamente en su elaboración, aportando ideas y propuestas por escrito, haciendo acto de presencia en los recintos de discusiones y debates de la Asamblea Nacional Constituyente y siguiendo esos debates a través de las pantallas de televisión, tratándose de una experiencia constituyente de un arraigo democrático y popular difícilmente equiparable a alguna otra en este Continente-, los valores asociados a la libertad y a la soberanía están fuertemente arraigados en la historia, en la existencia misma de la República y en los sentimientos de las y los venezolanos.

El surgimiento de la República estuvo indisolublemente ligado a la lucha contra la opresión imperialista del Reino de España, el más poderoso Imperio de La Tierra para ese momento histórico. Pero además y fundamentalmente, la rebelión independentista estuvo orientada a la emancipación clasista de las amplias mayorías, sojuzgadas por la esclavitud, la servidumbre, el racismo y la segregación, miserias instituidas por la oligarquía mantuana y continuadas con nuevos ropajes por la oligarquía criolla y sus gobiernos traidores de la causa independentista, que gobernaron al país hasta el 2 de febrero de 1999, año a partir del cual Venezuela decidió retomar el rumbo emancipatorio para dejar de ser una “Banana Republic”, para adoptar un proyecto apoyado en la voluntad de la mayoría de su pueblo, en una disposición de afirmación histórica de la dignidad nacional y de contraposición a las aspiraciones inconfesadas de quienes aún aspiran a convertirse en gobernadores de una especie de Protectorado o Estado Libre Asociado.

Las reflexiones anteriores vienen al caso a propósito de la más reciente audaz aventura del señor embajador de los Estados Unidos de (Norte) América, Charles Shapiro, quien al parecer ha olvidado las normas de la diplomacia, o peor aún, quizás suponga hallarse en alguna de las colonias que en los albores del siglo XXI aún conserva su país en la cuenca del Mar Caribe. En su entusiasmo intervensionista del señor Shapiro no dudó en visitar para “ofrecer ayuda técnica” al Consejo Nacional Electoral (CNE) apenas instalado ese organismo, ello sin haber sido oficialmente invitado y antes que lo hiciera la inmensa mayoría de las y los más connotados funcionarios de los Poderes Públicos del Estado venezolano; otro craso error del ejercicio de la diplomacia. Pero lo más revelador es que lo hace en un momento en que este órgano debe decidir sobre la legalidad y constitucionalidad de una solicitud de referendo para que el pueblo venezolano decida soberanamente si sigue o no respaldando el mandato del actual Presidente de la República. Es además notorio que tal “oferta de asesoría” se le haga a un país que cuenta con una importante experiencia en organización de procesos electorales Transparentes -internacionalmente reconocida- realizados en los últimos 4 años.

Al parecer, el señor embajador aspira a convertirse en actor protagónico e inclusive imprescindible de la política interna venezolana. Ha de recordársele al mentado diplomático que para ejercer ese derecho deberá renunciar a la ciudadanía estadounidense y aspirar a adoptar la ciudadanía venezolana, para lo cual deberá cumplir con todos los requisitos que a los efectos contemplan la Constitución y las leyes de este país.

Supongamos que el señor Shapiro no aspire a la ciudadanía venezolana sino que simplemente pretenda “ayudar” a las y los venezolanos “a resolver sus problemas”; en tal caso, debe saber cuestiones elementales de mínima racionalidad, a saber, que es más prudente esperar una solicitud de ayuda antes que ofrecerla.

Sin embargo, si partiéramos del criterio de las buenas intenciones del señor embajador, lo cual sería loable de no ser por la sospecha fundada en hechos reiterados de que el diplomático asume una postura abiertamente parcializada en favor de sus pupilos de la “oposición” venezolana –baste recordar la impetuosa parodia contra el Jefe de Estado venezolano que ofreció a sus invitados(as) en una celebración oficial. Al respecto de tal parcialidad, acotamos un error adicional del funcionario estadounidense: quien aspira al estatus de “facilitador” o a brindar “asesoría” para impulsar un proceso político de diálogo, negociaciones, búsqueda de acuerdos o, en el caso que nos ocupa, de brindar “asistencia técnica” en un proceso eleccionario, debe cuidarse muy bien de mantener un comportamiento Equilibrado e Imparcial, única manera de obtener el respeto, la confianza y, principalmente, la legitimidad ante las partes en conflicto.

Está claro que el señor Shapiro ha perdido eficacia y legitimidad para ejercer cualquier intento de “facilitación” o de “asesoría” en el necesario proceso de reconciliación en el seno del pueblo venezolano, considerando que sus actos y pronunciamientos amenazantes, desconsiderados e irrespetuosos para con el Gobierno Nacional y el pueblo venezolano, así como sus reiteradas reuniones públicas y/o privadas con los principales dirigentes “opositores” venezolanos para “solicitarles información” sobre la situación venezolana y/o para “darles consejos” sobre lo que deben hacer al respecto, le descalifica para tal misión “facilitadora” y/o “asesora”.

Sin embargo, corresponde al CNE, en tanto institución autónoma decidir sobre la propuesta del embajador estadounidense. No obstante, en función de resguardar los intereses del Estado y el pueblo venezolano, toda instancia social y/o ciudadano(a) tiene el derecho y el deber de indagar qué hay detrás de tal oferta y de fijar posición al respecto, a la luz de las normas, principios y valores constitucionales, así como del Derecho Internacional y las convenciones internacionales que regulan la actuación del personal diplomático.

Crónica de un fraude anunciado

Comencemos por el principio, la mencionada oferta al CNE consiste en recomendar a la ONG estadounidense Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES en inglés), organización vinculada al Partido Republicano de Estados Unidos brindó “asesoría técnica” apoyando a la candidatura a la presidencia del señor George Bush en el marco de unas elecciones que finalmente fueron decididas en la Corte Suprema de ese país, dando por resultado la elección del actual presidente estadounidense en medio de serias dudas sobre la legitimidad de dicho resultado y de una querella judicial interpuesta por el Partido Demócrata.

¿Está calificada la mencionada organización estadounidense para “asesorar” procesos eleccionarios transparentes y ajustados a derecho en otros países cuando ha sido partícipe de procesos cuestionados en el propio?, quizás sea apresurado intentar una respuesta lo suficientemente fundamentada, sin embargo, no deja de resultar extraño que un sistema electoral legitime la elección de cualquier funcionario(a) aún cuando éste(a) halla obtenido millones de votos menos que su principal adversario(a). Desde Venezuela eso parece algo irracional, sin embargo, el Gobierno de la República no se inmiscuyó en ese asunto, considerando que ello habría sido una intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano y que debía ser resuelto por las y los ciudadanos de ese país.

¿Ha contribuido la ONG estadounidense asociada a los intereses del Partido Republicano a mejorar el sistema electoral de su país para evitar que en el futuro más elecciones se sigan decidiendo polémicamente en instancias judiciales?

Sobre tal interrogante, es pertinente hacer mención a informaciones de dominio público, aparecidas en la prensa venezolana e internacional, referidas a las preocupaciones e incertidumbres que aquejan a la población del estado estadounidense de California, por el temor de que se repita la experiencia citada de la elección presidencial estadounidense en el año 2000 -que muchos(as) ciudadanos(as) de ese país consideran fraudulenta- en el proceso electoral refrendario ha realizarse próximamente en ese estado.

Indistintamente de la fundamentación de legitimidad del sistema electoral estadounidense, y de las connotaciones de aquella polémica elección presidencial, las y los venezolanos nos reservamos el derecho de la duda sobre la capacidad técnica, la imparcialidad y el compromiso democrático de la IFES para garantizar procesos eleccionarios transparentes.

Washington y la IV República: historia de un matrimonio feliz...

No puede ser negado que la oligarquía venezolana supo construir un mito muy eficaz sobre “el sólido sistema democrático de Venezuela”, al punto que probablemente muchas personas fuera del país no advertían la realidad: en Venezuela imperaba una dictadura civil bipartidista, que instauró la práctica de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, de la tortura y los asesinatos políticos con anterioridad a los mundialmente conocidos crímenes de lesa humanidad provocados en el Cono Sur, Centroamérica y otras latitudes.

Al parecer, el hecho de tratarse de una dictadura civil dificultó el análisis de lo que acontecía en el país, partiendo de la falsa dicotomía que presenta lo civil como garantía de libertad y democracia y a lo militar como todo lo contrario. No se advertía aún claramente -al menos para la mayoría de los actores internacionales- que la democracia formal venezolana estuvo basada en la supremacía de dos partidos políticos altamente corrompidos y represivos, que en calidad de socios, resguardaron celosamente los intereses oligárquicos, sembrando de sangre a familias y comunidades enteras, dejando un balance de miles de personas asesinadas por su adscripción política y/o por manifestar públicamente su inconformidad con las actuaciones gubernamentales.

En Venezuela todos(as) sabemos que la década de los años sesenta fue la más sangrienta del último medio siglo veinte venezolano, que diezmó a una generación de líderes obreros y estudiantiles; que durante los años setenta y ochenta las masacres planificadas y el asesinato de decenas de estudiantes(as) y de campesinos(as) sin tierras por unos cuerpos de seguridad del Estado especializados en reprimir a quienes exigían derechos ciudadanos y un cambio de rumbo para el país, estuvieron a la orden del día; que ya en los años ochenta, la última masacre en gran escala, acometida por los “demócratas” venezolanos, a saber, la represión de la masiva protesta popular (27 y 28 de febrero de 1989) contra las medidas neoliberales contenidas en el tristemente célebre “Plan de Ajuste Estructural” -que pretendió imponer el ex-presidente y prófugo de la Justicia venezolana, Carlos Andrés Pérez- cobró la vida de más de tres mil personas (la historia oficial escrita por la oligarquía admite una cifra alrededor de diez veces menor), quienes fueron enterradas mayormente en fosas comunes, sin identificación alguna, para “borrarlas” de la historia. No contaban esos flamantes “demócratas” que el pueblo no olvida a sus muertos(as), y que en su memoria colectiva éstos(as) son savia para la lucha por la libertad y la dignidad, pilares de una auténtica democracia.

Los procesos eleccionarios de aquella peculiar “democracia” del pasado -ampliamente respaldada por los gobiernos de Washington-, estuvieron signados por legislaciones obsoletas y fraudes electorales, sin embargo, la comunidad internacional y, particularmente los gobiernos estadounidenses, en ningún caso se manifestaron preocupados por tales situaciones irregulares: el mito de la “sólida democracia venezolana” contaba con suficiente encanto en el escenario mundial, aunado ello a la complicidad de quienes sí tenían perfectamente claro qué pasaba realmente en el país y que optaron por el silencio y la complicidad.

Los medios “ washingtonizados” ¿de Venezuela?

No puede pasar por alto el siempre oprobioso papel de los medios comerciales de difusión masiva de Venezuela, dedicados a ocultar la represión al pueblo y demás violaciones a los derachos humanos, así como la respuesta organizada o no de ese pueblo para defenderse de sus opresores históricos y construir un futuro mejor.

No es casual que esos “medios”, que cada día forman escándalos con la supuesta “cubanización” de Venezuela para desacreditar los programas de atención a la salud, alfabetización, rescate de la agricultura, capacitación deportiva y otros, que apuntan a superar la exclusión y segregación social de amplias capas de la población, que los partidos del “puntofijismo”, en su función histórica de herederos de la opresión oligárquica colonial y más tarde republicana, contribuyeron a profundizar en cuatro décadas de “democracia formal” (1.958-1.998), y en su papel de “opositores” al actual proceso de cambios necesarios en el país.

Quienes hoy adversan al Proceso Bolivariano guardan el más absoluto silencio ante la intromisión de otro Estado en los asuntos internos del país, siendo, por el contrario, quienes han venido jugando el papel de auténticos “caballos de Troya”, dedicados a instar a que se cometan tales intromisiones y a aplaudir cada nueva “hazaña” del señor Shapiro. ¿Será que buscan la “washingtonización” de Venezuela?

Venezuela: una Patria Libre y Soberana

Unas consideraciones finales: Venezuela, en tanto Estado soberano e independiente, decide a quiénes solicita asesoría, en qué términos y en función de qué necesidades.

La Constitución Nacional, una vez más, nos da las respuestas a cada nuevo acto de la estrategia desestabilizadora de la “oposición” y de sus aliados internacionales: En la sección quinta: de las relaciones internacionales, contenida en el capítulo I De las disposiciones fundamentales, del Título IV Del Poder Público, el artículo 152 reza: “Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales”.