Considerando el carácter aventurero y poco democrático de diversos antecedentes de la actuación de los sectores que adversan al Proceso Bolivariano (ver http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias/servlet/Get_Object_00) y, específicamente, al Gobierno Nacional, es preciso alertar sobre la nueva fase de la estrategia desestabilizadora de esos grupos para lograr sus objetivos.

Tratan de suplantar la institucionalidad democrática del país a partir de su deslegitimación -mediante campañas mediáticas desinformativas y de descrédito-.

La revisión de las actuaciones de la "oposición", no sólo devela claramente el interés de deslegitimar a las instituciones, estrategia neoliberal orientada a la destrucción del Estado, dejando en pie sólo aquello que sea funcional al mercado y a la reproducción del poder oligárquico. Precisamente, de lo que se trata es de usurpar el papel del Estado, de sus instituciones.

Actualmente la empresa privada "Súmate" pretende legitimar un fraude electoral. Pero hay algo peor: los "medios" pretenden usurpar el papel de las instituciones del Estado -previa deslegitimación mediática de las mismas-. Pongamos algunos ejemplos recientes:

- Tratan de imponer -bajo presión- la agenda pública y las prioridades del CNE.
- Tergiversan el papel del Centro Carter y el Grupo de Países Amigos de Venezuela, instándolos a pronunciarse sobre asuntos internos venezolanos.
- Se comportan como actores políticos -copando espacios que corresponden a los partidos políticos, a los grupos de electores y electoras y a las organizaciones cívicas y Movimientos Sociales-.
- La abierta parcialidad de sus actuaciones no reparan en intervenir a favor de una posiciones inconstitucionales. En tal sentido, no sólo obvian la imparcialidad y veracidad a que están obligados sino que olvidan sus tareas de informar y educar.
- Juzgan y dan por hecho falsas decisiones, atribuidas irresponsablemente al TSJ; el más reciente ejemplo de este vicio es la difusión mediática de un documento forjado por elementos golpistas -aún no identificados- en el seno del TSJ, que alteraron el contenido del fallo, incluyendo aspectos curiosamente afines a los intereses políticos de la oposición, transmitidos afanosamente por los "medios".
- Dirigen campañas de descrédito contra las instituciones (Asamblea Nacional, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo), siendo el blanco actual el TSJ. Cabe destacar que hasta hace unos días el TSJ era presentado como la instancia "ideal" para escoger al CNE; ahora dicen que está politizado y es susceptible a presiones.

Sobre el asunto del forjamiento del fallo del TSJ, dando a conocer públicamente una versión distinta a la decidida por el Tribunal, cabe destacar que dicho delito es propio de las actuaciones de la "oposición", tratándose de un "modus operandi" con antecedentes en el país, siendo ejemplos emblemáticos la firma del ex-presidente Ramón Velásquez (1992-93), que bajo supuesto engaño indultó a un narcotraficante; así como el intento de adulterar el articulado del texto constitucional en el capítulo de los derechos económicos. Afortunadamente, el TSJ detectó inmediatamente la irregularidad, impidiendo el intento fallido y ordenando una investigación. Sin embargo, el efecto mediático, que es lo que busca la "oposición" logró su ardid para "calentar el ambiente", que tiende a normalizarse tras el nombramiento del nuevo CNE.

Otro ejemplo de las tergiversaciones mediáticas es la pretensión de presentar las denuncias del Gobierno Nacional -por demás justificadas y ajustadas a derecho- como "ofensiva del Ejecutivo", y además le otorgan una intencionalidad distinta a la búsqueda de la justicia: "impedir el referéndum revocatorio".

Otra ejemplo de tergiversación mediática es la profusión de mensajes que cuestionan al Gobierno Nacional "por adelantar la campaña política" para las elecciones de gobernadores(as) de julio de 2004. Parte de la manipulación es confundir intencionalmente una campaña con una pre-campaña, unos anuncios de nombres con unas postulaciones formales; buscan presentar los anuncios de la pre-campaña electoral bolivariana como una transgresión de las leyes, en procura de restarle una legitimidad que no sería desconocida en ninguna democracia en el mundo.

Simultáneamente al escándalo mediático formado por el anuncio de algunas precandidaturas bolivarianas, se presenta como algo absolutamente normal y cotidiano el hecho de que los "medios" hacen desde hace tiempo una intensa campaña a favor del referendo revocatorio presidencial -iniciativa que no les corresponde-, y más grave aún, promueven el "sí" de manera encubierta al difundir la consigna "sí al revocatorio", cuando es absolutamente innecesario hacer campaña para que se ejerza un derecho político como lo es el referendo -mecanismo constitucional creado por iniciativa y voluntad de los sectores populares e institucionales bolivarianos y que actualmente está siendo tergiversado por los sectores oligárquicos para generar desestabilización y violaciones al Estado de Derecho-. Adicionalmente, el ambiente electoral ha sido impuesto los medios comerciales de difusión masiva de informaciones con la intensa publicidad dada a la realización de eventos como el famoso "Firmazo" y manifestaciones como el "catiazo", el "petarazo" y otras de signo por demás violento.

Es revelador que en sus campañas, la "oposición mediática" omita el hecho de que todos los referendos revocatorios (incluyendo las solicitudes de revocatoria de mandatos a sus dirigencias en alcaldías y gobernaciones) son prioritarios porque se trata de derechos políticos, tal como lo ha reiterado el presidente del CNE. Es igualmente llamativo que no se refieran a la investigación que deberá realizar el CNE sobre el fraudulento proceso electoral orquestado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), mediante el cual la corrupta y desacreditada cúpula sindical adeca se hizo con la directiva de dicha organización. Una actuación equilibrada del CNE, avocada a la estricta revisión de las irregularidades de aquél proceso electoral, podría conducir a declarar la ilegitimidad de la actual directiva de la CTV.

Devela las verdaderas intenciones de la "oposición" el hecho de que han sido esos sectores quienes han venido impidiendo la activación del mecanismo revocatorio del mandato presidencial y de otros mandatos (de alcaldes o alcaldesas y gobernadores o gobernadoras). En el primer caso, es evidente que los obstáculos han derivado de la improvisación, la desesperación "por salir del señor Chávez" y, lo más lamentable: la vil estrategia de entorpecer intencionalmente la activación del mecanismo revocatorio para "culpar" al Gobierno Nacional de "impedir el revocatorio".

Las reiteradas torpezas técnicas, jurídicas y políticas que han signado el manejo de la situación por la "oposición" no obedecen en todos los casos a errores involuntarios derivados de la desesperación, de hecho, las dudas que albergan sobre sus capacidades para revocar el mandato al Presidente Hugo Chávez o para derrotarlo en unas elecciones convencionales son tales, que han optado por utilizar el discurso sobre el referendo para generar desestabilización y no para activar eficazmente dicho mecanismo.

¿Qué busca la oposición?, es evidente que procuran sembrar una matriz de opinión que apunte a señalar al Gobierno Nacional como "transgresor" de la Constitución y las leyes por "entorpecer el revocatorio", a la vez que desestabilizan al país bajo el argumento de "luchar por el revocatorio" y, adicionalmente, mueven las piezas para intentar un fraude electoral con apoyo internacional -única manera de que la oligarquía derrote a la opción bolivariana-.

La "oposición" y sus "medios de información" buscan "servir la mesa" para justificar alguna intervención militar de sus aliados antibolivarianos internacionales. El objetivo se mantiene invariable: detener el proceso de empoderamiento popular para perpetuar los privilegios de la oligarquía criolla y garantizar la apropiación de los cuantiosos recursos del Estado por el poder transnacional.