WORLD DATA SERVICE, 3/09/2003.- El pasado reciente para muchos países latinoamericanos ha sido negro con sangrientas dictaduras, denunciadas por sus víctimas, pero no por los actuales "campeones de los derechos humanos".

Esos gobiernos militares de extrema derecha fueron particularmente abundantes en las décadas de los 1960s a los 1980s, todos con respaldo más o menos abierto de Washington.

La proliferación de esos regímenes se debió a la necesidad de Estados Unidos de poner orden en lo que considera su traspatio, ante la ola revolucionaria de aquellos años.

Era el momento en que el triunfo revolucionario en Cuba había demostrado la posibilidad de un camino de autodeterminación propio en la región.

Los protagonistas de esos regímenes castrenses pasaron casi todos por las aulas de la llamada Escuela de las Américas, donde aprendieron las artes luego aplicadas desde el poder.

El refranero popular dice que "a cada puerco le llega su San Martín", máxima que se dedica al momento en que la justicia es aplicada finalmente.

Ahora, ese "San Martín" aparece en escena, por lo menos, en Argentina, Chile y Brasil, con las presidencias de Néstor Kirchner, Ricardo Lagos y Luiz Inacio Lula da Silva, respectivamente.

La exposición de los crímenes puede ser más o menos enérgica, pero lo fundamental es que los abusos a miles de latinoamericanos vuelven a la palestra.

El 28 de agosto, el Senado argentino revocó por mayoría aplastante la amnistía aprobada en 1986 y 1987 para proteger a los jefes y verdugos de los gobiernos militares.

En algunos círculos se ha pretendido dar a esas iniciativas un toque personal, ya que Kirchner, Lagos y Lula, antes de presidentes fueron víctimas de la represión.

El momento ha llegado, entre otras razones, porque las medidas son muy populares y los viejos protagonistas ya no parecen tan intimidantes.

Es hora de la memoria colectiva, un paso importante para América Latina, que necesita poner a buen recaudo a los violadores de derechos humanos verdaderos.

Esos individuos, por lo general, sacaron enormes provechos financieros de su participación en las más oscuras historias del hemisferio.

Ahora estos países exigen que haya un pase de cuentas de aquellas políticas y, sobre todo, de los miles de desaparecidos que causaron, todavía irredentos.

Uno de los que más ha podido avanzar en el camino del detergente y el agua limpia con los antiguos violadores es Kirchner, quien recibió del Senado una votación de 43 a favor y siete en contra.

En el cuerpo legislativo argentino sólo uno de sus miembros tuvo incertidumbre acerca de votar contra los matarifes de los regímenes militares.

Argentina tiene uno de los pasados más negros de la región con una cifra de desaparecidos o muertos que cálculos conservadores sitúan en nueve mil, mientras otros estiman 30 mil.

Cifras verdaderamente como para erizar los pelos de terror, si se tiene en cuenta que se trata de un período tan breve que llena apenas siete años, de 1976 a 1983.

Por las espaldas de los viejos generales debe haber pasado un escalofrío traumático al saber sobre la decisión de Kirchner de atender las solicitudes de extradición desde ultramar.

En el gobierno brasileño presente no faltan las razones para querer pasar la cuenta a los militares que acapararon el poder entre 1964 y 1985 en el llamado gigante sudamericano.

El presidente Lula, entonces un dirigente sindical fue a parar a la prisión por sus luchas opositoras, donde conoció que su madre había muerto.

El jefe de personal del Palacio de Planalto, José Dirceu, tuvo que exiliarse en Cuba en aquellos días tormentosos de dictaduras militares brasileñas.

El presidente del Partido de los Trabajadores (de gobierno) fue guerrillero y los militares lo capturaron, de ahí que no sea una sorpresa la dedicación a que se haga justicia.

A mediados de agosto, el gobierno de Lula ha reorganizado la comisión investigadora de las desapariciones políticas y le ha instruido para que busque la verdad a cualquier precio.

El Chile de Lagos, que procede del partido del depuesto presidente constitucional Salvador Allende (aunque las circunstancias son otras) también promueve iniciativas contra los violadores.

Los intentos de llevar a cortes al principal acusado, el general Augusto Pinochet, fracasaron en 2000-2001, porque sus abogados alegaron su avanzada edad y que se encontraba enfermo.

Al jefe del régimen golpista se le presentaron cargos de maquinar el golpe del 11 de septiembre de 1973 y luego torturar y asesinar a los opositores políticos.

El pasado 12 de agosto, casi un mes antes del 30º aniversario de la cruenta asonada, Lagos anunció a los chilenos que intensificará las investigaciones de los crímenes de Pinochet.

El gobierno de Chile preparó los expedientes de más de tres mil muertes y ha procedido a compensar a muchas de las familias perjudicadas.

El presidente, embajador de Allende en la desaparecida Unión soviética, prometió que aprobará un presupuesto de 30 millones de dólares para compensaciones por los crímenes de la dictadura.

Al trío en Buenos Aires, Santiago de Chile y Brasilia se une ahora el recién estrenado gobierno de Nicanor Duarte, en Paraguay.

Esa nación mediterránea sudamericana estuvo bajo el férreo puño del general Alfredo Stroessner de 1954 a 1989 y ahora la flamante administración echa una ojeada al pasado.

El parlamento en Asunción se apresta a formar una Comisión de la Verdad y Reconciliación igual a la que está en funciones en la vecina Chile.

Duarte, que recibió la banda presidencial el pasado 15 de agosto en presencia de varios mandatarios de la región, incluido el cubano Fidel Castro, no tiene vínculos con la dictadura.

Por esta innovación en la política nacional, los paraguayos, sobre todo los activistas de derechos humanos, han cifrado enormes esperanzas en que se investigarán las muertes y desapariciones.

En los años del gobierno del general Stroessner, una de las dictaduras militares más prolongadas de América Latina, los muertos y desaparecidos pudieran haber sumado 30 mil paraguayos.

Las iniciativas contra los criminales de las dictaduras militares latinoamericanas se expanden con rapidez, para esperanza de las víctimas, sus familiares y los ciudadanos en general.