Multitudinaria y contundente la movilización obrera, campesina y popular realizada en Colombia el 16 de septiembre contra el gobierno autoritario y oligárquico del señor Álvaro Uribe Vélez. En Bogota, la Capital, mas de 150 mil personas desfilaron por la principal Avenida del Centro para denunciar la naturaleza despótica y antipopular de la actual administración, al servicio de los grandes capitales, nacionales y extranjeros, y de poderosos hacendados y ganaderos y en abierta complicidad con los grupos paramilitares, ahora movilizados en la mas completa impunidad, en las aeronaves asignadas por el Plan Colombia a la Fuerza Publica. Igual ocurrió en el resto del país: en Medellin, Cali, Barranquilla y las principales vias, bloqueadas por los campesinos para hacer conocer sus reivindicaciones y sus terribles condiciones sociales.
No obstante el dispositivo de represión autoritaria puesto en marcha; en medio de una monumental crisis económica que sirve de trasfondo a una exacerbada rabia popular; y con el agudo caos político y gubernamental en que trascurre la actual administración uribista, a tres meses de iniciada su gestión, millones de colombianos han tomado la determinacion de confrontar una crisis que los afecta gravemente y cuyo origen es un sistema social y un régimen político excluyente y profundamente oligárquico, cuyo símbolo es la actual administración.
Sobreponiéndose a la intimidación, la represión y las normas que suspenden derechos políticos fundamentales, como el Decreto 2002, recientemente expedido, para otorgar facultades judiciales a los militares y crear zonas de rehabilitación y guerra, el movimiento popular colombiano esta recurriendo a la protesta y movilización combativa, para enfrentar un régimen focalizado en regresivas reformas políticas, sociales, judiciales y tributarias.
El eje de la gestión del actual Gobierno, en los 90 días que lleva de acción efectiva, ha sido la represión y la adopción de normas draconianas encaminadas a dotar los aparatos militares y policíacos de facultades para eliminar derechos políticos y aplastar toda expresión popular y democrática y, por supuesto, suspender jueces y ejercicios judiciales que permiten mínimas defensas. Los derechos de asociación, de movilización, de expresión, de comunicación y de oposición han sido objeto de precisas disposiciones que los suspenden, argumentando la seguridad y protección de los privilegios de las minorías plutocráticas. Las facultades a los aparatos represivos para detener sin ordenes judiciales, los allanamientos, las interceptaciones telefónicas, configuran un cuadro dictatorial que da continuidad a años de ejercicio sangriento de poder para impedir el despliegue de las formas populares que buscan la defensa de millones de colombianos en condiciones de pobreza y marginalidad. En este contexto, reboto un miserable chauvinismo, en boca del retrogrado Ministro del Interior y Justicia, quien ordeno deportar lideres campesinos brasileros y españoles llegados para acompañar la marcha popular. En plena globalización, este es un acto cavernario que solo cabe en la mente enfermiza de una elite cuyo símbolo es la capucha y la delación pagada con millones del presupuesto publico para apuntalar la red del millón de informantes, en pleno apogeo.
Aun así, millones de colombianos salimos este lunes en franca rebelión a expresar nuestra repulsa e indignación.
Rebelión propiciada, además, por la profunda crisis económica que ha estallado al conocerse el deteriorado cuadro fiscal del Estado, escondido deliberadamente por el anterior Gobierno conservador de Andrés Pastrana y su Ministro de Hacienda Juan M. Santos, quien utilizo el periódico de su propiedad, El Tiempo, para maquillar los principales indicadores macroeconómicos. Ahora sabemos, no obstante el riguroso Ajuste Fiscal exigido por el Fondo Monetario Internacional desde 1999, que el Déficit Fiscal se ubica entre el 4 y el 5 por ciento del PIB, que al presupuesto del 2003 le faltan casi 6 billones de pesos (3000 millones de dólares), que la Deuda del Estado copa un servicio equivalente al 78,3 por ciento de los ingresos tributarios del país, que la misma compromete el 35 por ciento de las exportaciones y que equivale al 48,2 por ciento del PIB. Tan grave la situación, que el Jefe de Planeación Nacional ha dicho que la economía colombiana es un Titanic malogrado, a lo que contribuye toda la estrategia oficial con sus reformas y su insistencia en el recetario del FMI, implementando por el actual Ministro de Hacienda Roberto Junguito, ex-funcionario de dicha entidad, y no obstante el colapso argentino.
Como se pretende descargar toda esta crisis en el pueblo, con la reforma laboral que interviene los salarios de los trabajadores mediante la modificación de los horarios de trabajo para reducir ingresos; con la reforma pensional que recorta solidos derechos prestacionales; con reformas al Estado que derivan en el despido de millares de empleados oficiales; y mediante onerosas reformas tributarias, la rebelión popular es inevitable y necesaria.
No se puede pretender llevar mansamente a la clase obrera y al pueblo a un cepo que lo encadene y convierta en un esclavo en condiciones de aberrante humillación.
Se justifica y se necesita esta ascendiente rebelión popular, porque el tremendo caos político en que se desenvuelve el actual régimen, entregado a las castas politiqueras que pretendió revocar mediante un referendo, acelera la ruina de la Nación. Este gobierno no sabe para donde va, esta plagado de incoherencias y desatinos, pretende hacer gestión dando palos de ciego como lo esta demostrando el manoseado referendo que un día se anuncio dizque para acabar con la politiquería y corrupción de una obsoleta institución parlamentaria, completamente enajenada, y que a estas alturas se esta rearmando con los mismos politiqueros de siempre para hacer efectivo el Ajuste Fiscal impuesto por el FMI, mediante la congelación, durante varios años, de los salarios de los empleados públicos, una nueva reforma de las transferencias fiscales y con facultades al Presidente para que expida la reforma tributaria que facilite el recaudo de casi cuatro mil millones de dólares para atender el peso de la deuda y las demandas de la guerra civil colombiana.
De la rebelión popular en curso debe emerger una nueva institucionalidad democrática que reorganice la sociedad colombiana en interés de las mayorías nacionales. Debe surgir una sociedad socialista que haga el corte con la barbarie neoliberal del capitalismo salvaje hegemónico.
Por lo pronto, la fuerza del movimiento popular aceleró las grietas del esclerótico sistema político dominante. Tan evidente la crisis que el señor Mokcus, Alcalde de Bogota, debió vetar en su jurisdicción la Red de Informantes y el lunes de la delación con los encapuchados de las Brigadas Militares. Que la Dirección Nacional Liberal, salió a respaldar la movilización social, para evitar un mayor aislamiento político del viejo clientelismo. Corresponde al liderazgo obrero y popular encauzar estas contradicciones para aislar a la fracción más recalcitrante de los ultra fascistas que conduce Uribe Vélez y su Ministro Londoño Hoyos e impedir el reencauche de la fracción burguesa en aparente disidencia.
Santa Fe de Bogota, 17 de septiembre del 2002.
