Aceptar que las firmas del denominado “firmazo”, recogidas hace casi siete meses, puedan aún ser válidas a los fines del referéndum revocatorio – referéndum que según la Carta Magna sólo puede ser solicitado a partir del presente mes de agosto, y por ende jamás debió haber sido solicitado durante el pasado mes de febrero como fraudulentamente pretendió la oposición- representa una aberración desde el punto de vista del sentido común

En términos generales, las opiniones – y las firmas del” firmazo” constituyeron opiniones en el momento que se recogieron- están sujetas a cambios permanentes al igual que cualquier otro fenómeno de la vida; sobre todo la opinión pública. Pensar que la opinión pública es estática e inmutable en el tiempo es desconocer una condición elemental de la existencia de todas las cosas y criaturas del universo, como certeramente lo indicara hace dos milenios y medio el filósofo griego Heráclito. Esto es verdad especialmente en el caso de la opinión pública. Un ejemplo muy ilustrativo lo tuvimos recientemente en Inglaterra, donde hasta hace solo unas semanas las encuestas señalaban al primer ministro Tony Blair gozando del 71% de las simpatías del electorado británico; hoy, sin embargo, las mismas encuestas indican que esas simpatías apenas alcanzan el 30%... Si este radical viraje de la opinión pública de Inglaterra se operó en apenas semanas ¡cuánto más no habrá cambiado la opinión pública en Venezuela en siete meses!.

El hecho de que en el Artículo 72 de la Carta Magna no se indique nada sobre la oportunidad de realizar gestiones para cumplir con las exigencias constitucionales en materia de referéndum revocatorio, no da derecho a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o al Consejo Nacional Electoral (CNE) para contravenir lo establecido por el sentido común y la elemental sensatez humana acerca de la mutabilidad natural de las opiniones en general y de la opinión pública en particular. Tal cosa sería, como ya dijimos, una aberración y denotaría una inadmisible parcialización de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o del CNE.

Si, como insidiosamente sugieren los medios de comunicación venezolanos convertidos hoy en partidos políticos, Chávez cuenta con menos simpatías en la población que hace siete meses ¿por qué entonces la oposición insiste tanto en hacer valer esas viejas firmas (sabiendo además que las
-2-
mismas pueden ser impugnadas por la razón antes señalada ,así como por haber sido recogidas para propósitos distintos a los establecidos en la Carta Magna, etc.), en lugar de abocarse a recabar nuevas firmas; las cuales, según su propia lógica, serían mucho más numerosas que las anteriores ?. Resulta curioso que en vez de estar masivamente recogiendo ese “inconmensurable caudal de firmas de repudio a Chávez” con el que dicen contar hoy, los sectores que mayoritariamente conforman la denominada “coordinadora democrática” han convertido al “firmazo” en su principal bandera política. Afincarse en el “firmazo”, en lugar de recoger nuevas firmas, no puede significar si no una cosa: la “coordinadora” se ha dado cuenta que no cuenta con el mismo respaldo popular de hace siete meses; un hecho que pretende ocultar divulgando encuestas de dudosa reputación.

Convertir el “firmazo” en bandera política para agitar a sus seguidores, o como ellos dicen: para “calentar las calles”, demuestra que en el seno de la oposición aún persiste el mismo espíritu trapacero que en el pasado reciente la llevó a transitar por variados atajos al margen de la ley, rechazados por la mayoría del pueblo, como el golpe de Estado del 11 de Abril y el golpe económico en contra de PDVSA y la población de diciembre y enero pasados, así como los atentados terroristas, convictos y confesos, en contra de las embajadas de España y Colombia, etc.etc.

Finalmente, no debemos olvidar que si bien la oposición está hoy dedicada ( al menos en apariencia) a tratar de alcanzar sus objetivos a través de una vía legal y pacífica como la del referéndum establecido en el Artículo 72 de la Carta Magna – algo que si hubiese hecho desde un principio le habría ahorrado al país sangre y muchas dificultades económicas, políticas y sociales – esto no ha sido por propia voluntad, si no luego de haber intentado todas las trapacerías y atajos ilegales que vengo de mencionar, y bajo la inefable presión de la comunidad hemisférica representada por la OEA, el Centro Carter y el PNUD; quienes le leyeron ( en inglés presumo), lo que está establecido en nuestra Carta Magna Bolivariana (y chavista) desde hace años.....

(*)Profesor titular de la ULA