Al analizar la Reforma Constitucional presentada por nuestro Presidente Hugo Chávez, observamos una extraordinaria profundización de los derechos de los ciudadanos hacia la realización definitiva de ese nuevo Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, se establecen nuevos órganos que otorgan poder al pueblo en áreas donde históricamente jamás hemos tenido participación. Por esta razón se crean los consejos comunales, para que la comunidad organizada ejerza un gobierno directo en los asuntos propios de su comunidad, derrote la burocracia y erradique la corrupción. Se crean los consejos obreros, mediante los cuales, el Estado reivindica la participación de los que operan la empresa con su esfuerzo físico intelectual frente al absolutismo patronal, facultándolos para intervenir en la dirección productiva. Se establecen los consejos estudiantiles, para garantizar la gestión universitaria de los estudiantes y la relación con sus autoridades. De igual modo, se constituyen los consejos campesinos, para equilibrar a los pequeños y medianos productores del campo frente a los grandes sujetos económicos dentro del proceso de producción agrícola. De modo que estos consejos superan las formas de democracia indirecta y representativa que rigen en los Estados capitalistas, puesto que le dan existencia palpable al Poder Popular, fijando las bases de la nueva democracia, de participación y protagonismo del pueblo gobernando al pueblo, sin entregar este poder a otros representantes.
Por otra parte, es una trascendental medida de protección social para sectores económicos especialmente vulnerables, la creación de un Fondo de estabilidad social en beneficio de los trabajadores no dependientes, dado que posibilita que sujetos como buhoneros, taxistas, entre otros trabajadores a cuenta propia, gocen por primera vez de derechos laborales fundamentales como régimen de jubilaciones, pensiones, vacaciones y demás reconocimientos. Todo ello impulsando la erradicación de la precariedad social que sufre este sector informal y su transición hacia una economía formal. Notablemente, la implantación de nuevos modos y relaciones de producción económica, con esquemas alternativos, asociativos, comunales, comunitarios, cooperativos y microfinancieros, se apartan del modelo capitalista de explotación que hemos conocido, donde la autoridad patronal gobierna sobre una masa de asalariados y se apropia individualmente de las riquezas que los obreros generan en conjunto.
En este orden de ideas, la reducción de la jornada laboral, a un máximo de 6 horas diarias y 36 horas semanales, y la jornada nocturna con un tope de 6 horas diarias 34 semanales, sin afectación del salario, representa una medida histórica contra la explotación laboral y la plusvalía, y en favor de la reivindicación de la masa trabajadora, ya que al mismo tiempo compromete al patrono a promover programas de beneficio para el obrero, en educación, formación integral, desarrollo humano, físico, espiritual, moral, cultural y técnico.
Finalmente, es de hacer notar, que para derrotar las matrices de opinión embrutecedoras de la Burguesía y sus sirvientes opuestos a la reforma, los ciudadanos progresistas debemos difundir que el proceso histórico que vivimos es una Lucha de Clases, y que de ella se desprende una aguda contradicción entre la propiedad privada y la propiedad social respecto a los medios de producción (fábricas, bancos, fincas, etc.) y no en los bienes de uso personal (vivienda, automóvil, muebles, etc.). Y que a esta conflictiva realidad social, la Reforma Constitucional responde, incorporando formas de propiedad distintas a las del Capitalismo, propiciando las condiciones objetivas y subjetivas del escenario en el que se impondrá sociopolíticamente el modelo que da mayores beneficios a toda la sociedad: el Socialismo.
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