Los opuestos a la reforma
constitucional entre los varios aspectos adversados hacen énfasis en
la concentración del poder y en la reelección presidencial. Quieren
hacer ver que con la reforma lo que se busca es que el presidente concentre
para sí en una suerte de dictador todo el poder y con la reelección
sucesiva pretenda atornillarse en el solio de Miraflores. Vamos a referirnos
a estos dos rubros, porque sobre ellos y contra ellos se argumenta con
inusitada insistencia.
Con el llamado “nombramiento
a dedo” se quiere tapar con el dedo el sol. Se hace ver que el presidente
busca con esto asumir para sí la responsabilidad de escoger a dedo
los funcionarios. Es hacer ver que se quiere recurrir a reminiscencias
del pasado, cuando el presidente escogía sus colaboradores inmediatos,
a solas o en conciliábulos. Esta práctica fue propia de nuestros dictadores,
especialmente el presidente Gómez, sin duda el hombre que más concentró
poder en nuestro país, y lo ejerció a plenitud, y nuestros presidentes
de la democracia representativa, cuando los jerarcas de los partidos
en coalición, hasta ante una partida de dominó otorgaban las posiciones,
según el reparto de sus conveniencias. El cargo por elección popular
ahora es un mecanismo que ha permitido superar el deísmo, que no puede
verse hoy como lo era en el pasado. Desde luego, en la tradición presidencialista
aún no superada de nuestro país, el presidente sigue siendo la figura
principal y hacia él se dirigen todas las miradas, todas las peticiones,
todas las exigencias y todas las necesidades, desde que se instauró
en nuestro país como estrategia política: “la culebra se mata por
la cabeza”.
En los regimenes de
fuerza del pasado, el ejecutivismo como expresión del presidencialismo
era el eje de la actividad estatal, los poderes estaban supeditados
a las decisiones directas y personales del presidente, por encima muchas
veces de las atribuciones de los otros dos poderes. Hoy, el poder se
ha ampliado y diversificado en cinco componentes, y se le ha señalado
además protagonismo y participación a las masas, y se ha propuesto
el instrumento de la contraloría social, como un mecanismo de control
y vigilancia. De modo, que estos mecanismos tales como están planteados,
al perfeccionarse serán una garantía para sofrenar las arremetidas
presidenciales. Y con el otorgamiento de poder a las localidades y comunidades,
es de esperarse se conforme una poderosa red de poder que las convertirá
sin duda a ellas en centros de importantes toma de decisiones, convirtiéndose
los funcionarios y dirigentes en meros ejecutores y vigilantes de esas
decisiones.
En cuanto a que la
reelección presidencial es una fórmula de convertir a presidentes
en figuras vitalicias, como práctica existente también en otros países
tiene vigencia siempre y cuando el electorado así lo disponga, y entienda
que un presidente realiza una acción de gran aliento y envergadura
que amerita su presencia. Y durará sin duda, el presidente en sus funciones
hasta que el pueblo quiera. Es como el caso contrario, de la reelección
del candidato aspirante, que se presenta una y otra vez en busca del
favor del electorado, hasta que las circunstancias obliguen a su retiro
o permitan al fin su elección por favor popular, los casos históricos
sobran, aquí y en otros países.
El argumento de que
la concentración del poder afecta la tradición del federalismo en
nuestro país es casi como una falacia, pues en verdad nuestro federalismo
ha sido eso y nada más, un recurso a mano como pretexto para acomodar
y aprovechar circunstancias políticas, desde aquella célebre expresión
de Antonio Leocadio Guzmán que sostenía “no se
de dónde han sacado eso de que el pueblo venezolano
tenga amor a la Federación,… porque si los enemigos hubieran dicho
Federación nosotros hubiéramos dicho
Centralismo”. Es cierto que nuestro primer Congreso discutió
sobre la materia, sin llegar a una fórmula definitiva, pues los acontecimientos
suscitados arroparon los planteamientos esgrimidos; es cierto que en
la ruptura de la Gran Colombia y el derrumbamiento del bolivianismo,
el federalismo fue el socorrido argumento para justificar su disolución;
es cierto que a nombre del federalismo, la oligarquía ahogó al país
en una guerra larga de cinco años, y que en todas las discusiones entabladas
a la hora del cambio político, centralismo y federalismo han sido las
constantes de nuestra historia política. Han sido como comodines en
el juego de nuestra dinámica política.
Evidentemente se está planteando ahora en nuestro país un cambio político de gran envergadura, un cambio de relaciones político-económicas que ameritan suplantar viejas y desacreditadas estructuras por otras, al calor del llamado socialismo bolivariano del siglo XXI. Las controversias suscitadas alrededor de las transformaciones propuestas con fundamento en la reforma constitucional para ajustar La Carta Magna en sus formulaciones a los presupuestos básicos que ella debe contener es natural ocasionen tremendas reacciones entre los detentadores del poder político en el pasado y que ahora pretenden volver ha ejercerlo y los que todavía son todos poderosos en el esquema capitalista de nuestra economía, en contra de sectores populares que ahora tienen en sus manos las posibilidades de materializar las aspiraciones y esperanzas que históricamente, antes imposibles, siempre han demandado, y la real posibilidad de empezar a superar su mundo obligado de penurias y desigualdades, como nunca antes en el pasado. Una lucha desigual y dura, que va mucho más allá de las simples discusiones, ante un horizonte lleno de aún oscuros nubarrones. La unanimidad del pueblo con su Revolución es ahora imprescindible.