La oposición está en desesperada búsqueda de sangre. Quieren incendiar el país para satisfacer sus ambiciones económico-políticas. Apelan a las maniobras más viles, a la bajeza más abyecta con tal de generar caos y violencia. Están persiguiendo que los repriman por realizar acciones delictivas, para luego acusar de represivo al gobierno. Estos canallas han roto todos los límites y transformado la lucha política en crimen organizado y terrorismo. Entre los siniestros planes de esta gentuza figura sabotajes y asesinatos en la industria petrolera –por ejemplo, se están robando o destruyendo los transformadores de muchas instalaciones-, cierre de calles, autopistas y carreteras, atentados terroristas con explosivos, agresiones y posible muerte de periodistas opositoras para culpar de ellas al chavismo. En fin, un cúmulo de actos hamponiles propio de quienes saben que por vía democrática, electoral, nada tienen que buscar.

Uno de los objetivos de esa campaña criminal es exasperar al pueblo, a la gente normal y decente que representa el grueso de la ciudadanía, para que reaccione violentamente, ataque las urbanizaciones ricas, saquee comercios y actúe de forma que puedan decir que el gobierno perdió el control de la situación. A delincuentes como Alfredo Peña de Otero, Enrique Mendoza, Henry Ramos, Lewis Pérez, Manuel Rosales, Henrique Salas Römer, Juan Fernández y otros de similar mala entraña, les importa un comino cuántas personas mueran en este tipo de acciones. Ya buscaron similar desborde durante la huelga de diciembre y enero. Los criminales que organizaron el paro, sobre todo la Gentuza del petróleo, se jalaban los pelos porque no había una explosión de violencia popular. Nunca entendieron que las organizaciones chavistas de base controlan muy bien al pueblo. De hecho, fueron los calumniados círculos bolivarianos, presentados sin la menor prueba como grupos violentos, los que lograron evitar la violencia popular contra el hampa política que, por retruque, habría afectado a las personas de las clases A y B.

Parte de ese plan para generar violencia incluye la farsa de solicitar el referendo revocatorio presidencial con firmas forjadas. La Coordinadora DemoKKKrática piensa entregar al CNE, cualquiera que éste sea, las planillas mal redactadas y presentando a personas que nunca las suscribieron como si lo hubieran hecho. La señora madurita que habla como los sifrinos de los años setenta, Corina Machado, juega un papel crucial en ese plan asesino, pues presta su organización Súmate para forjar las firmas y presentarlas como legítimas. Por algo nunca las muestran, no las publican ni permiten que la gente revise si la pusieron a firmar siendo mentira. La señora ésa, ni ninguna otra persona de la oposición, jamás ha dado una explicación verosímil de porqué no muestran las firmas o publican las cédulas de los supuestos “firmantes”. La razón es obvia y evidente: se trata de una vulgar falsificación, pues en caso contrario las mostrarían. Sí, Corina Machado Parisca participa en un plan cuyo objetivo final no es lograr un referendo –pues saben que Chávez los barre en cualquier salida electoral- sino provocar muertes. Una asesina, una embustera, una falsificadora. Cómplice de forajidos como lo son todos los capos de la Coordinadora DemoKKKrática y especialmente ella, que hasta firmó el decreto de Carroña Estanga.

Por cierto, no sólo en el aspecto político actúa delictivamente la señora madurita ésa de los abalorios abundantes y el cerebro hueco. Corina Machado realiza obras ilegales en su apartamento de Los Palos Grandes. Se trata de reformas de gran magnitud, que implican hasta levantar un piso adicional, pese a las protestas del resto de los vecinos. Claro, como tiene la protección de su cómplice, el nalgotraficante Leopoldo López...

Una pequeña muestra del plan criminal de la oposición: los sicarios de Bandera Roja lograron detener la actividad docente en el Liceo Andrés Bello. No habrá exámenes de tercer lapso, sino trabajos de investigación. Alfredo Peña de Otero, cuyos esbirros de la Policía Metropolitana dan protección a los hampones de Bandera Roja, lamenta que los estudiantes no hayan perdido el año, aunque recibirán una educación deficiente e incompleta. A él sólo le interesa generar caos y violencia, para lo cual no duda ni siquiera a la hora de contratar francotiradores para asesinar inocentes.

Tan criminales como Peña de Otero o Enrique Mendoza, dos de los principales organizadores de actos violentos y terrorismo, son los dueños de los medios que promocionan esas actividades, le dan cobertura, ayudan a caldear el ambiente y mienten deliberadamente. El hipócrita Andrés Rata, dueño de El Universal, quiere compensar su impotencia y las pelas que le propina su mujer, aventurándose en política. Este tartufo muestra su baja catadura, su esencial malignidad de opusdeísta con la campaña de embustes que mantiene en su periódico. Perdió hasta el último atisbo de vergüenza y transforma lo que fue un diario conservador pero serio, en un pasquín amarillista, falaz, tendencioso e incitador al crimen.

A los medios de comunicación opositores les ha dado ahora por hablar de censura previa, como si el actual gobierno pensara aplicarla y la sentencia 1.942 del TSJ la hubiese establecido. La realidad es que únicamente se aplicó durante el puntofijismo y se usó de ella con abundancia. Ayer señalamos como el patiquín ése de Marcel Granier, cuyo único mérito fue casarse con la hija del dueño de RCTV, compró dos jueces para censurar un libro de Rafael del Naranco. Pero los casos son abundantísimos. Por ejemplo, al cineasta Luis Correa el gobierno de Luis Herrera lo encarceló un par de meses cuando anunció que llevaría al cine el Caso Mamera y los asesinatos del distinguido Ledezma. Antes incluso de escribir el guión, ya le abrieron un expediente judicial por apología del delito. O qué decir de cuando un bobo llamado Rafael Caldera prohibió la película El último tango en París. En el mismo primer gobierno de Caldera se recogió el libro Las celestiales, de Miguel Otero Silva. Eso sí, el canalla de su supuesto hijo, Miguel Henrique Otero de Peña, habla ahora como si la censura previa la hubiese inventado Chávez, que jamás la aplicado ni aplicará. ¿Y qué otra cosa sino censura previa fue lo que aplicó Lusinchi cuando sus esbirros decomisaron en Maiquetía la edición del diario ABC donde se reseñaba su viaje a España en compañía de Blanca Ibáñez, con el malintencionado título de “el presidente venezolano prefirió la parda a El Pardo, pues durmió en un hotel y no en ese palacio? En fin, que una decisión judicial –no del gobierno- que permitiría a los jueces –no al gobierno- evitar que se publique propaganda de guerra, incitaciones al odio racial o a la violencia, esos embusteros dueños de los medios la muestran como una arremetida gubernamental contra su libertad de expresión.

El narcolavador Salomón Cohén, dueño del Sambil y otras lavadoras, está despidiendo personal a pesar de la inamovilidad. A muchos de ellos les roba las prestaciones. Sus empresas se tambalean como consecuencia de su participación en el paro golpista de diciembre y enero, que incluso le hizo perder importantes clientes de Cali y Medellín.

Los efebos de Primero Justicia empiezan a reaccionar ante la trampajaula de delegar en el TSJ la elección de los rectores del CNE, jugada de AD y Salas Römer contra Enrique Mendoza y su Grupo Gomorra, del que forman parte los efebos. Gerardo Blyde insinuó su oposición a esta medida diciendo que no ve en la constitución que el máximo tribunal tenga competencia para esas designaciones que corresponden a la Asamblea Nacional. Para que este efebo no tenga dudas, le mostramos lo que dice el parágrafo 6º del artículo 336 de la constitución: “Declarar la inconstitucionalidad del Poder Legislativo nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo, y de ser necesario, los lineamientos de su corrección”. Como se ve, el TSJ no puede elegir, sino fijarle pautas a la Asamblea para que lo haga. Lo contrario sería intromisión de un poder público en las funciones de otro. Algo así como que la Asamblea se ponga a dictar sentencias en casos que llevan mucho tiempo en el TSJ.