Mapurite sabe a quién pee. El nalgotraficante Leopoldo López da dos declaraciones diferentes en relación con el ataque terrorista a la antigua sede de Pdvsa en Chuao. En entrevista telefónica con la BBC, López se muestra moderado, considera que la bomba fue colocada por grupos extremistas opositores al gobierno y luego critica razonablemente a éste por la cantidad de delitos que quedan impunes. Pero cuando el pargócrata de Chacao, en cuyo municipio han ocurrido todos los ataques terroristas menos el del edificio Teleport, habla para los medios venezolanos, acusa al gobierno por este nuevo ataque explosivo.

El modus operandi de la bomba en la antigua sede de Pdvsa en Chuao apunta hacia los militarcitos de Altamira, posiblemente conchabados con otros “parias” de la oposición: la Gentuza del petróleo. Tanto a unos como a otros, los grupos importantes de la Coordinadora DemoKKKrática le sacan el cuerpo, pues piden mucho y no tienen nada que aportar. Los cobardes de Altamira incluso desprestigian aún más al resto de la oposición, pues el mundo entero sabe su carácter terrorista y asesino. La Gentuza del petróleo no aporta masa, son cuatro gatos y, encima, ya hasta quieren meter al Vecino Juan Fernández como candidato presidencial, pues aunque no tienen respaldo de nadie, al menos tiene la ventaja de poder meter una enorme pancarta en su propia caramera. De hecho, la rapidez con que sujetos como Horacio Medina y otros botados de Pdvsa se presentaron en Chuao hace pensar que estaban tomando café en las cercanías esperando la detonación.

El “presunto” asesino Roberto Giusti nuevamente le dio tribuna a Genarito Méndez Contreras, capo de los ganaderos del Táchira y gran ladrón cuando su papacito fue gobernador adeco. Giusti, ahora beneficiario en Globovisión del despido de Pingo, destacó mucho el video sobre guerrilleros venezolanos de las FBL en el que aparece su “presunto” cómplice en el asesinato de Jorge Nieves con unas imágenes francamente ridículas e increíbles, sobre unos irregulares tapándose la cara con la bandera venezolana y que, según afirman los autores del video, fue filmado en territorio venezolano. Por cierto que una de las cosas más cómicas es que la Fuerza Armada venezolana adiestra a los guerrilleros de las FARC en el uso de armas, cuando la verdad es que esos guerrilleros, tras medio siglo de guerra real, podrían adiestrar a los militares de todo el mundo, dada su alta experiencia en acciones bélicas. Por si fuera poco, la embajadora Elena Holguín desmintió las versiones sobre nexos entre las Farc y los militares venezolanos.

Por cierto, el “presunto” asesino Roberto Giusti mantiene la campaña de mentiras que siguen en el pasquín de Andrés Rata. El miércoles en la mañana aseguró en Globovisión que no hay detenidos por los otros atentados terroristas. La verdad es que están presos los autores materiales de las bombas contra las misiones diplomáticas de Colombia y España, así como la del Caracas Teleport. Son militares de Altamira y el cabo Pablo Sifontes confesó la autoría tanto de estos hechos de terrorismo como de la perpetración de cuatro asesinatos horrendos, todo ello por órdenes del general Felipe Rodríguez. Éste aún está en libertad o, más exactamente, sigue confinado a la Plaza Francia, donde hace el payaso con otros cobardes, con otros que asesinan por encargo.

Qué manera de mentir concertadamente tienen los medios de comunicación. El Nazional y El Universal (este último abre su portada con un enorme titular, todo en mayúsculas, que dice CENSURA PREVIA) se agavillaron para presentar la revés la sentencia 1942 de la Sala Constitucional. Resulta que ambos diarios mienten concertadamente e interpretan de forma errónea y simultánea la decisión judicial, lo cual es una prueba inequívoca de confabulación. Lo más cómico es que ambos periodicuchos dicen que a partir de ahora puede haber censura previa y se impida difundir propaganda de guerra o incitaciones a la violencia, al odio racial o religioso. Sería bueno que Tanto Andrés “Viagra” Rata como Miguel Henrique Otero de Peña recordarán lo que de verdad es censura previa. Por ejemplo, cuando el hoy diputado adeco Pedro Pablo Alcántara (sí, ése que tiene dos investigaciones por pedofilia de cuando era profesor en Lara) se metió en El Nacional en noviembre de 1992, para impedir que se publicara cualquier cosa contraria la gobierno. O cuando una edición de El Nuevo País salió con su portada en blanco, sólo con el cabezal y un titulo de deportes, como consecuencia de la censura previa de Carlos Andrés Pérez. Eso por no hablar del asalto a Radio Rumbos realizado por la Disip, por órdenes de Pérez a través de Luis Piñerúa, narrado en vivo y directo por Alexis Rosas y Teresa Maniglia, periodistas de esa emisora.

La sentencia 1492 de la Sala Constitucional no faculta al gobierno para ejercer censura previa, ni siquiera contra propaganda bélica o incitaciones a la violencia racial y religiosa. Son los jueces quienes pueden prohibir la difusión de determinadas informaciones, es decir, el Poder Judicial, no el Ejecutivo. Y eso no es nada nuevo, ya que se viene haciendo desde hace muchos años generalmente a través de recursos de amparo. Vale la pena recordar uno de esos recursos para establecer censura previa, y no contra propaganda de guerra ni incitaciones al odio racial, sino contra una publicación que destaba los guisos y robos de ese patiquín llamado Marcel “Bragueta Eléctrica” Granier, cuyo único mérito en la vida fue haber dado un braguetazo con la hija de William H. Phelps. Granier demandó y logró del juez Humberto Mendoza D’Paola –sí, es primo hermano de otro ladrón, el ex masista y calderista Víctor Hugo D’Paola- prohibiera la publicación y difusión de El triángulo de la corrupción, del periodista Rafael del Naranco. El hampón con toga D’Paola prohibió el libro. Poco después, Radegundis Fernández, otro juez comprado por Bragueta Eléctrica Granier, no sólo ratificó el veto al libro, sino que prohibió hasta mencionarlo. La justicia puntofijista, comprada por un chulo, hizo lo que ni siquiera se atrevió a realizar la Inquisición: prohibir que se mencione la existencia de un libro. Así que no es que ahora se establece la censura previa, sino que ésta existió, aplicada por el gobierno y hasta por simples particulares, durante los años de la corrupción cuartorepublicana. Para más Inri, fue el dueño de un medio de comunicación, uno de quienes pidieron y aplicaron la censura previa.

El martes, Leopoldo Castillo, alias Matacuras, y Acosta, su sigüí, estaban felicísimos porque en la fiesta de la embajada francesa una de esas basuras escuálidas le arrojó una copa de vino a Tarek William Saab, con tan mala puntería que le pegó en el rostro a la esposa de éste. Castillo y Acosta aplaudían la acción. El miércoles, comentaban indignados que ese día estaban ambos comiéndose un pollito en un restaurant del este, cuando pasó una señora que les dijo: “¡otro gusano más...!”. Ahora sí estaba indignado el asesino de Moonseñor Romero y de una docena de jesuitas salvadoreños. Le parecía una falta de respeto, un atentado a quién sabe qué. Claro, a ambos delincuentes les parece excelente que cuando un chavista va a un restaurant lo insulten o caceroleen, pero les parece un abuso si se lo hacen a ellos. Por cierto, Acosta debería evitar comer pollo con el asesino de curas, no le vaya a dar un buen mordisco, ya que es su al confundir su mediopollo con la comida.

Impresiona el cinismo de Manuel Rosales, pargócrata del Zulia. En una entrevista a El Nazional, muy destacada en la portada de ese pasquín, afirma que Chávez pretende eliminar la elección directa de los gobernadores. Resulta que Rosales, destacado miembro del Opus Gay, firmó el decreto de Carroña Estanga donde, entre otras cosas, se establecía que el Presidente ése elegido por quién sabe quién, podía destituir a los gobernadores. Es realmente vergonzoso que quien firmó un decreto de ese tipo acuse a alguien de querer hacer lo que él hizo.

La Sala Plena, es decir, todos los magistrados del tribunal Supremo, decidieron que al general golpista Alfonzo Ramírez lo juzgue un tribunal penal ordinario, como a cualquier otro delincuente ordinario. Con mucha lentitud, la justicia va abriéndose camino y finalmente los terroristas de Altamira recibirán la pena que les corresponde.

Qué manera de mentir en los medios. Cómo intentan engañar a sus escuálidos. Resulta que Eduardo Bertoni, un empleado de Alan Brewer Carías en la Comisión de Libertad de Expresión de la OEA, dijo que lamenta que el Tribunal Supremo haya mantenido vigentes las normas sobre desacato. Los medios, incluyendo Globovisión, titulan que la OEA condena decisión del TSJ. Para que la OEA condene no basta que un bacalao, un mercenario empleado de ese organismo, diga cuatro pendejadas. La OEA habla cuando realiza una asamblea, no cuando abre el hocico un corrupto.