Tal y como veníamos señalando, dos grupos de oposición lograron que el
Tribunal Supremo escoja al nuevo Consejo Nacional Electoral. Dada la correlación
de fuerzas en esa instancia, esa delegación de tareas coloca a todos los grupos
opositores en manos de Acción Democrática y Proyecto Venezuela, únicos partidos
con cuota de poder en esa instancia judicial. Al final, habrá un acuerdo
extraparlamentario entre el MVR y esas dos organizaciones, precisamente porque
la gente de Salas y Lewis Pérez quieren fingir que no negocian, ya que con los
votos en la Asamblea de esas tres fuerzas, alcanzaba y sobraba para elegir al
CNE en su escenario natural. Habrá que ver ahora cuál es la venganza de Enrique
Mendoza y los seguidores de su candidatura presidencial. En cualquier caso, la
retaliación que tomen para nada cambia que, al final, el árbitro electoral
jugará contra el pargócrata mirandino y sus efebos.
Pero al margen de quién sea el árbitro, hay otra realidad igualmente dura
para la oposición: las posibilidades de un referendo revocatorio presidencial
este año, o incluso en el primer semestre del próximo, son cada vez más remotas.
No tienen las firmas necesarias para convocarlo y, además, las fuerzas
opositoras con algún conocimiento del oficio político saben que es casi
imposible derrotar electoralmente a Chávez (las encuestas de verdad, no esos
bodrios que publican, señalan que la popularidad del Presidente en las zonas
urbanas de Miranda y Zulia, las dos regiones donde está más débil, supera el 50
por ciento, mientras que en el resto del país oscila entre el 55 y 75 por
ciento). Pero AD y Proyecto Venezuela no sólo saben sacar cuentas, sino que no
ganan nada con unas elecciones anticipadas en el imposible escenario de una
derrota presidencial en el revocatorio. Cualquiera puede observar que ni AD ni
Salas Römer obtienen provecho en unas elecciones para designar un Presidente que
duraría apenas un par de años en el cargo, incluso si ese Presidente es de
ellos.
La oposición vive en una especie de mundo al revés. Las cosas más insólitas
pueden esperarse de ese saco de gatos llamado Coordinadora DemoKKKrática.
Resulta que la CTV, la central sindical que dice representar a los trabajadores,
protesta y critica que el gobierno prorrogue la inamovilidad, para impedir que
el hampa disfrazada de empresarios despida a obreros y empleados. Froilán
Barrios fue el encargado por los sindicaleros para condenar la inamovilidad.
Claro, de un sujeto así, que hace unos meses calificaba a Carlos Ortega de
gángster y vendedor de contratos colectivos petroleros, para luego transformarse
en su máximo sigüí, puede esperarse cualquier cosa siempre y cuando sea una
bajeza.
Por cierto, nada evidencia más cuánto respeto sienten por la ley los
delincuentes esos que manejan los medios de comunicación, como el despido de
Pingo a pesar de la inamovilidad. Alberto Federico Ravell, que como cualquier
otro hampón se siente por encima del orden jurídico, le dio la correspondiente
patada en el trasero al mantecoso periodista, pues sabe que está indefenso: si
reclama, si acude a los tribunales, los otros padrinos de las televisoras lo
colocan en la lista negra. Así que al gordito no le queda sino tragar grueso y
soportar la humillación, de la que se desquitará hablando con su mamá sobre lo
maluco que es Alberto Federico.
Otra derrota tribunalicia sufrió la oposición. El Tribunal Supremo rechazó el
amparo solicitado por Leopoldo Puchi, Felipe Mujica y Carlos Tablante contra las
sesiones parlamentarias fuera del Palacio Federal Legislativo. La verdad es que
la gente de la Coordinadora DemoKKKrática parece que desea que los revuelquen,
pues intentan acciones temerarias, francamente ridículas y que implican no ya
desconocimiento jurídico, sino franca estupidez. Porque sólo a un débil mental o
a alguien que busca una cueriza judicial se le puede ocurrir que sólo es legal
una sesión parlamentaria si se efectúa en el hemiciclo, cuando es algo cotidiano
y frecuente hacerlo en otras partes.
El allanamiento por los sicarios de Alfredo Peña de Otero a Catia TV es
tan grotesco, tan manifiestamente ilegal y tan contrario a la libertad de
expresión, que hasta Reporteros sin Fronteras, un grupo mercenario que dice
defender ese derecho y al que varias veces le han comprado condenas contra
Venezuela, no pudo sino criticar acremente la actuación delictiva del Alcalde
Metropolitano. Es un clavo más para la urna política, un paso más en la ruta
hacia la cárcel, del “amigo” de Miguel Henrique Otero de Peña.
Hablando de los Otero de El Nazional, resulta que el Ateneo de Caracas
va a montar una feria de la brujería, la astrología, el tarot e idioteces
similares. Es una vergüenza el nivel al que Carmen Ramia y otras personas de su
ralea rebajaron una institución que fue el principal centro cultural del país.
Ahora lo único que les interesa es robar a dos manos y ni siquiera tienen la
decencia de no prestar el Ateneo para la hechicería. Si serán ladrones...
En todo el mundo se está desarrollando una campaña contra Cocacola,
empresa con prácticas tan criminales que pareciera que no sólo en Venezuela,
sino en el resto de las naciones, las manejara gentuza como los Cisneros. La
lista de crímenes perpetrados por las embotelladoras ocupa varias páginas. Los
más relevantes los perpetraron aquí cerquita, en Colombia, donde esa mafia del
refresco ha asesinado a docenas de sindicalistas y cada vez que debe negociar un
contrato colectivo, en lugar de utilizar expertos en relaciones laborales,
emplea a los paramilitares para que maten a los trabajadores.
Como es habitual, los medios de comunicación silencian y quitan trascendencia
al hecho de que el gobierno esté entregando una biblioteca a más de medio millón
de familias. No quieren que la ciudadanía capte lo que significa que en 550 mil
hogares entren libros, que eduquen a los niños y les inculquen el hábito de
leer. Esa oposición criminal, esos hampones dueños de la mayoría de los medios,
no sólo ocultan esta actividad, sino que lo presentan en forma distorsionada,
como si se tratase de una maniobra ideológica y no educativa. Qué clase de
canallas...
Otro hecho que intentarán silenciar es la creación de una canasta básica
en muebles y línea blanca. Con estímulo y financiamiento del gobierno, además de
exenciones impositivas, la gente de clase media y baja tendrá acceso a esos
bienes durables, en un programa similar al muy exitoso del carro familiar, que
representa un porcentaje altísimo de la venta de vehículos.