Hay una contradicción en el discurso presidencial del 24/6/07 en el cual delineó la política de defensa del Estado. No es compatible la idea de “profesionalizar la Fuerza Activa” con las ideas de “la guerra de todo el pueblo” y la de “la guerra de resistencia”. La política así enunciada corresponde al patrón seguido por EEUU desde la década de los 70 cuando se eliminó el servicio militar obligatorio. Una pequeña fuerza militar burocratizada, muy tecnificada, complementada por una gran reserva de voluntarios a destajo, territorialmente distribuida entre los estados de la federación, movilizable por el poder nacional en caso de guerra. Ha sido un mecanismo útil para su estrategia de disuasión dirigida a sus competidores políticos, donde aprovecha las ventajas tecnológicas que le provee su alto desarrollo en el campo del conocimiento. Pero ha sido una praxis ineficaz en las llamadas guerras asimétricas, definidas por la acción no convencional de sus opositores. Y lo sería mucho más en un país totalmente dependiente de tecnología foránea para equipar esa fuerza profesionalizada que cuenta entre sus potenciales enemigos con esa hiperpotencia militar. El caso de la rápida destrucción de la profesionalizada Guardia Republicana iraquí ilustra esta situación.
Pero la mayor contradicción se observa en lo que respecta al discurso que rescata la tradición militar nacional para el diseño de la estrategia estatal. Sin contar con las prácticas de nuestros aborígenes en las cuales la función defensa era indiferenciada de otras funciones sociales, desde el primer momento esa cuestión fue considerada como un problema común de los ciudadanos. Lo cual se ratificó con la actualización de esa experiencia a principios de siglo con la reestructuración del Ejército y la Armada Nacional, institucionalizada en la década de los 30 por la promulgación de las leyes Orgánica del Ejército y la Armada y del Servicio Militar Obligatorio. En ese contexto, la movilización nacional, que incluía la activación de la reserva, era la base de la defensa estratégica de la nación, teniendo la fuerza activa, además del papel de avanzada de la respuesta militar a la agresión, la responsabilidad del adiestramiento de los ciudadanos que constituirían esas milicias. Ciertamente no se aplicaron estas concepciones. En la realidad no fue la defensa externa la preocupación de los gobiernos sucesores del ejercido por Cipriano Castro, quien realizó empíricamente una movilización nacional con ocasión del bloqueo a los puertos venezolanos en 1902. No obstante la idea de colocar la defensa como un deber de los ciudadanos se ha mantenido en la constitución y en la legislación militar correspondiente.
En la práctica la organización de la movilización y de las reservas se omitió en el marco de las políticas de defensa. Solamente en la década de los 60, en el Ejército, se estructuró un tanque ideas en el cual fueron confinados coroneles discriminados por razones de política partidista, para estudiar esta cuestión. Tuve la oportunidad de leer cientos de páginas que resumían sus análisis, las cuales seguramente, como pasó con los archivos de las experiencias de la “lucha antisubversiva”, fueron quemadas por “inútiles”. La fuerza militar activa, con tendencias hacia la profesionalización, como ha ocurrido con su modelo yanqui, se ha dedicado desde Gómez hasta la actualidad a tareas relacionadas con las defensas de los gobiernos que implícitamente corresponden a la protección de la clase hegemónica. Y en ese contexto, como lo escribí en los años 80, la preocupación fundamental fue la adquisición de sistemas de armas “de tecnología de punta” inútiles por carecer de las bases cognoscitivas e industriales que mantuvieran su operatividad y actualización. La necesaria reingeniería constante para adecuarlos a una tecnología aceleradamente cambiante. Un hecho agravado por el costo de los pasivos que en materia de seguridad social ha generado esta “empresa” perennemente quebrada. Tales costos en una fuerza activa totalmente burocratizada crecerían exponencialmente, privando de recursos las reservas encargadas de desarrollar la resistencia, que es lo único estratégicamente posible; y acorde con nuestra tradición y la norma constitucional que declara al país como “zona de paz”.
