El régimen del presidente Lucio Gutiérrez inició su sexto mes de gestión en
un ambiente marcado por la protesta social. Desde la firma de la Carta de
Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en las primeras
semanas de su gobierno, el descontento social sube cada vez más de tono,
pues dicho compromiso incluye medidas de austeridad fiscal, que entre otros
efectos acarrean la disminución del gasto social; así como la privatización
del patrimonio público que se mantiene en manos del Estado. Desde mediados
de mayo, el país fue escenario de una huelga general de maestros, el paro de
los trabajadores petroleros y otros sectores, el recambio en la cúpula
militar y policial y nuevas separaciones de funcionarios del gobierno;
mientras la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
entregó al presidente un mandato que recoge las demandas populares y los
compromisos que éste hizo en la campaña.

Lucio Gutiérrez llega al poder gracias a la alianza entre su partido
Sociedad Patriótica (SP), el Movimiento Pluricultural Pachakutik (PK) y el
Movimiento Popular Democrático (MPD). Cuando candidato a la presidencia,
Gutiérrez promete a los ecuatorianos un cambio en la estructura del Estado,
reformas a los poderes legislativo y judicial; así como una política social
y económica justa para los ciudadanos de este país. Una de las razones para
la credibilidad de sus ofrecimientos fue su participación en el movimiento
social del 21 de enero del 2000, encabezado por indígenas y militares, que
derrocara al presidente Jamil Mahuad acusado de graves hechos de corrupción.

Al llegar al gobierno, haciendo a un lado sus promesas electorales, el nuevo
mandatario asume el norte trazado por el FMI, que establece severas medidas
de ajuste, el escrupuloso pago de la deuda externa, con la consiguiente
escasez de fondos para las áreas sociales de educación y salud. Es así que
las reacciones en su contra no tardaron en aparecer. A mediados de mayo, la
Unión Nacional de Educadores (UNE) inició un paro en demanda del
financiamiento del presupuesto previsto para la educación y un alza salarial
para los maestros. La medida de hecho, que incluyó una huelga de hambre,
terminó el 13 de junio pasado, tras intensas negociaciones que se dilataron
por la reticencia del ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, a salirse del
libreto del FMI.

Al tiempo que la UNE ultimaba negociaciones con el régimen, se abrió un
nuevo conflicto cuando los trabajadores de la compañía estatal de petróleos
(Petroecuador) iniciaron una huelga para frenar las intenciones del Ministro
de Energía, Crnl. (r) Carlos Arboleda (SP), de acelerar el proceso de
privatización de los cuatro pozos petroleros más productivos, vía
implementación de contratos de asociación que favorecerían a empresas
multinacionales en perjuicio del país. A diferencia del conflicto en la
educación, donde la ministra del ramo, Rosa Ma. Torres (PK), privilegió el
diálogo para el entendimiento, en el sector energético, el ministro Arboleda
se inclinó más bien por la fuerza para frenar la huelga, descabezando a la
dirigencia sindical.

El régimen, secundado por el sector empresarial y los medios de difusión, no
perdió la ocasión de capitalizar el descontento que generó en varios
estratos de la población el desabastecimiento de combustible provocado por
la medida de hecho, para desplegar una intensa campaña contra los sindicatos
petroleros, aduciendo que éstos pretenderían la negociación de contratos
colectivos de desproporcionados beneficios económicos; campaña que se ha
extendido en contra del conjunto del sindicalismo público, habida cuenta que
diversos segmentos (trabajadores de la salud, eléctricos, judiciales, etc.)
han protagonizado en estos días acciones de protesta y paralizaciones
momentáneas que amenazan con extenderse.

En este contexto, el 16 de junio se realizó la I Cumbre de las
Nacionalidades, Pueblos y Autoridades Alternativas vinculados a la CONAIE,
que concluyó con un 'Mandato' que, al día siguiente, fue entregado al
presidente Gutiérrez. En este documento, el movimiento indígena exige la
reorientación de la política económica del país, la reforma del poder
judicial, mayor participación política de la sociedad civil, el
financiamiento de las políticas agrarias planificadas por el Ministerio de
Agricultura; así como la no intervención en el Plan Colombia, la realización
de una consulta popular respecto del ALCA, la revisión del convenio de la
Base de Manta, la moratoria de la deuda externa, la ejecución de proyectos
reales e integrales de desarrollo social y la implementación de políticas
acordes a las necesidades de las nacionalidades y pueblos indígenas. Además,
demanda la salida de los responsables del Frente Económico y del Ministro de
Energía. La posibilidad de un levantamiento indígena no está descartada.

Pero mientras las bases sociales de apoyo electoral toman distancia, el
presidente Gutiérrez se ha reforzado, en cambio, en el frente militar y
policial. El 17 de junio, el general Oswaldo Jarrín renuncia al cargo de
jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego de que se habría
negado a involucrar a la institución armada en el desalojo y apresamiento de
los dirigentes sindicales petroleros, al margen de los procedimientos
legales, alentado por el Ministro de Energía. Esta renuncia es aprovechada
por Gutiérrez para remover tanto la cúpula de las FF.AA. como de la Policía
y reemplazarlas por oficiales más afines. Al tiempo, el mandatario propone
el levantamiento de las sanciones a los militares que participaron -junto
con él- en el derrocamiento del Presidente Mahuad. Las reacciones adversas
desde filas castrenses no se han hecho esperar, pues consideran que se está
dando paso a un manejo político de la institución armada, que podría
precipitarla en la inestabilidad.

En estos días también salió nuevamente a flote las tensiones que se viven al
interior del gobierno, entre miembros de la alianza Pachakutik - Sociedad
Patriótica. El 13 de junio, Virgilio Hernández (Pachakutik) renuncia a sus
funciones de subsecretario del Ministerio de Gobierno, denunciando que
existe un 'círculo oscuro' alrededor del presidente del Ecuador conformado
por un grupo de allegados familiares y dirigentes de SP, y que estaría
encabezado por el Crnl. (r) Patricio Acosta, Secretario de la
Administración, quien, además, estaría armando un cuerpo especial de
seguridad y vigilancia.

Mientras tanto, la opinión de la sociedad civil critica al gobierno de
Gutiérrez de evidentes casos de nepotismo, poca credibilidad debido a
cambios repentinos de opinión e inconsistencias en declaraciones,
alejamiento de los sectores sociales que lo llevaron al poder, debilidad
frente a colaboradores cercanos, aumento del gasto militar, pronunciamientos
internacionales pro Bush y Plan Colombia; así como el excesivo cumplimiento
de los condicionamientos del FMI y los pagos de la deuda externa, los que
han ido en detrimento del presupuesto para las áreas sociales y la economía
de los sectores populares, mayoritarios en el país.

(AGENCIA LATINOAMERICANA DE INFORMACIÓN)

22 DE JUNIO DE 2003 - COMCOSUR / MONTEVIDEO
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