Quito, Ecuador - Marcelo Larrea* para Adital - La ruptura del acuerdo
político en la gestión de Petroecuador, que puso fuera de la dirección de la
empresa a Pachakutik y a los trabajadores petroleros y desencadenó el paro
que hoy, 17 de junio, llegó a su noveno día, abrió la mayor crisis política
sufrida por el gobierno de Gutiérrez en 5 meses de ejercicio del poder.

El régimen ingresó en un violento conflicto intestino con sus propias
fuerzas políticas. Los dirigentes petroleros enfrentados a la militarización
de las instalaciones petroleras y a la persecución gubernamental, dijeron
que ellos financiaron la campaña de Gutiérrez y que ahora quiere meterlos
presos. El subsecretario de Gobierno, Virgilio Hernández, de Pachakutik,
renunció a sus funciones denunciando un manejo incorrecto del Secretario de
la Administración, Patricio Acosta, en las negociaciones con los
trabajadores petroleros y reveló la existencia de un círculo oscuro
alrededor del Presidente Gutiérrez.

Pachakutik demandó la salida de Acosta acusado de entorpecer la buena marcha
de la alianza política gubernamental y del Ministro de Energía Carlos
Arboleda. Sociedad Patriótica, el partido de Lucio, respondió defendiendo a
Acosta y exigiendo el retiro de la Ministra de Educación, Rosa María
Torres, militante de Pachakuitk. La Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) por su parte insistió en su planteamiento de
remoción del Frente Económico y visitó al Presidente para exponerle un
mandato y planteó que si no es asumido iniciarán una movilización nacional.

En medio de la crisis el gobierno logró un acuerdo para levantar el paro de
los maestros e impedir el paro del transporte público, pero no pudo detener
el ingreso de 14.000 trabajadores de las salud en una huelga que ha
paralizado la atención hospitalaria desde hoy. Y además, remitió para su
tratamiento por el Congreso la polémica Ley de Unificación Salarial,
derivada del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es
rechazada por la clase obrera en su conjunto, la cual pretende la
congelación de los salarios y es vista como un golpe severo a los servidores
públicos.

Siete organizaciones laborales y sociales, entre ellas el Frente Unitario de
Trabajadores, la Federación de Trabajadores Petroleros, la Federación de
Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras y la Coordinadora de
Movimientos Sociales que también apoyaron la candidatura de Lucio, empezaron
a constituir un frente común con los trabajadores eléctricos y la Federación
de Indígenas Evangélicos. Sus planteamientos contienen la convocatoria a
acciones definitivas para forzar al gobierno a rectificar sus políticas
neoliberales, la solidaridad con el paro petrolero, la demanda de la
renuncia del Ministro de Energía, el archivo del proyecto de Ley de
Unificación Salarial y la solicitud al Movimiento Popular Democrático y
Pachakutik para que retiren a sus miembros de las funciones que ocupan en el
gobierno de Gutiérrez.

Lucio realizó una cadena de televisión en la que en un lenguaje implícito
defendió el acuerdo con los maestros y anunció firmeza y sanciones legales a
los dirigentes sindicales petroleros a quienes acuso de sabotajes
terroristas y convocó a todos los ecuatorianos a respaldar sus políticas
económicas y sociales. Habló además de oscuras fuerzas conspirativas
posiblemente desatadas por el cobro a los deudores a la Agencia de Garantía
de Depósitos.

El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Oswaldo Jarrín, pidió
la disponibilidad. El cuestionado Comandante General de la Policía, Edgar
Vaca, también terminó el ejercicio de sus funciones. En tanto el bloque
gubernamental ha ingresado en una confrontación interna agresiva, los
poderes fácticos presionan por la alineación del gobierno con sus intereses
económicos, particularmente en el área petrolera y empiezan a hablar en
privado de un cambio de gobierno.

*Marcelo Larrea es corresponsal de Adital en Ecuador y director del
periódico "el Sucre"