Análisis Informativo
LA NUEVA PDVSA Y LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE VENEZUELA.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó este martes a la Fiscalía General de la República continuar el proceso que se le había abierto a 7 miembros del grupo denominado Gente del Petróleo, quienes liderizaron el pasado mes de diciembre las acciones de sabotaje que paralizaron la operatividad de la principal industria petrolera del país, Petróleos de Venezuela, con preocupantes efectos económicos, políticos y sociales.

La sentencia del TSJ da pie al Ministerio Público a continuar con sus investigaciones sobre el caso y hacer las imputaciones a que hubieren a lugar.

Una vez que estas personas imputadas de varios delitos fueron separados de sus cargos en la directiva de la petrolera estatal, la nueva Petróleos de Venezuela (Pdvsa) promueve el desarrollo social sobre bases y criterios de sustentabilidad, productividad, solidaridad, desarrollo endógeno, y complementariedad de los ámbitos locales, regionales y nacional como parte intrínseca de su nacionalización verdadera. La "Caja Negra", término usado por el pueblo para referirse al pasado gerencial de la empresa, hace referencia al oscuro manejo administrativo de ésta. Cabe destacar que aún tratándose de un ente público, Pdvsa fue gerenciada como una corporación privada, puesta de espaldas al país y sus comunidades y al servicio de los intereses transnacionales y de las apetencias personales y grupales de las mafias de la tecnocracia petrolera.

Estas corruptelas e ineficiencias de la antigua Pdvsa fueron cuidadosa y astutamente ocultadas al pueblo mediante estrategias publicitarias que concibieron una mítica imagen corporativa sin sustento en la realidad, e incluso a las altas instancias del Estado venezolano mediante la presentación de informes financieros y técnicos amañados. El perjuicio provocado al país es de decenas de miles de millones de dólares en pérdidas por inversiones improductivas y reducción de los aportes al fisco nacional.

Dicha estafa a la Nación está siendo investigada por el Gobierno Nacional y ya se han evidenciado públicamente algunos datos aportados por individualidades y grupos de la sociedad civil y por las y los propios trabajadores petroleros, quienes venciendo el miedo a presiones y retaliaciones terroristas de sus antiguos jefes y bajo la protección del Estado, han aportado testimonios y facilitado el acceso a elementos probatorios sobre las irregularidades sucedidas a lo interno de la empresa durante años de dictadura tecnocrática neoliberal, así como sobre los delitos cometidos durante el reciente sabotaje petrolero.

Resultado de tales prácticas viciadas, son la pérdida de soberanía, el empobrecimiento y la exclusión social de las mayorías, siendo ejemplo de ello las condiciones de vida imperantes en las comunidades vecinas a las instalaciones petroleras del interior del país. En la obra literaria del novelista venezolano Miguel Otero Silva "Oficina número uno", se reflejan las extremas condiciones de vida generadas por el impacto perverso de la industria petrolera en las localidades, asoladas por la explotación, el alcoholismo, la prostitución y el desarraigo.

Durante los largos años anteriores a la nacionalización formal del recurso petrolero y sus instalaciones, las y los profesionales y técnicos cualificados, muchos de origen estadounidense, gozaron de privilegiados tales como los de contar con urbanismos separados de las barriadas empobrecidas por cercas y muros. En dichos urbanismos se desarrollaron infraestructuras y servicios públicos adecuados a las necesidades de sus habitantes, todo ello con recursos financieros derivados de la riqueza petrolera, en tanto que en las barriadas segregadas las y los trabajadores petroleros no privilegiados y sus familias padecieron el racismo y la exclusión social, política y económica, junto a la generalidad de la población de dichas comunidades.

Las ciudades y pueblos asentados sobre enormes cantidades de hidrocarburos o cercanos a instalaciones de refinación y distribución, hoy son reivindicados por el Gobierno Bolivariano y transitan el camino de su dignificación y empoderamiento de la empresa petrolera. El reto planteado es el de superar para siempre la política de "apartheid" que relegó a las comunidades a la condición de reservorio de mano de obra barata para la empresa.

Es imperativo elevar la calidad de vida de las comunidades reduciendo los altos niveles de desempleo, sub-empleo y empleo precario, haciendo que Pdvsa genere mejores empleos, bien dentro de la empresa, bien a través de la promoción de alternativas productivas de carácter cooperativo y/o microempresarial; asimismo, es necesario contribuir al saneamiento ambiental y poner al servicio de las comunidades las instalaciones y servicios educativos, sanitarios, recreativos y otros, administrados por la industria petrolera.

En el aspecto político, las crecientes iniciativas de organización comunitaria cuentan con los medios constitucionales y legales de participación social y política, como las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas, los Cabildos Abiertos, los Consejos Locales de Planificación Pública, los mecanismos refrendatarios, entre otros, que encauzan el proceso de formación de ciudadanía y la inserción de la empresa petrolera en dicho proceso social.