En los últimos meses se ha registrado una insistente campaña internacional de denuncias en el sentido de que en Venezuela no existe la libertad de expresión. Dicha campaña es desarrollada por representantes de organizaciones y personeros del exterior. Se expresa a través de informaciones, artículos de opinión y declaraciones difundidos por los medios de comunicación nacionales e internacionales. En todos los casos se recurre a afirmaciones generales, sin aportar datos o argumentos que demuestren esa grave acusación. Llama la atención la insistencia de esos señalamientos justo en los momentos cuando se ha alcanzado la firma de un importante Acuerdo en la Mesa de Diálogo y Negociación.

Ante esta campaña tendenciosa y que potencialmente puede generar graves consecuencias para la preservación de la convivencia democrática en el país, el Observatorio de Medios de Venezuela hace los siguientes señalamientos:

1.- El ejercicio del periodismo en Venezuela ha vivido situaciones difíciles, sobre todo durante los enfrentamientos de mayor intensidad entre los dos sectores políticos en pugna. La mayoría de los medios empresariales abandonaron su misión informativa para asumir posiciones políticas abiertamente beligerantes. A su vez, los medios del Estado acentuaron su tradicional posición oficialista. Se registraron agresiones a los medios y a los periodistas durante el desempeño de su labor informativa. Estas agresiones son de dos tipos. Se han producido actos de violencia por parte de grupos civiles, motivados generalmente por la convicción, según expresan, de haber sido a su vez agredidos por contenidos informativos: unos, por los medios oficiales; otros, por los medios empresariales. Y se han producido asimismo por parte de los cuerpos de orden público. Ambas expresiones de violencia constituyen por igual un delito sancionado por las leyes, y en consecuencia deben ser castigados. En el segundo de los casos mencionados es preciso señalar que esa violencia ha respondido, no pocas veces, a la provocación directa de algunos periodistas, que, olvidando el desempeño de su función informativa, asumen en ocasiones una actitud beligerante y de desafío abierto a aquellos que por ley compete la preservación del orden público. Esa actitud también constituye un delito.

2.- De acuerdo a las denuncias informales de los reporteros de algunos medios privados, existiría cierta resistencia por parte de las fuentes oficiales a proporcionar las informaciones requeridas. La justificación que se obtiene de estas fuentes es que sus informaciones y declaraciones son, con excesiva frecuencia, tergiversadas por esos medios.

3.- Las críticas del Presidente de la República hacia periodistas y medios, muchas veces justificadas, se expresan en un lenguaje que es percibido, por parte de los aludidos, como una amenaza. A pesar de que hasta ahora el Gobierno no ha tomado ninguna medida represiva contra periodistas y medios masivos , ha respetado el derecho a la libertad de expresión y ha sido tolerante hacia los excesos, tanto en los espacios informativos como de opinión. Lo anterior expresa claramente una orientación política del Ejecutivo nacional en cuanto a la Libertad de Expresión. Pero solo la reacción del Presidente ha sido tomada como base para dicha campaña internacional.

4.- El Proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión es presentado por los promotores de la campaña nacional e internacional como un acto ilegal que coarta la libertad de expresión, pero se obvian por completo los principios que fundamentan ese proyecto de ley y los artículos que condensan tanto el marco jurídico nacional como internacional. Tampoco se cita específicamente cuáles son los artículos que atentan contra dicha garantía constitucional.

Ante estos hechos, el Observatorio de Medios considera, en primer término, que los problemas que enfrentamos en el área de la comunicación deben ser resueltos por los venezolanos. Por esta razón, sin desconocer el derecho que tienen personalidades conocedoras del asunto y organismos competentes, de emitir opiniones fundamentadas sobre el tema, rechazamos terminantemente esa campaña tendenciosa y la injerencia de organismos o personeros del exterior que, por su contenido y orientación, pareciera formar parte de un plan desestabilizador.

Consideramos que para solucionar los problemas que enfrentamos en el sector de la información y la comunicación se deben tomar las siguientes medidas :

 1.- Los medios empresariales deben abandonar su actitud de promotores y agitadores políticos y volver a cumplir con su función informativa, sin tergiversaciones ni manipulaciones. Asimismo, los periodistas están obligados a retomar el sentido ético de su profesión, sin actitudes provocadoras hacia ningún grupo social y político o hacia los cuerpos de seguridad del Estado. Los casos de las agresiones físicas a los periodistas deben ser tratados por los organismos correspondientes como delitos.

2.- Por su parte, los dirigentes políticos, y en primer lugar los dirigentes en funciones de Estado, incluyendo a sus medios masivos, deben ejercer su influencia para crear un clima de tolerancia que facilite la labor de los periodistas. La Fiscalía General, La Defensoría del Pueblo, los cuerpos policiales y los tribunales de la República deben velar por la estricta administración de justicia ante todo tipo de agresiones, y en particular las ya señaladas. Las fuentes oficiales tienen la obligación de proporcionar la información requerida por los reporteros. En caso de tergiversaciones, se debe exigir la publicación de los desmentidos. A su vez, los medios deben cumplir cabalmente con el derecho de réplica, lo cual significa dar a conocer el desmentido en condiciones similares, en cuanto al espacio y ubicación, a las que fueran otorgadas a la información objeto de desmentido

3.- En cuanto al Proyecto de Ley de Responsabilidad Social es necesario señalar que Venezuela carece de una legislación actualizada respecto al funcionamiento de las radioemisoras y televisoras que ejercen una profunda influencia en el público, sobre todo en los menores de edad. Toda la reglamentación vigente se inspira en una Ley que data de 1940, cuando en el país no existía aún la TV, y se basa en reglamentos parciales que tratan su objeto de una manera fragmentada. Sin entrar a considerar ni evaluar en detalle dicho proyecto, consideramos que su discusión y aprobación es una impostergable necesidad en el área comunicacional. Asimismo, consideramos que esta reglamentación del funcionamiento de la radiodifusión y la televisión no implica en ninguna forma una limitación del Derecho a la Libertad de Expresión. Si algún sector de la sociedad considera que hay aspectos de la Ley que amenacen a la Libertad de Expresión, debería producirse un debate público sobre el contenido particular de ese aspecto pero, descalificando genéricamente ese proyecto como "La Ley Mordaza", difícilmente puede darse un debate público informado. Reiteramos que su aprobación por la Asamblea Nacional, previa consulta a sectores involucrados, además de que no transgrede las pautas constitucionales, es un acto de soberanía nacional y permite que Venezuela se ponga a tono con los lineamientos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

El Observatorio considera que, a pesar de los problemas señalados, en el país existe plena vigencia del Derecho a la Libertad de Expresión. En cambio, ha sido seriamente menoscabado el Derecho de los ciudadanos a obtener una información oportuna, balanceada, no tergiversada, debido, sobre todo, al tratamiento sesgado de los contenidos informativos por parte de la mayoría de los medios empresariales. Por eso, El Observatorio de Medios comparte el criterio que sobre los medios de comunicación social se señala en el Acuerdo firmado por los integrantes de la Mesa de Diálogo y Negociación en cuanto a "su papel de informar a los ciudadanos sobre opciones políticas, con un sentido de equidad e imparcialidad".

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