Recientemente se ha generado una perversa campaña de desinformación, cuyos afectados son nuevamente los más vulnerables de la sociedad, específicamente las personas que están afectadas por alguna enfermedad de las denominadas “catastróficas y de alto impacto”, nos referimos a ciudadanos y ciudadanas que sufren de cáncer, hemofilia, diabetes y VIH/SIDA.

Sin dejar de reconocer las fallas de nuestro sistema sanitario, que por años se manejó como un sistema de beneficencia para los más pobres y excluidos de la sociedad, es decir, la gran mayoría, con un modelo asistencial centrado sólo en la oferta de servicios hospitalarios, y donde las acciones de educación sanitaria y de atención primaria a la salud fueron sistemáticamente abandonadas y tratadas con negligencia, aún en detrimento del cumplimiento del artículo 76 de la Constitución de 1961, el cual muy tímidamente garantizaba la protección de la salud de aquellos que carecieran de los medios para la prevención y la asistencia.

No obstante, hoy día podemos decir que asistimos a una revolución conceptual en el campo de la salud, según podemos ver por el tratamiento que de este derecho se hace en la Constitución de 1999, y sobre todo, por el cambio de mentalidad y actitud de quienes hoy orientan las políticas de salud desde distintas instancias de gobierno, cuando asumen la garantía de ese derecho como un compromiso ético y moral.

Lamentablemente, los profetas del desastre, nuevamente intentan jugar con la vida misma de las personas, sólo por no detenerse en sus ansias desmedidas de un poder que hace rato perdieron y por no querer aceptar que la lucha de una mayoría, nada tiene que ver con enquistar a alguien en el gobierno, sino por reconquistar el bienestar y una vida digna a la cual tenemos derechos todos.

Hoy les tocó a los enfermos, cuando vemos como se ha extendido una red por Internet de desinformación perversa, alertándolos sobre un supuesto desabastecimiento de medicamentos vitales, y sobre la negativa del Gobierno Nacional de proveer esos medicamentos e insumos esenciales para la vida.

El caso más preocupante es para las personas que sufren de VIH/SIDA, una enfermedad aunque tratable, mortal para el que la padece. Por primera vez, desde que en 1982 se identificó la primera persona portadora de este mal en Venezuela, se cuenta con una política nacional de prevención y control de esta enfermedad, reflejada en un “Plan Estratégico Nacional VIH/SIDA, un enfoque para la salud y la calidad de vida”. El nombre de este plan, de por si ya dice mucho de las intenciones del Ministerio de Salud, en el mismo se dice que el Estado venezolano asume el compromiso ético de colocar la lucha contra el VIH/SIDA como una prioridad de la agenda nacional por la salud y la vida, y lo reconoce por tanto como un asunto de interés público.

Muchas Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en esta área, saben muy bien que esto no es retórica, ya que fueron ellas mismas las que con su aporte al igual que el de otras instituciones, participaron en la elaboración de este plan. Pero como dice el refrán popular “ver para creer”, y ya que el papel lo aguanta todo, veamos por qué realmente este Gobierno ha asumido la lucha contra el SIDA como prioridad.

En un reciente estudio, adelantado por una organización mexicana (que dudo mucho sea progobiernos) en 15 países de América Latina, incluyendo a Venezuela, se señala que en nuestro país el gasto nacional en VIH/SIDA alcanzó cuatro veces su valor desde el año 1999 hasta el 2002, observándose un incrementó progresivo del gasto de un 55 % en el año 1999 hasta el 65 % en el año 2002. En dinero, estamos hablando de cifras que se aproximan a los 70 millardos de bolívares.

Se señala además, que dentro de las fuentes públicas, el gobierno nacional es quien realiza mayores inversiones en VIH/SIDA, por medio del Ministerio de Salud, seguido por el IVSS. Durante los cuatro años estudiados el Gobierno Central quintuplicó su inversión. Estamos hablando entonces, de dinero invertido, ejecutado, no presupuestado. Un total de 9.500 pacientes acumulados desde 1999 recibían tratamiento hasta 31–12–2002, con financiamiento de entidades públicas.

Lo más indicativo, de la intencionalidad del Gobierno Nacional, con respecto al tratamiento de esta enfermedad, es que desde el año de promulgación de la nueva constitución, esto ha generado una importante modificación en el flujo de recursos destinados para el diagnóstico y la atención de diversas epidemias, particularmente en cuanto al VIH/SIDA. De manera progresiva, el concepto de atención integral ha incidido positivamente en la calidad de vida de los Personas que viven con esta enfermedad.

Por otro lado, reconoce este estudio que las variaciones que se observan en las cuentas del VIH/SIDA durante el período estudiado han sido afectadas de cierta manera por la fluctuación del índice de inflación (que aumentó 1,5 veces en el 2002) y por el cambio de divisas (que se incrementó a casi el doble), todos sabemos a que se debieron estos cambios macroeconómicos, donde por su puesto, el sector salud muy sensible ante estas fluctuaciones, también sufrió un impacto negativo.

A pesar de los cambios macroeconómicos, el gasto en VIH/SIDA aportado por el Gobierno Central aumentó en cinco veces entre 1999 y 2002, mientras que si contamos el gasto de todos los entes que actúan a nivel nacional el aumento general fue de 4,5 veces. Por ello se considera que las políticas de salud han prestado atención de manera significativa a esta epidemia.

En Venezuela se garantiza el acceso universal a los medicamentos a todos aquellos pacientes con VIH/SIDA desde el año 1999, a partir de la movilización de fuerzas de la sociedad lideradas por ONGs y Personas que viven con VIH quienes desde 1997, intentaron numerosos amparos constitucionales demandando el derecho a la salud, primero al IVSS y después al Ministerio de salud. Todas las acciones judiciales resultaron favorables a los pacientes con VIH/SIDA. La novísima Constitución aprobada en 1999 obliga al Estado a garantizar la salud como parte del derecho a la vida y desde entonces, las instituciones prestadoras de salud asumen esta responsabilidad. De igual forma se reconoció el acceso a los exámenes especializados de laboratorio para el adecuado seguimiento clínico y a las nuevas tecnologías para el diagnóstico de la enfermedad.

Con relación a la prevención y la educación, que es la inversión mas valiosa que se puede hacer para controlar esta enfermedad, hoy día están incorporadas mas de 1000 escuelas bolivariana al proyecto de prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA.

Pero si nos vamos a otras áreas, también veremos un comportamiento similar, sin dejar de reconocer que aún faltan muchas cosas por hacer, para referencia, en muchos países europeos con sistemas públicos de salud de excelente calidad y cobertura universal, pasaron por hasta 20 años de procesos de reformas, para tener los servicios de salud que hoy día tienen.

Por ejemplo, la cobertura de atención a personas con hipertensión arterial está en el orden de 45.000 pacientes; la inversión en atención integral a pacientes con diabetes prácticamente se duplicó entre el 2000 y el 2002; igual pasó con el tratamiento de drogas a pacientes con cáncer; sin mencionar que Venezuela tuvo un reconocimiento internacional por garantizar el tratamiento gratuito a las personas con hemofilia.

Ahora bien, si estas cifras no reflejan un compromiso con el bienestar de la población, entonces, que digan ya que es lo que hay que hacer, sabemos que cambiar un sistema de salud, que por años estuvo abandonado tomará tiempo, pero si algo ha reconocido el Gobierno Nacional, es precisamente esta situación, y por eso no elude su responsabilidad de aumentar pese a todas las dificultades financieras, la inversión pública en salud (el gasto pública por persona en salud casi se ha triplicado en cuatro años), de trabajar por la aprobación de un proyecto Ley de Salud, que hoy se encuentra en la Asamblea Nacional y que servirá de sustento legal para impulsar otros cambios que con el actual estamento legal no se pueden realizar, por abrir espacios de participación en salud, al convocar a la gente a organizar las asambleas de salud, a gestionar las redes de atención primaria, como se ha venido trabajando en algunos municipios del país, y sobre todo, al reconocer constitucionalmente la salud como un derecho en el marco de las políticas y los planes que con muchos esfuerzo, el Ministerio de Salud viene organizando.
En fin, de lo que se trata es de reconocer que tenemos un problema dentro de nuestro sector salud, pero que también tenemos el deber de cooperar con esos cambios tan necesarios, que sobre todo, deben de venir de aquellos que por alguna u otra razón tienen que ver son la salud: trabajadores de la salud, profesionales, técnicos y obreros, sindicatos, gremios, universidades, ONG´s, dirigentes políticos, comunidades, empresas privadas, en fin todos, puesto que la salud es un bien colectivo, patrimonio de todos, y no exclusivo de ningún gobierno.