La Guardia Territorial y la explosión del Poder Popular

ESPECIAL PARA “VEA”

Han sido constantes, desde que en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada se introdujo la Guardia Territorial como parte del aparato de defensa nacional, las presiones internacionales, e internas para ilegalizarla. Y ello es lógico. Por una parte, este elemento estratégico para la seguridad del Estado, sería el actor fundamental en la guerra de resistencia contra el terrorismo bélico aplicado por el Imperio en su afán de dominio sobre el sociosistema. Por otra, al ser el elemento clave para la transformación de la defensa de una tarea corporativa en una función social, el excluirla mantendría a la institución militar, en condición de estamento social, como un poder supraestatal, con capacidad de cambiar la naturaleza del régimen político, libremente legitimado por el pueblo. En esas condiciones no sería extraño, que, incluso, desde las fuerzas activas profesionalizadas se generasen presiones en esta dirección, que acompañaran las que ejercen los factores que resisten el proceso de cambio, actualmente en marcha en Venezuela. La metamorfosis realizada en el ámbito militar, por el cambio de su estructura, les quita a los profesionales del ramo una capacidad de chantaje que les permitía mantener privilegios contrarios a la condición democrática del país, y más allá, a la posibilidad de modernización de nuestra comunidad política.

La Guardia Territorial, en la nueva estructura defensiva del Estado, sería un elemento que proviene directamente de los centros comunitarios, que agregan efectivamente el poder popular. Y, por lo tanto, sería una expresión concreta de la voluntad del pueblo de defender su soberanía. Sin ella, la democracia participativa sería una entelequia. El simple despliegue de las fuerzas militares convencionales, como ocurría en el pasado, anularía cualquier iniciativa popular, como la desarrollada el 13 de abril del 2002, contra la usurpación del poder público.

Lógicamente, la Guardia Territorial, como elemento de la estructura militar, no es autónoma del control de la cadena de mando militar. Sus unidades de acción deben estar inscrita como tales en el Comando de la Reserva y Movilización Nacional, dependiendo de este tanto operacional como administrativamente, tal como lo establece la LOFA. Caso contrario, cualquier grupo independiente, con capacidades para el ejercicio de la violencia, sería simplemente una banda de delincuentes. No es este elemento el ejército paralelo, que la propaganda adversa presenta como amenaza a las fuerzas activas y a la reserva. Es un instrumento adicional que complementa sus capacidades.

Dentro de estas consideraciones, tales presiones resultan inaceptables, y serían contradictorias a una de las políticas fundamentales de la revolución, que intenta provocar la explosión del poder popular. Y no es sólo por ello. Su admisión colocaría a Venezuela en un estado de indefensión frente a la amenaza presente de una acción militar directa del Imperio. Una situación en la cual este elemento juega un evidente papel disuasivo. No se le puede prestar atención a palabras necias.

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Alberto Müller Rojas*


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