Recuerdo hace algunos años, cuando en las clases de la escuela de comunicación social, una de las preocupaciones fundamentales era la libertad de expresión y los continuos ataques de los que era víctima este derecho, gracias a los múltiples intereses que ejercían presión sobre el periodismo. Las discusiones en el aula eran acaloradas pero se centraban en como vencer desde los medios de comunicación una de las principales barreras y quizás la más importante que sufría la libertad de expresión, la llamada “línea editorial”, en otras palabras la censura y el derecho de veto que ejercían los editores, jefes de redacción y demás representantes de la voz del propietario, quienes imponían un control dictatorial sobre cualquier letra publicada. Amenaza que se sentía mucho más poderosa que las mismas presiones gubernamentales, o institucionales. Incluso en esa época, cuándo aún los medios no habían abandonado su papel de informadores para convertirse en simples representantes modernos de la prensa de opinión de mediados del siglo XIX, los estudiantes nos preguntábamos como frenar las atroces inclinaciones de diarios, radios y televisoras que oscilaban entre la oposición feroz y la más servil adulación al gobierno. La objetividad era entonces un ideal, y toda postura política se miraba como un campo más en la ficha personal de un profesional, que fundamentalmente debía ejercer una función social, convertirse en testigo de la verdad, mientras le daba voz a quienes generalmente no accedían a la comunicación masiva. Nunca hubo respuesta diferente a la ética, nunca se planteó otra solución al problema del llamado “bozal de arepa” que no fuera fortalecer los principios del periodista, de manera que todo se centraba en la capacidad del estudiante para mantener a toda costa los sagrados ideales del periodismos, más aún si se entendía que el único capital verdadero de un comunicador social era su credibilidad y fortaleza moral. Esa conclusión nos permitía ver a la libertad de expresión limitada por dos actores fundamentales, el aparato editor por un lado como controlador del mensaje y al periodista encargado de emitir el mensaje. Ahora bien si el periodista se pliega, como termina pasando a la línea editorial, no existe entonces margen para una verdadera libertad de expresión. Existe también otro elemento de perturbación de la libertad de expresión, los diferentes poderes del Estado, el Militar, el Judicial, el Ejecutivo, y otros poderes también importantes como la iglesia, cada uno a su manera ejerce la presión necesaria para evitar la divulgación de informaciones inconvenientes, presiones que se efectúan a través de los propietarios, quienes toman las medidas para evitar problemas mayores, de manera que nuevamente la libertad queda reducida al juego entre periodista, dueño e intereses. Sin embargo, y aunque la ley del dueño del medio y la voluntad periodística son las fuerzas principales que atentan contra la libertad de expresión, los mismos comunicadores han querido ocultar esta bochornosa verdad, y como cómplices de la mano detrás del bolsillo, se dieron a la tarea de culpar a los gobiernos de limitar la difusión masiva, perseguir periodistas, encarcelarlos, secuestrarlos entre otras acciones, que aunque se han dado sobre todo en los regímenes de radicales derechistas y en las democracias representativas, son acciones extremas y sumamente reprochables, no son tan comunes y rutinarios en el periodismo latinoamericano como la imposición de línea editorial sumada a la autocensura. Es por eso que desde hace muchos años dueños y periodistas han querido ocultar una realidad que demuestra su profunda inclinación comercial, una realidad dolorosa y común, pero que pasa desapercibida ante los ojos de Human Rights Watch, y de tantas otras organizaciones de defensa de los derechos, con lo que se le oculta a la opinión pública el problema real, la libertad de expresión, es una simple mercancía con la que negocian los periodistas y los dueños de los medios. Es simple, los periodistas y los medios en la práctica venden sus conciencias, unos obedecen a sus amos y estos a su vez subastan por cuotas de poder y beneficios económicos la posición del medio. Cuando esta estructura de dominación se resquebraja por la rebeldía de un comunicador social, la víctima de censura, despido, o de veto, es el periodista que se convierte en un paria sin nombre. El caso de la Poma con Luis Guillermo García es un lamentable ejemplo de esta realidad, muchos otros también se cuentan entre los periodistas despedidos, optando ahora exclusivamente a la figura de asesores comunicacionales o periodistas independientes, desterrados eternamente de los medios de comunicación.