El verdadero rostro de la oposición: los mismos ganaderos que
llevan setenta y dos asesinatos de campesinos, ahora amenazan de muerte al
dirigente agrario Braulio Álvarez. Los sicarios al servicio de sujetos como José
Luis Vetencourt, Genaro Méndez Contreras o el “presunto” Roberto Giusti intentan
sembrar el terror en el campo. Hace poco liquidaron a otros dos campesinos en
Barinas. Todos estos canallas los veremos dentro de poco luciendo las
correspondientes esposas en las muñecas, como corresponde al peor y más cobarde
los homicidas: el que carece de valor para perpetrar personalmente el crimen y
recurre al dinero para contratar forajidos. Ahora el Ejército se encargará de
imponer la ley en aquellas zonas donde los hacendados quieren seguir depredando.
Hablando de estos criminales, la oposición trajo a un
payaso llamado José Miguel Vivanco, dueño de una mampara llamada Human Right
Watch. Le costean el viaje a ese sujeto y le tiran algo para que venga a
inmiscuirse en asuntos venezolanos. Tal y como le ordenaron, el hombrecito atacó
la ley de contenidos, repitiendo los mismos argumentos de quienes le dan dinero.
Vivanco, al igual que algunas “señoras” de aquí, como Ruth Capriles o Liliana
Ortega, habla de la libertad de expresión, pero ni abren la boca para referirse
al peor atentado a los derechos humanos: el asesinato de 72 dirigentes agrarios.
Es que esos individuos sólo hablan previa cancelación de la tarifa. Vivanco es,
por decirlo sin eufemismos, un farsante, un mercenario. Por dinero hace lo que
le dicen sus arrendadores. Por eso no menciona como esos mismos dueños de
televisoras, en abril del año pasado no informaron sobre la reconquista del
poder por el Presidente legítimo y el desplome de la dictadura empresarial de
Carmona Estanga. Tampoco dijo nada de cómo el narcotraficante Caín Cisneros (por
cierto, Vivanco recibe plata de otros narcotraficantes) planificó el golpe de
Estado y en su oficina los propietarios de las televisoras armaban lo que se
informaría el 11 de abril, incluyendo el video de los militares encabezados por
Ramírez Pérez que ya hablaban de francotiradores varias horas antes del primer
disparo. Vivanco es otro de esos sujetos a escupir en el rostro.
Hablando de derechos humanos, en Colombia dos transnacionales,
Cocacola y Nestlé, están empleando nuevamente paramilitares para “negociar” el
contrato colectivo con sus trabajadores. Amenazan de muerte y asesinan a los
sindicalistas. Todo ello con la complicidad de Álvaro Uribe Vélez, cliente
habitual de los sicarios. Resulta que la viceministra de Trabajo, Stella Arango,
es la abogado de Nestlé. A Cocacola la enjuician en Estados Unidos por haber
ordenado el asesinato de más de diez dirigentes laborales. De esos temas no
habla el mercenario Vivanco.
Alfredo Peña de Otero se mueve como un pluma y reparte
dinero con ambas manos para lograr que le dejen en libertad a los policías
metropolitanos que asesinaron al menos a dos personas, Rudy Alfonso Duque y
Erasmo Sánchez en Puente Llaguno. Los sicarios de Peñita le dijeron que si no
salen rápidamente van echar el cuento de cómo él, Vivas, Simonovis y Forero,
junto a dos alcaldes del Grupo Sodoma, les encargaron los asesinatos, les dieron
armas distintas a las reglamentarias (fusiles M-15 y ametralladoras Uzi) para
que dispararan contra los chavistas que el 11 de abril se aglomeraban en los
alrededores de Miraflores. La premeditación de este crimen se evidencia en
hechos como que los PM asesinos usaran guantes para no dar positivo en las
experticias. Los Rolitos asesinos además tienen confesiones detalladas en manos
de gente de confianza, para el caso de que Peñita y los suyos intenten
asesinarlos cuando vayan a la cárcel. Cómo se ve que los conocen...
Para seguir con los mismos delincuentes, Alfredo Peña de Otero
compró un fallo de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, para que
le entreguen las patrullas que él mismo había dejado abandonadas en la aduana de
La Guaira. Por cierto, de esa corte están saliendo decisiones que harían
ruborizar hasta a Franklin Arriechi o David Morales Bello. Todo depende de que
les entreguen argumentos “de muchos pesos” o los correspondientes “impulsos
procesales para que sentencien lo que sea.
El general felón Felipe Rodríguez, alias El Cuervo,
continúa aplicando la táctica de encaratar los crímenes cometidos bajo sus
órdenes, es decir, el asesinato de tres soldados y la novia de uno de ellos,
además de los atentados terroristas contra las embajadas de España y Colombia.
Este cobarde oficial afirma ahora que fue la Disip la que cometió todos los
crímenes, a pesar de que el cabo Pedro Sifontes confesó detalladamente cómo
Rodríguez y el coronel Yucepe Piglieri le dieron las órdenes y el dinero para
esos delitos. Sifontes incluso reconstruyó los hechos, desde que apresaron a los
soldados en el Centro Comercia Bello Campo hasta que abandonaron sus cadáveres.
Andrés “viagra” Mata, dueño de El Universal, demuestra que no tiene
conciencia al prestarse para encubrir a asesinos.
En el CNE quieren redondearse el despido. Horas antes de que
llegue la nueva directiva, unos abogaditos vendieron una de sus últimas
decisiones: dijeron que es válida la pregunta de El Chimbazo, la misma que sus
colegas opositores Jorge Olavarría y Gerardo Blyde demostraron que son nulas,
sin validez, por la pésima redacción que le dieron en el bufete o tribu de Allan
Brewer Carías. Sorprende, por decir lo menos, que no hayan esperado la llegada
de las nuevas autoridades. En fin, que por dinero baila el perro.
Por seguir con abogados mercenarios, Franklin Arrieche,
capo del Grupo Valencia en el Tribunal Supremo, dijo una de las estupideces más
flagrantes de la historia judicial: los nueve magistrados adicionales que
contempla la ley del máximo tribunal costarán ¡12 mil millones de bolívares! La
cifra es sencillamente ridícula. De ser cierta, implicaría que los actuales 20
magistrados cuestan como 30 mil millones. Y pensar que ese sujeto, con menos
virilidad que Cecilia Sosa y menos conocimientos y honestidad que Otto Marín
Gómez, aspira a presidir el TSJ. Es que es insólita no sola la ignorancia de
este “honorable” magistrado, sino que se atreva a adelantar opinión sobre una
materia que posiblemente sea recurrida ante la máxima instancia judicial, lo que
le obligaría a inhibirse. Ya se sabe, si el caso llega al TSJ, Arriechi tiene
que inhibirse por haber adelanto criterio. Por individuos así es que mucha gente
piensa que la palabra tribunal viene de tribu...
60 mil kilos de pollos detectó el Indecu en Apure. Los
“empresarios” lo tenían acaparado y se negaban a venderlo incluso después de la
llegada de los funcionarios. Al final, el producto salió al mercado en camiones
de la Guardia Nacional.
Abdel Güerere se ganó el premio a la frase más cursi de
la semana. Este individuo, que viene de quebrar CMT hasta el punto que la
famiglia Petricca lo botó a patadas (eso sí, se llevó dinero a paladas
para sus efebos), afirmó que la ley de contenidos es “un disparo al alma
social...” Pero que muchacho tan ridículo. Una cursilería así no se le habría
ocurrido ni a Corina Machado, la señora ésa tan baqueteada que habla como los
sifrinos de hace tres décadas y que tiene que aguantar que la llamen mentirosa
por no mostrar las firmas de El Chimbazo.
Hablando de cursilería, Rodolfo Smichdt, antiguo periodista que
ahora vive de lo que le tira el hampa de Miami salió como un caballero andante a
romper lanzas en defensa de Ibéyise Pacheco. Smichdt por lo visto aún se derrite
por los maduros encantos de la periodista, por quien abandonó a María Eugenia
Díaz y sus cuatro hijos. El pobre Rodolfo tuvo que abrirle dos huecos al
sombrero para que pasara la cornamenta y disfrazarse de vecino, como Juan
Fernández, para que le dejaran entrar en la cama. Bueno, o en el sofá, pues
María Eugenia Díaz los sorprendió con las manos y otras cosas digamos que en la
masa en la oficina de este peculiar Quijote, que ha logrado quebrar todos los
medios por los que ha pasado. Quizá su próximo empleo sea como colgador de
paraguas y chaquetas en algún guardarropa de Miami, pues en su ramificada
caramera caben varias docenas de estos artículos.
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