Una vez más el gobierno Bolivariano de Venezuela enfrenta decisiones ambiguas, y en esta ocasión la libre expresión cuelga peligrosamente de la cuerda. En un esfuerzo por hacer que la cobertura de la prensa represente las opiniones de una sección más amplia de la sociedad venezolana, y que no sea explícitamente favorable para el gobierno o  la oposición de la clase media, legisladores del gobierno y funcionarios del gabinete están empujando una serie de leyes para regular la programación de televisión y radio.  Los críticos de las reformas argumentan que los intentos para regular el contenido de los medios solo desalentarán la calidad de la prensa y en último caso harán muy poco para permitir que los pobres de Venezuela participen en el dialogo.

Los medios de Venezuela ciertamente no se han conducido de la manera más democrática. Sus columnas de noticias, las cuales favorecen abiertamente a la oposición, frecuentemente demuestran falta de profesionalismo. Los funcionarios del gobierno tienen razones veraces para argumentar que el comportamiento actual de los medios amenaza a las instituciones democráticas. Las cuatro principales cadenas de televisión controlan al menos 85 por ciento del mercado y gran parte de sus productores se han acostumbrado a difamar al presidente Chávez, emitiendo una serie de ataques políticos, que las acciones del gobierno no siempre meritan.  En demasiadas ocasiones la crítica se centra en la persona del presidente, más no en la calidad de sus políticas públicas, y en pocas ocasiones se ofrecen políticas alternativas.  

Durante dos meses, las televisoras privadas dieron pleno apoyo a una huelga general realizada para sacar a Chávez del poder, cuyos efectos sociales fueron desestabilizadores para la democracia, mientras que las pérdidas económicas fueron catastróficas para el país.  Durante este período los medios promovieron fuertemente los llamados de los líderes de la oposición pero sistemáticamente atacabaron al presidente ignorando los acontecimientos favorables a su gobierno y las opiniones de sus partidarios.

Los funcionarios del gobierno afirman que tales acciones por parte de los medios han degradado el diálogo democrático, ya que estos han tomado un rol político, dejando de lado su responsabilidad de ofrecer información veraz. Muchos corresponcales de algunos de los periódicos más prestigiosos a nivel internacional, concuerdan en que los medios de Venezuela se han transformado en un grupo predispuesto a la defensa de la oposición.

En un clima mediático que desatiende las preocupaciones de los pobres y frecuentemente provoca la distensión, los funcionarios del gobierno enfrentan el desafío de animar un debate público participativo, contructivo y democrático.  En respuesta, ellos han propuesto leyes que rijan las estaciones de radio y televisión para que inviertan más tiempo en educar a la sociedad con programación balanceada. Una disposición por ejemplo, exige estrictas cuotas de tres horas programación diaria reservadas para la educación y otras tres de programas diarios de música nacional. 

Los peligros de supervisar la prensa

¿Pero sera que al ser asignados horarios para programación más equilibrada, los medios estaran dispuestos a enfoquarse en educar a la sociedad? De hecho, esto es visto con resistencia por los líderes de las cadenas privadas de Venezuela, quienes ven en estas propuestas una manera cínica de sofocar las críticas contra la administración de Chávez. De todas maneras, los críticos discuten que si estas leyes son aprobadas serán inefectivas para cambiar el rol combativo de los medios.  Recordando la creatividad mostrada durante la campaña de oposición anti-Chávez, no es difícil imaginar programas de televisión para niños con un tinte político y música folclórica con letras contra el proyecto “revolucionario”.  

¿Cuál será la reacción del gobiernoa a tales “trampas”? Los querellantes federales ciertamente  estaran dispuestos a llevar a las estaciones de televisión y radio a la corte donde discutirian una serie de definiciones nebulosas sobre que es “cultural” y “educativo”. Esto dejaría que el sistema judicial a veces corrupto y ciertamente ineficaz de Venezuela, determine la correcta definición de lo que es una programación “socialmente responsable”. 

Las reglas para regular el contenido de los medios mantendrían a los juzgados ocupados pero no haran mucho para fomentar el periodismo investigativo ni  los puntos de vista alternativos. Otra ley propuesta penalizaría a los productores y periodistas que inciten el irrespeto a funcionarios públicos. Esto puede conducir a abusos contra la libertad de expresión en un país donde en el ultimo año los observadores internacionales han reportado un alarmante número de incidentes de intimidación e impunidad en contra de periodistas. La ley puede atentar contra periodistas que de buena fe, investigan actividades dudosas del gobierno, al darle al poder a los funcionarios publicos de obstaculizar su trabajo llevandolos a las cortes.  Tales repercusiones definitivamente perjudicaran el dialogo sobre los problemas politicos, economicos y sociales del pais.

Una modesta propuesta

En vez de controlar el contenido de los medios, el gobierno haría más por la democratización de la opinión pública enfocándose en reformas que den a los pobres la oportunidad de crear sus propias vias de expresion. Las preocupaciones sociales y económicas afectando a los barrios y áreas rurales de Venezuela, son pasadas por alto por las grandes cadenas que tienden a favorecer los intereses de su audiencia de clase media. El canal de televisión operado por el gobierno tampoco hace mucho para expresar preocupaciones ya que en forma rutinaria se dedica a promover la agenda del partido de Chávez, elogiando sus virtudes con una sobre dosis de promocion política.

Los pobres de Venezuela podrán empezar a adueñarse del diálogo democrático a través de la creación de estaciones de radio populares. Aunque estas no competirán con la numerosa audiencia de las grandes cadenas privadas,  comenzarán a marcar un impacto positivo en las comunidades pobres al difundir sus problemas diarios y presentar una amplia gama de opiniones políticas.

Cabe reconocer que algunas de las provisiones de la ley sobre la responsabilidad social en la radio y televisión hacen un esfuerzo por promover los medios comunitarios.  Uno de estas exige el establecimiento de un instituto nacional para radio y televisión que podría proveer entrenamiento y soporte técnico a productores independientes.

Pero las reformas para lograr la proliferación de medios populares deben llegar más lejos lo más antes posible. No solo es una necesidad urgente, pero tambien es políticamente factible. Proveyendo a la población con medios alternativos de información,  los medios comunitarios pueden ayudar a neutralizar las preocupaciones de monopolización de los medios, que en parte motivan los esfuerzos del gobierno para regular el contenido de los medios. Un gobierno que se siente menos presionado por los medios ciertamente beneficiará a las estaciones de televisión privadas, que en muchos casos han incitado a hostilidades a través de su cobertura de los hechos. Sería sabio que ellos ayuden a fundar los medios populares como una muestra de reconciliación y compromiso con el auténtico desarrollo de la libre expresión.

Más importante aún, la democracia participativa se beneficiará con iniciativas concretas para financiar medios independientes, las cuales fomentaran el interes del electorado por las políticas publicas al transmir los problemas diarios de los ciudadanos humildes, promover la participación en reuniones comunitarias y fomentar diálogo entre los rivales políticos locales. 

¿Pero, cómo fundar los medios populares? Estos deben ser libres de la manipulación financiera de sectores del gobierno o de élites corporativas ansiosas por convertirlos en franquicias políticas. Es una tarea que el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales deben emprender conjuntamente como una oportunidad unica. Las ventajas de darle a los pobres las herramientas para participar en un debate democrático, durarán mucho mas que cualquier reforma destinada a poner reglas a la libertad de expresión.

Este anáalisis fue escrito por Manuel Rueda. Un analista politico en el Council on Hemispheric Affairs, instituto de investigaciones politicas de Latino America, basado en Washington, DC Estados Unidos.  Puede contactar al autor a manuel@ybiz.net.  Contactenos a la siguiente direccion: Council on Hemispheric Affairs, 1775 M St NW, Suite 1010 Washington DC, Tel 202-2169261, www.coha.org