En Catatumbo los relámpagos que se ven son de las armas largas de los sicarios pagados por ganaderos. 450 familias exigen justicia y justicia social. La impunidad no amilana el deseo de trabajar unas tierras incultas y ociosas que lo único que mantienen son a hombres armados en el Fundo San Miguel, propiedad de Contreras Barboza.

En septiembre asesinan a dos líderes campesinos y hasta hoy no hay ni un solo detenido ni una sola hectárea democratizada. La credibilidad del INTI no tiene nada que envidiarle a la de la Fiscalía.

En Caracas se encuentran los familiares de Armando García, asesinado de nueve disparos delante de su familia. No encuentran ninguna respuesta y exigen hablar con el Presidente Chávez. Ellos hacen esfuerzos por sobrevivir. El pasado lunes fueron visitados por 6 sujetos con pasamontañas y temen que al regresar los asesinen. No tienen ningún tipo de protección. Cuando acuden a la Guardia Nacional o la Disip pasa lo que en otrora. La diferencia es que –por lo menos hasta ahora- no son ellos los detenidos. Pero como sea, no son hombres libres, no tienen tierra.

Al igual que en 1960, los campesinos venezolanos creen en una Ley. La Reforma Agraria repartió grandes lotes, a los invasores con dos apellidos se les legalizó, al igual que en tiempo de la colonia. Ahora los campesinos se organizan porque además de la Ley de Tierras creen en la Constitución. Los líderes campesinos lo están pagando con sangre y sus familias con terror.

Los que vivimos en Caracas, que a lo mejor y con surte logramos comer plátanos producidos por ellos exigimos que la Guardia Nacional proteja más a los campesinos y menos a los ganaderos. Exigimos que la Fiscalía acuse a los asesinos de Armando García, muerto el 19 de septiembre de 2002.