El desarrollo como proceso integral de ampliación de oportunidades para individuos, grupos y comunidades territorialmente organizadas de pequeña y mediana escala, así como la movilización completa de sus capacidades y recursos para un beneficio común en términos económicos, sociales y políticos, precisa la creación de impulsos en las áreas menos desarrolladas. Esto requiere la generación de factores endógenos de cambio, a través del conocimiento científico y tecnológico para que contribuyan a una mayor equidad y mayor dinámica de desarrollo.

El conocimiento, la tecnología, sus prácticas, difusión, seguidas por la evaluación son indispensables para contribuir a la conquista y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los(as) trabajadores(as) urbanos(as) y rurales; aumentar la productividad y la competitividad de los sectores sociales con miras a asegurar una mejor calidad bajo principios solidarios; mejorar la capacidad y efectividad de las políticas de desarrollo social, haciendo énfasis en garantizar la participación a sus beneficiarios.

Es así que la ejecución del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, bajo el lema Ciencia y Tecnología para la Gente, permitirá en su primera etapa el arranque coordinado de las acciones de gobierno, aglutinando y direccionando los recursos y programas del Ministerio y sus entes adscritos en función de cuatro líneas fundamentales: Investigación y Desarrollo para la calidad de vida, Generación de conocimiento y Fomento del Capital Humano, Fomento de la Calidad e Innovación Productiva, Fortalecimiento y Articulación de Redes de Cooperación Científica e Innovación Tecnológica.

Coincidente con esta línea de acción, en el marco del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, fue creado en el año 2000 el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, ente ejecutor en investigación y prestación de servicios especializados orientados a generar y validar los conocimientos y tecnologías demandados por las cadenas agroalimentarias prioritarias de la nación.

Las políticas para el sector agrícola contenidas en el Plan Nacional Agrícola y de la Alimentación apuntan a rescatar y relanzar la base productiva del país, dentro del marco definido por estrategias que permitirán adaptarse a la realidad existente signada por los mercados globalizados. De esta manera, se orienta a promover el desarrollo competitivo del sector agrícola nacional, a fin de garantizar la Seguridad Alimentaria, bajo el nuevo modelo de desarrollo integral, sustentable y equitativo.

A nivel regional, las Unidades Ejecutoras del INIA buscan fortalecer la sintonía de la innovación tecnológica con los productos y servicios generados por las necesidades del entorno, aumentando la pertinencia en investigación, la productividad interna en el uso de los recursos y fortaleciendo los procesos de descentralización y desconcentración.

En este sentido, el INIA impulsa varias obras en distintos estados del país, entre las cuales se encuentran mejoras nutricionales y sanitarias para la ganadería en Anzoategui; alternativas para el desarrollo de comunidades en Apure; generación y validación de tecnología para la producción frutícola en Barinas; perfeccionamiento y sustentabilidad del cultivo de zábila en Falcón; evaluación de los requerimientos alimenticios en peces con potencial de cultivo en Guárico; estudios de los sistemas de producción agropecuaria en comunidades de varios municipios de Lara; generación, validación y difusión de tecnología para la sostenibilidad de la producción del café en Mérida; estudios de la producción y calidad de los cítricos en Barlovento, estado Miranda; estrategias para el manejo de plantaciones de palma aceitera en Monagas; mejoras en el cultivo de la caña de azúcar en Portuguesa; control de la calidad sanitaria de algunos recursos pesqueros en Sucre; desarrollo sostenible de la cadena productiva del café en Táchira; manejo sustentable de los suelos agrícolas en Yaracuy; manejo integral de los sistemas de producción frutícola en Zulia; aumento en la productividad del mango y el aguacate y estudio para el mejoramiento de la productividad porcina en Aragua, Carabobo y Cojedes, entre muchas otras obras.

De esta manera, a través del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, se dan pasos firmes para garantizar el mandato constitucional fundamentado “... en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad.

El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.” Artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.