La primera y obligada precisión –sin alarmas exageradas- es que hoy corremos algún riesgo de empezar a vivir –querámoslo o no, pues no depende de nuestra voluntad- verdaderos tiempos de guerra. Tiempos de un conflicto que puede ir abandonando su usual y convencionalmente baja intensidad, para ir alcanzando la alta intensidad propia de una guerra dura.

En efecto, no es posible evadir la implacable realidad: actualmente asistimos a una intensa y peligrosa escalada en una contienda que jamás ha dejado de librarse, en una lucha que en buenas cuentas para nosotros los venezolanos no tiene nada de nueva, pues no viene a significar más que la continuidad de un arduo combate que de ordinario se ha limitado al campo político, diplomático y cultural, pero que no hemos dejado nunca de sostener con conciencia, empeño y éxito variables, desde que decidimos existir como nación independiente. Hablamos de la vieja y tenaz lucha en defensa de la plena integridad de nuestro territorio, por el disfrute de nuestra soberanía y la seguridad de nuestra población, por el aprovechamiento de nuestras riquezas para progresar y satisfacer el bien común, por la apropiación del fruto de nuestro trabajo, por el derecho a disponer de nuestros asuntos y de nuestros recursos, por el derecho a resolver nuestras pugnas internas sin injerencias extranjeras, por el derecho a discutir, concebir y ejecutar nosotros mismos –en el marco de nuestras leyes y de nuestros valores, y en atención a nuestra historia y a nuestras tradiciones- las políticas públicas más justas y las que más nos convengan en todos los ordenes de la vida.

Resistencia a la dominación, guerra cultural y guerra dura

Ciertamente se trata, como ya dijimos, de un ancestral y obligatorio desafío. El territorio y las riquezas de los debilitados países que surgieron de las guerras de independencia fueron naturalmente apetecidos por todos los grandes poderes de la época. Contra esta debilidad fundacional intentó precaverse Bolívar, precisamente en el momento en que fuera abandonado por los inevitables y sempiternos aliados y servidores nativos de los poderes mundiales, que en aquella época eran representados sobre todo por los intereses ingleses y, todavía embrionariamente, norteamericanos.

Vivimos así, desde nuestro nacimiento como países independientes, efectivamente expuestos a renovados intentos de dominación por la voluntad de nuevos actores. Intentos que a veces se consumaron de manera acabada y abierta y otras en forma más moderada y sutil, pero que en definitiva desembocaron en una indiscutible supremacía que siempre se valió de las mismas armas: vigilancia, control y castigo político, diplomático y económico –sobre todo mediante el empleo de una retórica de consenso, de agresivos tratados y de amenazas más o menos veladas -, así como de un completo surtido de dispositivos psicológicos y culturales –los usuales procedimientos del engaño, la manipulación, la distracción y la simulación- muy útiles para los dominadores en supuestos tiempos de paz (pero que más nos vale entender como de intensa guerra cultural con episodios de represión militar): instigación al olvido, al menosprecio - o a la adulteración- de nuestra historia, nuestra cultura y nuestras instituciones y tradiciones sociales, económicas, religiosas, militares y jurídicas, promoción del culto supersticioso a la superioridad foránea e incitación a la vergüenza étnica de los latinoamericanos, arrogancia y displicencia, burla e invitación al autoescarnio, discriminación, negación y exclusión, división artificial de la población por medio de alianzas y franquicias de poder concertadas con ciertos grupos sociales, políticos y económicos, intentos ocasionales de desestabilización política e incitación a separatismos y a conflictos internos regionales y raciales (e incluso a conflictos internacionales), chantajes y sobornos, corrupción planificada de las élites empresariales y políticas, penetración y control de los estamentos militares y policiales, monopolio de los procesos informativos y de cultura de masas, administración de la dependencia tecnológica, influencia extrema sobre la vida académica y artística y tantos otros trucos y formas de dominación que muchas veces han sido objeto de estudio detallado y esclarecedor.

Pero en el momento en que estos recursos habituales se han vuelto insuficientes o han perdido eficacia al ser oportunamente desenmascarados, se ha acudido entonces también sin vacilaciones a la violencia física, a la represión, al asesinato, al sabotaje y al terror, a los bloqueos y a las intervenciones militares abiertas o encubiertas, a las bombas y al fuego de metralla, a la guerra irregular usualmente sostenida con ayuda de partidarios nacionales –desde periodistas provocadores hasta grupos paramilitares, pasando por políticos ambiciosos y dirigentes gremiales corruptos- subyugados, engañados, comprados, o incluso amenazados, conscientes o inconscientes de su complicidad. Las eventuales acciones militares duras suelen exigir, por supuesto, un calentamiento o preparación y un acompañamiento propagandístico que corre por cuenta de los operadores de la guerra psicológica –agentes políticos y económicos, funcionarios de toda laya, académicos y señores de la prensa, así como sus empleados complacientes- los cuales entonces intensifican y especializan sus acciones rutinarias de intriga, desinformación, distracción e intoxicación informativa y temática, orientándolas hacia el logro del objetivo militar más inmediato.

Intensificación de una guerra permanente

Lo primero, entonces, es saber con claridad, sin ningún género de dudas y sin ninguna relativización de la verdad, que somos desde hace mucho tiempo un país sobradamente agobiado por fuerzas foráneas en vastas zonas de nuestra vida social, y por lo tanto un país sometido a un esfuerzo deliberado de conflicto permanente cuya intensidad y modalidades varían de acuerdo a las necesidades de los que se proponen establecer o prolongar una situación de dominio.

En segundo lugar, deberíamos también tener presente que, con todo, nunca antes como ahora se había intentado llevar tan lejos el dominio extranjero. Nunca se había realizado un esfuerzo tan premeditado ni sistemático, tan prolongado e intenso, para despojarnos completamente de nuestra soberanía y de nuestros recursos con toda suerte de engaños y maniobras y con tanto grado de complicidad interna.

Esta inusual intensificación de lo que podríamos entender perfectamente como una guerra permanente empezó en verdad hace algunas décadas y fue aumentando luego en forma gradual –casualmente a partir del fin de la llamada guerra fría- a medida que la situación económica y financiera de las grandes potencias y de sus empresas y organismos financieros se fue deteriorando también en forma creciente y progresiva.

Pero no solo la conciencia del debilitamiento económico por parte de las potencias dominantes ha sido causa de la renovada y violenta arremetida contra nosotros. También juega un papel importante el hecho de que el mundo occidental – en especial el anglosajón- haya sido conquistado poco a poco por una ideología exaltada y ultraconservadora de todos conocida, hasta el punto de que hoy se encuentre al mando del estado más poderoso de la tierra un grupo de belicosos conjurados que practican abiertamente una de las variantes más agresivas de tal ideología.

Por añadidura, este grupo de fervorosos doctrinarios –entre los que se cuentan algunos fundamentalistas religiosos- están convencidos de que disponen de dos poderosos instrumentos que otorgan una superioridad abrumadora y una posición absolutamente invencible: por una parte, una tecnología militar que supuestamente garantiza la posibilidad de librar relampagueantes guerras de ocupación con máxima eficacia y pocas bajas, y por la otra, y en forma complementaria, una refinadísima tecnología de comunicación –basada en la electrónica, pero también en un conocimiento avanzado de las ciencias del lenguaje, y en un entrenamiento intenso en practicas normalmente prohibidas de las artes negras del marketing, de la propaganda comercial, del espectáculo y de la seducción narrativa - que les permite programar y controlar mentes y emociones y construir versiones eficaces de la realidad apropiadas a las necesidades de la guerra, para el consumo de millones de personas en sus propios países y en todo el mundo. Todo ello facilitado por la actual concentración monopólica de la llamada industria cultural, la cual administra y tutela hasta un grado abusivo - y obviamente antidemocrático- no sólo la información, sino también el entretenimiento y la cultura más accesible al grueso de la población mundial.

Por lo pronto, es la conciencia de poseer esta parafernalia tecnológica tanto para la guerra dura como para su natural refuerzo - la guerra psicológica- junto a una conciencia no menos aguda de su irremediable declive económico - el cual pretenden revertir por medio del saqueo inmediato y completo de las naciones más débiles, vulnerando asimismo los intereses de las otras potencias económicas mundiales- lo que ha terminado por llevar al mundo a una verdadera guerra abierta cuyos horrores ahora empezamos a presenciar o a sufrir.

Preparativos bélicos en América Latina

Una vez cumplido el esfuerzo de contemplar resueltamente esta terrible realidad, y puesto el dedo en esta horrenda llaga de la guerra dura, que hasta el momento se va resolviendo en una serie de asaltos innobles, bárbaros y despojados de escrúpulos, en los que todo parece permitirse -Yugoslavia, Afganistán, Iraq- así como en amenazas de otras operaciones inmediatas de la misma o superior envergadura (sin descartar el empleo de armas nucleares) –Siria, Irán, Corea del Norte-, no podemos meter la proverbial cabeza de avestruz en la arena y simular no ver lo que pasa en esta otra parte del mundo, en lo que se refiere a preparativos militares por parte de la única superpotencia que ahora queda. Se trata de hechos bien ciertos que, como es de esperarse, lamentablemente no constituyen puntos de mayor interés para las informaciones diarias, ni tampoco ameritan mayores explicaciones por parte de nuestros comentaristas, expertos y analistas internacionales (salvo conocidas y honrosas excepciones): nos referimos al establecimiento y/o fortalecimiento de numerosas bases militares norteamericanas en diversos puntos de América Latina -Aruba, Curazao, Manta (Ecuador), Alcántara (Brasil)-, al incremento de ejercicios militares conjuntos con ejércitos latinoamericanos, nominalmente con el objeto de prepararse para enfrentar el narcotráfico o el terrorismo en lugares clave, como la llamada triple frontera argentino-brasileña-paraguaya, pero, sobre todo, a la creciente presencia - aun incipiente pero con vocación de rápido y flexible crecimiento- de numerosos asesores y efectivos militares y de inteligencia en nuestro hermano y vecino país, en el marco del llamado Plan Colombia. Un plan, como se sabe, dotado de abundantes fondos, que incluye por supuesto el suministro de armas y equipos, y cuyo objetivo explícito ha sido hasta ahora el combate al narcotráfico, aunque poco a poco ha ido solapando sus acciones con las del combate a los grupos insurgentes que operan en el campo colombiano por lo menos desde hace cincuenta años, si es que podemos obviar una tradición de violencia que hunde sus raíces profundas en el mismo siglo XIX.

Efectos en el debate político venezolano: la oposición en los tiempos de guerra

Así las cosas, sin exageradas alarmas (digamos que todavía con la alarma amarilla, tal vez pasando a naranja), se hace necesario de inmediato examinar con la necesaria serenidad, pero con toda decisión, algunas importantes consecuencias que tal estado de cosas va trayendo inexorablemente a la intimidad de nuestra vida política.

Ante todo, intentemos enfrentar el hecho de que en el marco de una guerra indudable –que, como ya apuntamos, parece cobrar la forma de una serie de asedios y asaltos militares cada vez más extendidos, insensatos y de alcances inciertos- va a ser también más problemático –no para las autoridades gubernamentales, ni para los chavistas, ni para los antichavistas, sino para la generalidad de los venezolanos- entender hasta que punto ciertas acciones que surgen en el contexto de la lucha política venezolana responden a intereses o propósitos políticos incuestionablemente legítimos (a pesar de que puedan ser adelantadas por personas o grupos que hayan cedido en el pasado a las tentaciones golpistas más elementales).

En principio, es práctica razonable y universal –aun cuando en Venezuela hayamos sido excesivamente imprudentes en este punto- que aun en tiempos de paz ciertas materias no sean debatidas sino con cierta confidencialidad a fin de no perjudicar los intereses nacionales. En tiempos de guerra, tal limitación suele extenderse al máximo sin necesidad de legislaciones especiales, en atención al obvio riesgo de desmoralizar o dividir la resistencia interna, o de revelar secretos militares al enemigo. También es verdad que muchos gobiernos tradicionalmente se ven tentados a apelar sin buenas razones a necesidades de seguridad nacional con el propósito de evadir el escrutinio y la crítica, pero lo que ahora nos proponemos precisamente es propiciar una abierta y prudente discusión e intentar avanzar –también con la mayor franqueza- hacia el necesario consenso tácito o explícito de alcance nacional al cuál habría eventualmente que arribar para distinguir claramente el límite entre información calificada, crítica leal y firme oposición, por una parte, y franca ayuda a un enemigo, afortunadamente todavía hipotético, por la otra.

La situación se hace particularmente delicada si tomamos en cuenta el hecho notorio de que en el pasado reciente ciertos elementos violentos y antidemocráticos abusaron de la libertad de expresión y la convirtieron en un peligroso instrumento para incitar a la violencia y al odio.

Pero mucho más allá de la actitud, la voluntad o los deseos del gobierno o de los factores políticos que lo apoyan, o del grueso de la población que se encuentra identificada con el liderazgo y la política del presidente, no es aventurado imaginar que en la no completamente inconcebible perspectiva de un conflicto externo, resultaría embarazoso para la opinión pública más amplia, libre e imparcial, interpretar ciertas opiniones y posiciones simplemente como actuaciones que al fin y al cabo surgen en el amplio marco aceptado de la lucha política venezolana, y que sólo persiguen objetivos nacionales, apegados en último análisis a los intereses de la nación y alejados de cualquier disposición que ponga en riesgo la seguridad e integridad de la misma ante la acción agresiva de potencias y fuerzas extranjeras. Las incidencias de las últimas discusiones públicas, intervenciones y publicaciones periodísticas a propósito de los señalamientos y acusaciones adelantadas por diversos funcionarios colombianos –en circunstancias en que se despliega una evidente campaña de deliberado calentamiento de la opinión pública, del mismo tipo de las que siempre se han implementado para preparar incursiones militares o paramilitares de inspiración extraña (recordemos, por Dios, tantos casos y no nos engañemos: ya no se trata de excesos de imaginación), nos autorizan a plantear la pregunta quemante e inevitable: ¿Cuál es el límite a partir del cual deben considerarse ciertas acciones como francas deslealtades a los intereses nacionales?

Porque es indudable que tal límite existe, no importa cuan intenso sea el deseo de muchos por librarse de Chávez, y no importa cuan convencidos estén de las supuestas tendencias castrocomunistas o totalitarias del gobierno.

Un asunto inquietante y un debate necesario: la unidad frente a la agresión externa

No se trata por cierto de un problema fácil o que deba atenderse de una manera superficial o dejándonos llevar por la pasión cotidiana de la lucha política. Muy lejos nos encontramos de recomendar cacerías de brujas o persecuciones y señalamientos contra ciudadanos, dirigentes políticos o comunicadores sociales. Aparte de advertir la presencia de uno que otro agente notorio, aun en los peores momentos y ante los peores excesos, no podemos en rigor incurrir en temerarios ataques preventivos o juicios de intención (tan en boga en estos días terribles) y permitirnos dudar de la fundamental lealtad venezolana de los principales actores de la lucha política venezolana de hoy. Pero aun cuando somos conscientes de que podamos suscitar acusaciones iracundas de “totalitarismo” o de intolerancia, o de estar recomendando la limitación de libertades fundamentales y constitucionales, y también conscientes de que nos encontramos convocando los consabidos sarcasmos y acusaciones de traficar con fantasías y exageraciones impropias, no podemos permitirnos escamotear la necesidad perentoria de distinguir –bajo pena de correr riesgos mortales en medio de una guerra implacable, librada por adversarios inescrupulosos y decididos- cuáles acciones obedecen a las intenciones de una quinta columna consciente y cuáles a una legítima lucha opositora, no importa cuan enérgica sea su actitud o su empeño en producir un cambio tan rápido como sea posible en la orientación política del país.

No creemos, por último, que se trate de un problema que deba ser abordado en el contexto de la disputa política habitual. Por el contrario, pareciera un asunto delicado que deliberadamente y por consenso de las partes debiera sacarse cuidadosamente de tal debate. Un problema cuya resolución va a necesitar de la responsabilidad, del profundo sentido patriótico, de la lucidez, de la capacidad de acción y de la buena voluntad de todos. Sirvan estas líneas para llamar la atención sobre el tema y para alentar a desentrañarlo con sumo cuidado y equilibrio, en procura de la necesaria unidad nacional con la que deberíamos enfrentar, si fuere el caso, la fortuita circunstancia de un abierto conflicto cuya ocurrencia –insistimos- aunque por ahora luce afortunadamente lejana e improbable, no podemos darnos el lujo de ignorar o minimizar, bajo estricto riesgo de supervivencia nacional.

Colectivo Intervenciones