Tal día como hoy, el 11 de abril de 2002, hubo un Golpe de Estado en Venezuela. Fue un golpe fraguado por la oligarquía nacional, los grandes grupos empresariales representados por FEDECAMARAS, los viejos partidos de la IV República –desplazados del poder- y sus herederos políticos de nuevo cuño, ONGs y organizaciones civiles elitescas, la cúpula sindical podrida y ultraburocratizada de la CTV, los grandes medios de comunicación privados y sectores militares contrarrevolucionarios. Fue un golpe dirigido contra el proceso revolucionario que protagoniza el pueblo venezolano; proceso que colocó en el poder al gobierno bolivariano del Presidente Chávez y en cuyo curso el pueblo viene ampliando sus conquistas democráticas y sociales, recuperando el ejercicio de la soberanía popular y el ejercicio de la soberanía del país. Los golpistas –expresión de los intereses de las transnacionales en Venezuela- tuvieron el auspicio o visto bueno de potencias imperiales dominantes que hoy protagonizan la agresión colonialista contra el pueblo de Iraq.

El golpe se ejecutó con una operación perversa, que combinó la manipulación mediática, el sabotaje económico e institucional, la movilización masiva y bajo engaño de sectores de las clases medias y capas sociales privilegiadas, el terrorismo y el complot militar. En el guión de esa operación golpista estaban: Por un lado, el desvío deliberado de la marcha opositora que debía culminar en Chuao, para llevarla hasta Miraflores, con la demanda de renuncia de Chávez. Por otro lado, la macabra intervención de francotiradores y de las policías municipales vinculadas a Alfredo Peña, Leopoldo López y Enrique Capriles Radionski, alcaldes golpistas del Área Metropolitana de Caracas.

Producto de esta maquinación infernal y como resultado de la resistencia que opusieron manifestantes revolucionarios y luchadores populares que se congregaron para bloquear algunas rutas de acceso a Miraflores, cayeron en diversos puntos del centro de Caracas, varios ciudadanos, en su gran mayoría compatriotas defensores de la revolución y de la Constitución Bolivariana, víctimas de balas asesinas, disparadas por la avanzadilla contrarrevolucionaria y armada de los golpistas. Como resultado del caos generado por el asalto golpista, también se produjeron víctimas entre manifestantes opositores que fueron llevados a las cercanías de ese escenario por los conspiradores, sugestionados por la descabellada idea de que se movilizaban “pacíficamente” contra un gobierno “dictatorial”, con una imagen virtual fabricada en los estudios de las televisoras.

La mayoría de los asesinados ese día, fueron alcanzados por el fuego mortal de la PM y los francotiradores en la Av. Baralt. Entre los fallecidos se encontraban Cesar Matías Ochoa, Jorge Tortoza, José Alejandro Ibarra, Luis Alberto Caro, José Alexis González Revette, Josefina Rengifo, Nelson Zambrano, Pedro José Linares, Ruddy Alfonso Urbano Duque, Yersser Rodríguez... También, Ricardo Campos, Erasmo Sánchez, Luis Alberto Coba ,...

Hubo decenas de heridos, muchos de ellos de gravedad o que salvaron su vida, pero quedaron afectados por severas lesiones y secuelas orgánicas. Entre los heridos -muchos de ellos integrantes de ASOVIC hoy en día junto con sus familiares y los de los fallecidos- se encontraban: Jesús Giacopini, Edgar Márquez, Adrian Linares, Luis González, Tonny Velásquez, Manuel Chirimos, Rubén Márquez, Enrique Pérez, Manuel Graterol, Andrés Lezama, Jairo Morán, Juan Ramos, José Coba, José Guerrero, Rafael Peña, Edgar Velásquez, Gisela Espinoza, José Luís Recito, Yesenia Fuentes, José Sojo, Gabriel Sáez, Miguel Vargas, Jacinto Medina, Dicson Mejía, Carlos Somoza, Freddy Pérez, Robinson Durán, Francisco Abad, Miguel Zacarías, Juan Acosta, Luís Castro, Juan Linares, Daniel Tridiño, Enrique Hernández, José Rey, Wilman Perez Milvida Campos, Leonel villasmil, Carolina Campos, Wilmer Pereira, Hugo Rodríguez...

Funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas, bajo la responsabilidad del Alcalde Mayor Alfredo Peña, del Secretario de Seguridad de esa alcaldía (Iván Simonovis) y del Director de la policía, Comisario Henry Vivas, estuvieron involucrados en la masacre, en conjunción con francotiradores apostados en conocidos hoteles con ángulo de tiro hacia la zona.

En vista de que no habían logrado penetrar en Miraflores por Puente República ni por los accesos aledaños al Liceo Fermín Toro, bloqueados en esos flancos por la Guardia Nacional, trataron de hacerlo subiendo por la Av. Baralt con rumbo norte, abriendo camino con los blindados y funcionarios policiales dirigidos por el golpismo, y fue por ello que arremetieron contra los manifestantes bolivarianos, constitucionalistas, revolucionarios y antigolpistas que cerraban el paso en la zona de Puente Llaguno, adonde los manifestantes de la oposición realmente no llegaron jamás.

La acción criminal fue planificada y realizada para actuar como escudo y dar paso a grupos violentos, de vanguardia, que venían más atrás de los policías y se anticipaban a la marcha antigubernamental. La marcha opositora, desviada de su ruta original y conducida por la coalición golpista, pretendía asaltar y ocupar el Palacio de Gobierno (Miraflores). Esta sería la máscara encubridora de un golpe militar, impulsado por los sectores disidentes y contrarrevolucionarios de la Fuerza Armada Nacional. Así querían disimular, con un barniz de “sociedad civil” movilizada, la acción golpista que se había orquestado.

Por otra parte, y al mismo tiempo, los francotiradores mercenarios de la conspiración, buscaban unos muertos que achacar a Chávez, para justificar el pronunciamiento militar que depondría al presidente. Contaron con la cobertura publicitaria de un montaje psico-terrorista, planificado con dueños de los principales medios de comunicación privados y pensado para presentarle a la sociedad una falsa “realidad”, manipulando, de manera perversa, los sentimientos y opiniones de la población.

Los Defensores de Puente Llaguno, que respondieron al fuego de la PM y de los francotiradores para cubrir a los manifestantes constitucionalistas, bolivarianos y revolucionarios y para posibilitar la evacuación de los heridos que iban dejando la PM y los francotiradores, fueron mostrados de manera falsa, injuriosa y maliciosa por las televisoras privadas, como si fueran los causantes de los muertos y heridos en sus propias filas, y nunca se mostró en las pantallas quiénes estaban del otro lado: Los verdaderos asesinos la PM.

Tanto las víctimas como los Defensores de Puente Llaguno jugaron un importantísimo papel como parte de la resistencia al golpe del 11 de abril, cuyos ejecutores volverían a mostrar las garras criminales del fascismo durante su corta pero sanguinaria dictadura carmoníaca, que se mantuvo durante los días 12 y 13, gente de los heridos y familiares que lograron volver a ponerse de pie, nuevamente estuvieron presente. . . y en el transcurso del levantamiento popular que recuperó la democracia en las jornadas del 13 y 14 del mismo mes.

El golpe logró un triunfo momentáneo, al derrocar al gobierno legítimo y constitucional del Presidente Hugo Chávez Frías, para establecer el brevísimo pero altamente represivo gobierno de facto, de corte fascista. El autoproclamado “Presidente” Carmona, decretó la disolución de todos los poderes públicos y se colocó completamente al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la anuencia de muchos de los que hoy tienen el descaro de hablar y seguir proclamándose como “demócratas”. Pero este pasaje siniestro y funesto terminó el 13 de abril, con las masas en la calle reclamando la liberación de Chávez, con el pueblo jubiloso y los soldados leales, protagonizando una insurrección cívico-militar, que dio al traste con este capítulo del proyecto contrarrevolucionario y antidemocrático de la derecha y del imperialismo en Venezuela.

La verdad comenzó a revelarse y ha venido emergiendo ante el conjunto de los venezolanos y ante el mundo, venciendo la trampa y la mentira mediática, las barreras atravesadas en el laberinto institucional de un Estado, muchas de cuyas instituciones se encuentran confiscadas por la oligarquía conspiradora y por los resortes del dinero. El propio sistema Judicial llegó al exabrupto de convalidar la tesis encubridora del golpe, bajo la coartada del “vacío de poder”, absolvió a los militares golpistas del delito de “rebelión” y, en coincidencia con fichas de la conspiración enquistadas en la Fiscalía, ha mantenido una escandalosa impunidad, acusó y secuestró a los Defensores de Puente Llaguno, que aún se encuentran incriminados por haber defendido las vidas de sus compatriotas frente a los agresores, por haber defendido la Constitución Bolivariana contra el fascismo.

A un año de la masacre perpetrada por el golpismo, los tribunales no han enjuiciado a los verdaderos asesinos, señalados e identificados por heridos y testigos presenciales, acompañantes de las víctimas en el momento mismo en que fue vertida su sangre. Las complicidades, la hipocresía y los enredos leguleyos, la negligencia y la omisión, la corrupción y el compromiso con los intereses del capital, han venido generando retrasos y fabricando una impunidad espantosa, vergonzosa e inadmisible.

Esto ha ocurrido así porque el golpismo, aunque sufrió una tremenda derrota en abril de 2002, como volvió a ocurrir con el paro-sabotaje-terrorista de diciembre de ese mismo año y en enero del presente, no fue aplastado definitivamente. Se beneficiaron de la clemencia, del perdón, de una tolerancia no democrática y de las impunidades propiciadas, bien por la falta de determinación revolucionaria o por la acción de los reductos de la conspiración, dentro de los intestinos de un Estado, que aún pervive bajo las fórmulas y rezagos del viejo régimen mantuano y “puntofijista” reemplazado por la Constitución Bolivariana. Impera todavía una “justicia de clase” y un “control de clase” del estrato social dominante sobre aparatos claves del andamiaje institucional, que coloca en cárceles para presos comunes a los luchadores populares y da “casa por cárcel” a los dirigentes golpistas de la oligarquía, para luego liberarlos o facilitarles un “exilio dorado”.

Han sido inumerables las trabas a la justicia, interpuestas desde el propio Poder Judicial y Público, y la única palanca que realmente nos ha permitido avanzar en medio de tantas dificultades, ha sido nuestro tesón, la organización y la movilización de las masas populares y de los trabajadores, dispuestos a luchar por las conquistas de este proceso y por la profundización de la revolución. Las víctimas del 11 al 14 de abril, con sus lesiones y sufrimientos a cuestas, han seguido presentes en cada concentración, movilización antigolpista o contingencia que se ha presentado, dispuestas a jugar el mismo rol, con la convicción de que cualquier nueva intentona como la del 11 podrá ser derrotada, una vez más, como lo hicimos el 13 de abril.

El ejercicio de acciones judiciales, por sí solo, sin el concurso primordial de la movilización y sin el apoyo de la solidaridad internacional no es suficiente; sin la movilización popular no es posible acabar con la impunidad. El verdadero sentido de justicia reside en el pueblo y el Poder Judicial, penetrado por las ramificaciones contrarrevolucionarias y fiel a su “clase”, nunca hará verdaderamente justicia, a menos que sea presionado por la movilización de masas, porque tenemos una justicia “escuálida” que debe ser reemplazada, presionada o contrarrestada por la justicia popular de las masas populares movilizadas en la calle, como vía para garantizar realmente los derechos constitucionales de los pobres, del gran pueblo que lucha por su plena emancipación.

Por consiguiente, uno de los imperativos más urgentes es la depuración del Sistema Judicial, la remoción y sustitución de los jueces, la participación popular en su designación y el fortalecimiento de las garantías de los ciudadanos indefensos frente a las triquiñuelas y las maniobras de los poderosos. Tenemos que movilizarnos masivamente para demostrarles nuestra inconformidad con su proceder y forzar los caminos para que se haga realidad y no simple papel la justicia. En función de ello estamos conformando colectivas de vigilantes y promotores de la Constitución y la defensa de los Derechos Humanos.

Otra de las grandes tareas, visto el rol desempeñado por los medios de desinformación psico-terroristas, su campaña mentirosa y difamante frente a las víctimas del 11 de abril y los Defensores de Puente Llaguno, es luchar por la aplicación de sanciones muy severas, incluido el cierre de los medios privados que han estado y siguen estando al servicio de la oligarquía golpista. No puede haber verdad, ni libertad de expresión y de información, sin control social sobre unos medios pervertidos, que en lugar de servir a la sociedad, excluyen y privan al pueblo llano y se brindan como instrumento para la opresión. Por el contrario, contribuyen al engaño colectivo, al aturdimiento, manipulación, desquiciamiento y zozobra del público. Son forjadores de una deformada conciencia fascista, impregnada de prejuicios y odios. Son instrumentos exclusivos de una elite, que amparada en el monopolio de la propiedad, abusa de su propia y malentendida libertad de expresión, pero se cierra herméticamente al ejercicio de nuestra libertad de expresión (la del pueblo) y actúa como un obstáculo absoluto contra ella.

Los medios de comunicación privados existentes en Venezuela le deben un derecho de réplica infinito a las arrinconadas y silenciadas víctimas del 11 de abril; así como a todo ese pueblo que se alzó en defensa del gobierno bolivariano y de la Constitución el 13 de abril. Ellos crearon víctimas y victimarios falsos y artificiales a su conveniencia. Le deben un derecho de réplica infinito e infinitas compensaciones a los Defensores de Puente Llaguno, calificados malévolamente como “pistoleros” por los altavoces de los pistoleros golpistas. Nos deben a todos, mucho más tiempo de radio y televisión, mucho más centrimetraje en los periódicos, que el que le dieron a los que desviaron la marcha del 11 para cumplir su cometido, que el que le dieron Carmona y sus cómplices de ayer y de hoy. Nos deben todo el tiempo y espacio de cobertura que ofrecen para que siga la conspiración contrarrevolucionaria. Ni hablar de las reparaciones morales y económicas. Exijimos, no una migaja en las pantallas y en las columnas de prensa, lucharemos para recuperar todo ese tiempo y ese espacio, para que sea distribuido en función del pueblo y sus organizaciones de base, para desmontar las infamias de las que también somos víctimas, además de ser víctimas de las balas de los que han acaparado su papel y sus micrófonos.

Por otro lado, debemos alertar y lamentar que, pese al cariño y a la cálida solidaridad popular, a las alocuciones y llamados del Presidente, al apoyo de algunos organismos oficiales y civiles, a la hermandad demostrada por el pueblo Cubano, que nos abrió sus brazos para proporcionar atención terapéutica a varios compatriotas lisiados; hay todavía numerosas víctimas del 11, 12, 13 y 14 de abril que no cuentan con adecuada asistencia médica, que no tienen cómo comprar costosos productos farmacéuticos y curas o que no disponen de los recursos económicos para costear operaciones quirúrgicas costosas y delicadas o para sostener a sus familias.

Para todos nosotros, exigimos el respeto y respaldo incondicional, determinante, concreto, práctico, amplio y generoso, que merecemos por parte todas las instituciones, organismos y funcionarios del Estado, de los centros de salud y del Seguro Social, de los parlamentarios y dirigentes de las grandes organizaciones políticas del campo revolucionario y constitucionalista. El Estado y la sociedad deben responder por aquellos que pusieron en juego sus vidas con el afán de recuperar las libertades y el sendero de transformación social y política revolucionaria que trataron de arrebatarnos las fuerzas de la reacción un día como hoy. Defender a las víctimas del 11 de abril es luchar contra la conspiración de la derecha oligárquica y defender el proceso revolucionario. Es parte esencial del programa de lucha del movimiento popular, del movimiento obrero, del movimiento bolivariano y revolucionario, de los verdaderos demócratas. Es obligante e ineludible para el gobierno y para todos los comprometidos con el proceso.

Finalmente, proclamamos que la paz social es imposible sobre la base de la negociación, la amnistía, el perdón o impunidad para los golpistas y sus crímenes. Hemos logrado recuperar terreno y continuamos dando pasos adelante, pero la única vía para la paz con justicia, es la firmeza en la vigencia de los derechos democráticos del pueblo y su defensa frente a los que los mancillan o amenazan. La única vía para la paz con justicia, por consiguiente, es el avance, profundización y consolidación del proceso revolucionario. Cualquier otro camino supondría una traición y una descomunal injusticia contra el pueblo y sus esperanzas, y como parte de él, contra las víctimas del 11, 12, 13 y 14 de abril. Que cuente el pueblo con nuestra experiencia, coraje y ejemplo, para continuar la lucha por el camino acertado y, sin duda alguna… Si vuelven como el 11, volveremos a encontrarnos en Puente Llaguno y . . . no lo olviden, saldremos como el 13. Somos torrente de la misma sangre y fruto de la misma estirpe de los mártires del 27 de Febrero, de Yumare, Cantaura, El Amparo y tantos otros luchadores sociales que se sacrificaron en pro de la igualdad y la justicia social, de los más altos ideales del sueño de la “Patria Bonita”. El futuro es nuestro.