La experiencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, indica que la íntima conexión entre un medio de comunicación y determinados grupos económicos con particulares intereses en el sector financiero, es una fuente segura de manipulación de la información financiera. Póngase en un mortero un dueño de una Casa de Bolsa, una empresa de calificación de riesgo bancario, un pequeño banco, un directivo de diario, un escribidor de editoriales tendenciosos y un periodista medianamente informado y obtendrá sin duda un cóctel letal. Añada una pizca de “compromiso político” y el resultado puede ser explosivo. Como en oportunidades anteriores hemos esperado con paciencia a que los detonadores de bombas de humo saquen todo su arsenal, para de nuevo informar sobre la realidad del problema. En este caso se trata de los mecanismos de colocación de la deuda pública interna y de las cifras correspondientes al año 2002, tema que en días recientes ha sido tratado de forma sesgada, incorrecta e inconsistente por parte de uno de estos grupos de interés, articulado en torno a un diario. Veamos los puntos planteados.

EL TAMAÑO DE LA DEUDA PUBLICA

A pesar de que durante todo el año 2002 se pronosticaba con furia que el Fisco no iba a poder cubrir sus necesidades de financiamiento en el mercado interno, con igual frenesí se ha afirmado que “el Ministerio de Finanzas ha recurrido a un incremento explosivo de las colocaciones de bonos públicos, con el resultado de que sin tomar en cuenta las Letras del Tesoro, la deuda interna muestra un salto de 436% al incrementarse de 2,5 billones en 1999 a 13,4 billones en 2002” (El Universal, VS, 20-3-03).

Esta expresión revela, por una parte, la necesidad de un cursillo acerca de los efectos de la inflación sobre las magnitudes macroeconómicas, pues medido en dólares corrientes la deuda interna de la República pasa de $ 5.479 MM en 1999 a $ 10.978 MM, bastante lejos del 483% de incremento. Pero por otra parte ignora deliberadamente que un análisis correcto de la solvencia intertemporal del Estado, de la posición patrimonial neta del sector público, debe contemplar la deuda del BCV con el público que entre 1994 y 1998 tuvo un saldo promedio de $ 4.534 MM, debido a los TEM. Visto así, la deuda interna total, medida en dólares corrientes, sólo crece 29,9% entre 1998 y 2002.

Si se considera además que la deuda externa se reduce en poco más de mil millones de dólares entre esos años, bajando a un saldo de $ 22.593 MM en 2002, el resultado final es que la deuda pública total, tanto externa como interna (incluyendo la del BCV), medida en dólares corrientes, apenas se incrementa 5% entre 1998 y 2002, cerrando en $ 33. 413 MM, mientras que como porcentaje del PIB esta comparación arroja apenas un incremento de 1,3 %.

Que el saldo total de la deuda pública sea de 33% del PIB es un resultado que se compara de forma favorable tanto con las economías de nuestro entorno como con grandes países desarrollados. En estos años lo que ha ocurrido es una recomposición del saldo de la deuda. En 1998 el 85% de la deuda era de origen externo y 15% interno, participación que se altera a 66% externo y 33% interno. Que esta recomposición es discutible, por supuesto, como puede ser discutible cualquier estrategia financiera, pero lo que no es correcto es engañar al lector haciéndole creer que el problema central de las finanzas públicas en Venezuela es el tamaño de la deuda total o el crecimiento “explosivo” de la deuda interna.

Eso no aguanta ni un ligero análisis. Si hay un problema en materia de deuda, este se refiere al tamaño del servicio y a la concentración de vencimientos entre 2002 y 2004 de una deuda externa que fue contratada, renegociada, reconocida (la privada y la pública) y redocumentada mucho antes de 1999, en episodios bien conocidos y en algunos casos muy lamentables que ocurrieron en los años setenta, ochenta y noventa, muchos de cuyos conspicuos autores y su no menos conspicuos herederos se solazan en las pantallas de TV y en las páginas de los periódicos dictando cátedra en asuntos fiscales, como si nadie se acordara de ellos.

COLOCACION PRIMARIA DE VALORES PUBLICOS EN EL 2002

La manipulación de cifras se extiende al monto y a la modalidad de las colocaciones de títulos públicos en el año 2002. Se afirma que en bonos DPN se ha colocado Bs. 8,3 billones y que tan sólo Bs. 0,5 billones (es decir apenas el 6%) se colocaron mediante subasta, para así fabricar toda una atmósfera de oscuridad en los procesos de colocación de la deuda interna, a la que sólo faltaría agregar la banda sonora de Nosferatu. El detalle está en que estas cifras son deliberadamente incorrectas y buscan simplemente el efecto cohete de un titular o un editorial escandaloso.

En el año 2002 se colocaron valores públicos por un total de Bs. 13,1 billones, tanto en bonos DPN como en Letras del Tesoro, que al restarle la amortización y rescate de títulos arroja el flujo neto de variación de la deuda pública en el año. De ese total Bs. 6,5 billones se colocaron mediante procesos de subasta, prácticamente 50% del total, es decir casi 10 veces más de lo que afirman los gestores de la desinformación.

¿Por qué entonces la diferencia? Porque se manipula el indicador, primero excluyendo las Letras del Tesoro, que de forma sistemática se subastan cada semana y que sirven de referencia para la colocación mediante dación en pago o adjudicación directa (“macabros” términos que vamos a explicar más adelante) y segundo porque se excluye nada más y nada menos que la mayor subasta de bonos DPN que se haya hecho en Venezuela, mediante los canjes realizados en noviembre y diciembre de 2002. En esto no hay ni el menor cuidado por la rigurosidad. Lo publicado no coincide con los registros existentes tanto en el BCV como con los datos expuestos en la Memoria y Cuenta 2002 del Ministerio de Finanzas. Así por ejemplo, se pone al periodista a afirmar que el monto colocado en Bonos DPN a través del Programa de Reordenamiento de la Deuda Interna fue de Bs. 2,7 billones, cuando la cifra real fue de Bs. 3,2 billones. Al parecer deliberadamente sólo cuantifica las dos subastas iniciales (22 y 27 de noviembre) y no considera la subasta del 3 de diciembre del 2002 o quizás ese día estuviese pendiente de otros temas.

Por tanto, es falso que el monto colocado en Bonos DPN mediante el mecanismo de subasta en el 2002 haya sido apenas de Bs. 0,5 billones. A la luz de lo señalado, esa cifra contiene un grave error metodológico porque el monto de Bonos DPN colocado mediante canje fue a través de subastas voluntarias y transparentes, administradas por el BCV. Ese sólo hecho ya modifica significativamente los números y, obviamente, la apreciación de los lectores, considerando que se colocaron Bs. 3,2 billones mediante este mecanismo.

Adicionalmente, sea por mala intención o por desconocimiento, se dejan de lado las cifras de colocación de Letras del Tesoro, que constituyen un instrumento de financiamiento público interno de corto plazo. Como es correcto, financiera y metodológicamente, si se considera el monto colocado de Letras del Tesoro a través de subastas, la colocación de Títulos Públicos (Bonos más Letras) durante el año 2002 alcanzó un 49% del total de títulos colocados. Cuando se ignora o se esconde esta cifra se comete un grave error que desinforma a los lectores y a los mercados. Una cifra lleva a la otra y un error lleva al otro. Por tanto, no es cierto que Fisco haya colocado, el 94% de la deuda pública interna a través de los mecanismos de dación en pago y adjudicación directa, como se sostiene en esta campaña. El Gobierno Nacional, condicionado por fuertes restricciones fiscales y sesgos en el mercado que bloquearon durante buena parte del año 2002 el acceso al crédito interno y externo, y con el fin de cumplir sus obligaciones presupuestarias y legales, colocó títulos valores mediante el mecanismo de dación por un 32,5% respecto al total de títulos colocado, mientras que colocó mediante el mecanismo de adjudicación directa por un 18,7% respecto al total de títulos colocado en el año.

En estos casos los precios asignados a los títulos colocados fuera de subasta se alinearon de forma consistente con los precios de mercado y fueron fijados de acuerdo a los precios de referencia del mercado primario, y de no existir referencias claras en el momento, del mercado secundario a través de las pantallas del BCV. Esta práctica establece que para la determinación del precio y/o rendimiento de las operaciones de adjudicación directa y dación en pago, se toma como referencia la información de precio y/o rendimiento en los mercados primario y/o secundario de títulos valores públicos, comparables en términos de plazos, en las semanas previas a la colocación.

Al respecto hay cifras y argumentos muy importantes que han sido obviadas, con lo cual se transmite una perspectiva equivocada y sesgada del problema. Se ignora que los entes financieros públicos como Bancos, Banap, Bandes, Fides y Fogade, no participan en las subastas, para evitar precisamente que debido a los grandes volúmenes de fondos que manejan, puedan afectar la formación de precios en el mercado de títulos públicos, por lo cual los bonos les son adjudicados directamente a partir de los resultados obtenidos en las subastas. Se pasa por alto que los pagos de pasivos laborales mediante bonos deben realizarse fuera del mecanismo de subasta. Así como las asignaciones a otros entes públicos, para financiar obras y proyectos de inversión nacionales, regionales y locales, tampoco pueden realizarse por subasta. Lo mismo ocurre con los títulos que se aplican para cancelar en parte los impuestos de ley, tales como los bonos adjudicados directamente para cumplir con transferencias fiscales a grandes empresas públicas exportadoras. La dación en pago es un procedimiento absolutamente legal, que por su naturaleza y finalidad no puede manejarse con subastas y que se ha aplicado alineando los precios a las condiciones del mercado.

Finalmente, tengamos presente que durante todo el año 2002 se presentaron perturbaciones diversas que afectaron el mercado de valores públicos. Aquella gente que difundió durante todo el año que “la banca no quería prestarle al Gobierno” es la misma que repetía que “el Gobierno estaba empapelando a la Banca”. Este despropósito informativo, caracterizado por un manejo poco riguroso de cifras, que desinforma y pretende confundir a la opinión pública y a los mercados, parece haber entrado en un nuevo capítulo en el año 2003.

(*) Ministro de Finanzas

Comentarios o preguntas: boletin_finanzas@mf.gov.ve