Como universitarios, es nuestro deber fijar posición frente al reciente dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. La Justicia es, como la Academia, esencia de toda civilización. Sobre ella se apoyan la libertad, la seguridad, la dignidad y el trabajo.

El 11 abril del 2002 se produjo un golpe de Estado. Este es un hecho demostrado, más allá de toda duda razonable, ante los venezolanos y frente el mundo. Es evidente que los golpistas forman parte de una de las dos posturas que dominan la actividad política en nuestro país. Pero no les correspondía a los magistrados juzgar políticamente. Su deber, frente a los venezolanos de uno u otro bando, era ser imparciales. No sólo debían expresar el parecer, juicio o dictamen para hacer justicia, debieron impartirla en forma clara e irrefutable, como corresponde a la magnitud de la responsabilidad que les fue confiada.

La disciplina civil que nos impone la Constitución nos obliga a acatar esta decisión. Pero a su vez, nos obliga a repudiar el agravio que once magistrados han inflingido a los venezolanos, a nuestra esperanza de construir una Nación digna.

Exhortamos a todos los sectores del pueblo venezolano a reflexionar, en calma, sobre las consecuencias de esta decisión. Exhortamos también a expresar, frente al mundo y ante nosotros mismos, que la misma no se corresponde con el sentido de justicia de los venezolanos. En concreto, sugerimos las siguientes acciones:

• Que la Asamblea Nacional y el Consejo Moral Republicano comiencen de inmediato las investigaciones que permitan establecer si en el proceso que llevó a este dictamen pueden establecerse, dentro del marco de la Ley, faltas éticas, administrativas o penales.



• Que se declare de prioridad absoluta la depuración del poder judicial, fuera del alcance de la influencia corruptora de grupos económicos y mafias políticas.



• Que se organicen actos de desagravio al pueblo venezolano.



• Que se discuta en las aulas de escuelas, liceos e instituciones de Educación Superior, la necesidad de que la acción pública se circunscriba a los principios elementales de la ética.



• Que el gobierno nacional asuma, en la práctica, una política de firme intolerancia ante la corrupción de cuello blanco.



• Que los órganos de difusión, públicos y privados, sean puestos al servicio de un amplio debate sobre los vicios que han postrado a la administración de justicia en nuestro país.



• Que la Iglesia católica, responsable del bienestar espiritual de buena parte de nuestro pueblo, cumpla con su deber de guía ética, al margen de compromisos económicos y políticos.