La República Bolivariana de Venezuela y Colombia no sólo coinciden en el fortunio de haber tenido un mismo Libertador, sino, también, coinciden en el infortunio de tener una oligarquía asesina, corrupta y vendida, propietaria de medios de desinformación y manipulación. Y, por ende, cada nación tuvo su 27 de febrero para nunca olvidar.

Era el 27 de febrero de 1989 en Caracas. Miles y miles de habitantes, de las colinas que la rodean, sumergidas por muchos años en la más completa miseria, bajaban a tomarse la gran ciudad y a expropiar lo que, por derecho propio, les pertenecía: un sustento digno para satisfacer sus necesidades básicas, ya que el Gobierno, en cabeza de Carlos Andrés Pérez y obedeciendo las infames directrices del Fondo Monetario Internacional, se las había arrebatado, mediante el desmonte de los subsidios a los productos de la canasta familiar y un alza desproporcionada del transporte (de 2 a 3 bolívares). A las 4 de la tarde, el Gobierno suspende todas las garantías civiles y decreta el toque de queda en todo el territorio nacional. Sin mediar ningún respeto a los miles de ciudadanos, especialmente mujeres, niños y ancianos, inermes, el ejército comienza a disparar. Las gentes corrían de un lado a otro, heridos y cadáveres quedaban en medio de las calles. Ni siquiera el que esas humildes personas levantaran en sus manos un trozo de carne o un poco de leche, fue óbice para detener la sangrienta carnicería. ¡Más de 3 mil muertos! No hubo condena de la OEA; no hubo “países amigos”; el Papa no se preocupó, los medios de desinformación y manipulación desvituaron la cifras y lo sucedido, haciendo lo suyo. El mundo entero no se pronunció contra la masacre. “¡La democracia se había salvado!”, celebraban los victimarios.

El 27 de febrero de 1998, en Medellín, que es la capital del departamento de Antioquia, en la vecina Colombia, era asesinado el Defensor de Derechos Humanos y profesor universitario, Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité Permanente para los Derechos Humanos. Este hombre sencillo, poseedor de una irrenunciable vocación hacia los más humildes, había puesto contra la pared al entonces gobernador de Antioquia –hoy presidente de Colombia- Alvaro Uribe Vélez y al ejército de Colombia. Los testimonios de los labriegos de su natal Ituango, denunciaban que paramilitares y ejército operaban como un mismo cuerpo. Que de las unidades militares se veían entrar y salir los hombres con la cara cubierta y pernoctar allá. Que los operativos militares se suspendían justo cuando los paramilitares merodeaban el lugar. Que los paramilitares se desplazaban en vehículos del ejército. Incluso, se llegó a decir que el helicóptero de la Gobernación se prestaba para transportarlos o sacar a los heridos. ”Eso demuestra la connivencia que estoy denunciando hace casi un año y que no han querido creer el gobernador de Antioquia (Alvaro Uribe Vélez) y el Comandante de la IV Brigada (general Carlos Alberto Ospina Ovalle)", aseguró en una de sus últimas apariciones, el valiente Valle Jaramillo.

"Desde el año pasado le pedí al gobernador Alvaro Uribe, y al comandante de la IV Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población civil de mi pueblo (Ituango), porque de septiembre a hoy han muerto más de 150 personas”, "Lo dicho está sustentado en informaciones serias y por eso me atrevo a denunciar”. “(…) Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo. Lo hago porque han muerto muchos paisanos, de manera injusta, en plena plaza pública y todo en silencio. Porque hay que decir la verdad, cueste lo que cueste”, imploraba desconsolado Jesús María.

Pero Uribe tiene una característica muy propia de la oligarquía colombiana y venezolana: el autismo. Las masacres continuaron en la más oprobiosa impunidad, y ya no sólo eran en Ituango sino en toda Colombia. El crimen de Jesús María Valle Jaramillo está impune. Uribe Vélez es presidente de Colombia y el general Ospina comanda una de las Brigadas del “Plan Colombia”. Y al campesino, al indígena, al luchador popular, al estudiante, al educador, al sindicalista, al comunista y al defensor de derechos humanos, lo siguen asesinando. “Para salvar la democracia”, dirán los de siempre.

* Human Rights Defender. Scholar Rescue Fund Recipient of Scholar Rescue Fund. Research Professor Latin American and Iberian Institute of The University of New Mexico. Member of the group "The Inmarcesibles" Colombia Section of Latin American Studies Association, LASA. Member of Cuba Section of LASA. Analyst of Public Opinion. Professor and Specialist in topics of Torture and Forced Disappearance, Human Rights, International Humanitarian Law and the International Criminal Court.