Documento suscrito en la Mesa por el Gobierno y la Coordinadora Democrática

Declaración contra la violencia, por la paz y la democracia en Venezuela

Convencidos de nuestras elevadas responsabilidades en este momento histórico y conscientes también de la profunda vocación democrática del pueblo venezolano, que por ello ama la paz y desea la reconciliación, rechaza las opciones contrarias a la Constitución y abraza la democracia, las delegaciones que en esta Mesa representan al gobierno nacional y los sectores políticos y sociales que lo respaldan, y, a la Coordinadora Democrática que agrupa a la oposición, hemos decidido suscribir en forma conjunta la presente Declaración contra la violencia, por la paz y la democracia en Venezuela.

Con ella esperamos dejar meridianamente clara nuestra convicción de que el pueblo venezolano tiene una inquebrantable voluntad para fortalecer sus valores esenciales como sociedad organizada, amenazados por un clima de confrontación y conflicto que debe detenerse. Esperamos con esta declaración contribuir significativamete en el afianzamiento de un clima de entendimiento entre todos los venezolanos. Por lo anterior:

1. Rechazamos la intemperancia verbal, las recriminaciones mutuas, el lenguaje hiriente y cualquier retórica que de cualquier manera contribuya o estimule la confrontación. Proponemos el uso de un lenguaje de respeto mutuo, de tolerancia, de consideración por las ideas ajenas, de supremo aprecio por la vida y sus valores esenciales y especialmente por la dignidad cuya preminencia ha sido consustancial al pueblo venezolano.

En consecuencia, hacemos un llamado directo e inmediato a todos los actores políticos y sociales para que den su efectivo aporte dirigido al restablecimiento de un clima de paz y sosiego en todo el país, mediante la pronta moderación del tono, el estilo y contenido de sus expresiones. Ello es absolutamente necesario para que el país tenga la convivencia democrática que todos requerimos y deseamos.

2. De manera enfática manifestamos que la violencia, en cualquiera de sus expresiones o modalidades, practíquela quien la practique y cualquiera que sea el origen, es absolutamente injustificable y por ello condenable. De allí que emplacemos a todas las autoridades y organismos administrativos y jurisdiccionales competentes a actuar sin contemplaciones para investigar y sancionar la pérdida de vidas humanas, o las lesiones a estas dirigidas, así como cualesquiera otros hechos de violencia y en general, demandamos que se exija respeto para la Constitución y las leyes de la República.

En este mismo sentido exhortamos a la Asamblea Nacional para que mediante la sanción de la ley que corresponde y con los mecanismos que en ella se prevén ponga en funcionamiento de la Comisión de la Verdad para el logro de los propósitos antes enunciados, tomando en consideración los aportes que en este sentido produzca la Mesa de Negociación y Acuerdos.

3. Rechazamos categóricamente que manifestaciones de violencia e intolerancia, así como expresiones que signifiquen agravio u ofensa puedan ser forma de dirimir diferencias políticas. Por ello nos comprometemos a colocar todo nuestro esfuerzo en crear condiciones que permitan fortalecer y consolidar un clima de paz y tolerancia en el cual se resuelvan las divergencias por medios pacíficos y democráticos.

4. Hacemos un llamado al pueblo venezolano para que todos observemos conductas que se enmarquen en los principios y normas que sustentan los derechos humanos y su efectivo respeto, de esta forma debe cesarse y proscribirse toda actitud directa o indirecta de agresión, amenaza, hostigamiento o violencia que en cualquier forma quebrante o impida el libre ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que comprometen a Venezuela

5. Exhortamos a todas las iglesias e instituciones religiosas, a los gremios profesionales, sindicatos, partidos políticos, organizaciones similares de la sociedad a promover acciones y emitir mensajes destinados a exaltar los valores democráticos y los principios de paz, tolerancia y convivencia y a condenar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. En la medida en que tales acciones y mensajes se hagan del público conocimiento y esas organizaciones conforme a sus propios procedimientos continúen asumiendo un papel activo para la realización de los propósitos que los originan, se estará dando un aporte de gran importancia para el mantenimiento y el funcionamiento de la paz y la democracia en nuestro país.

6. En esta campaña por la paz y la democracia y contra la violencia y la intolerancia, los medios de comunicación social públicos y privados, juegan un papel de fundamental trascendencia mediante la emisión de programas y mensajes que promuevan la paz, la tolerancia y la convivencia. Las partes ene esta Mesa, ratifican el total respeto a la vigencia efectiva de los derechos constitucionales a la liberta de expresión y de información conforme a los principios que el texto magno establece en sus artículos 57 y 58. En este sentido, tanto las actividades que realicen los medios de comunicación, públicos y privados, como las expresiones que a través de ellos se viertan, así como las actividades que se dirijan a establecer cualquier responsabilidad que de tales actividades o expresiones se derivan, deben enmarcarse estrictamente en la constitución y en las leyes, de forma que no signifiquen limitaciones indebidas en el ejercicio de tales derechos.

Las parte ratifican su convencimiento respecto a que los medios de comunicación social públicos y privados, son indispensables para el cabal ejercicio de los fundamentales derechos antes mencionados, todo dentro del marco delos deberes y derechos fijados por la constitución y las leyes para todos los ciudadanos.

7. Asumimos el compromiso de mantener y perfeccionar un enlace permanente entre los factores políticos y sociales que apoyan al gobierno de la República y los que están representados en la Coordinadora Democrática. Ello nos permitirá ejercer una acción sostenida que se dirija al cumplimiento efectivo de los contenidos de la presente declaración y a evitar todos los hechos que pudieran lesionarla y fuesen capaces de acarrear consecuencias lamentables.

El trabajo que hemos iniciado en ese sentido desde esta Mesa de Negociación y Acuerdos nos comprometemos a mantenerlo y mejorarlo.

8. Expresamos que en el curso de los próximos días dedicaremos nuestro esfuerzo a trabajar y desarrollar temas conexos al fundamental que se contiene en la presente declaración, como lo son el que se refiere a la Comisión de la Verdad y el del desarme de la población civil. Estos son compromisos que las partes adquirieron ante las comunidades nacional e internacional, particularmente ante el pueblo de Venezuela en la Declaración de Principios por la Paz y la Democracia en Venezuela y en la llamada Síntesis Operativa que regla las deliberaciones y decisiones de esta Mesa. Ratificamos nuestro reconocimiento, en nombre de todo el país, al valioso aporte proporcionado por el facilitador, doctor César Gaviria y el grupo de trabajo tripartito integrado por la OEA, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro Carter en la seguridad de alcanzar prontos y nuevos acuerdos en temas de tanta importancia.

Esta declaración la formulamos de buena fe con el propósito de crear en el marco de la vigencia plena de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las leyes el clima más propicio para solucionar nuestras diferencias en forma democrática y soberana.


Caracas, 18 de febrero de 2003

Por el gobierno:

José Vicente Rangel, vicepresidente de la República.

Nicolás Maduro, diputado a la Asamblea Nacional.

María Cristina Iglesias, ministra del Trabajo.

Roy Chadertton Matos

Ronald Blanco La Cruz

Aristóbulo Istúriz, ministro de educación.

Omar Meza Ramírez, asesor


Por la Coordinadora Democrática:

Manuel Cova, secretario general de la CTV

Rafael Alfozo, presidente de Cavidea.

Eduardo Lapi

Américo Martín

Timoteo Zambrano

Juan Manuel Rafalli, asesor

Alejandro Armas



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